La Audiencia Provincial de Cádiz vuelve a juzgar el caso Quality Food

Cádiz, 3 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Cádiz volverá a juzgar desde mañana el caso Quality Food, que investiga una presunta estafa a la Zona Franca de Cádiz, después de que el Tribunal Supremo ordenara repetir el juicio por considerar que no se había respetado el principio de legítima defensa del principal condenado, el empresario gaditano Manuel García Gallardo.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han confirmado a EFE que el juicio está previsto que se celebre en 10 sesiones desde mañana hasta el 19 de abril en la sección tercera de la Audiencia Provincial y analizará la causa contra tres de los seis acusados inicialmente, ya que los absueltos en el primer juicio no tendrán que sentarse de nuevo en el banquillo.

La Audiencia Provincial de Cádiz había condenado en marzo de 2018 a Manuel García Gallardo a diez años de prisión por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental por haber engañado a la Zona Franca con su proyecto de empresa de platos preparados que se instaló dentro del recinto fiscal a principios de este siglo, cuando entonces era delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, del PP.

En esa sentencia se condenaba también a la madre de Manuel García Gallardo, y al director de un banco, y se absolvía a Miguel Osuna, su jefe de gabinete y un abogado para los que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el PSOE, que ejercía acusación particular, pedían hasta 10 años de cárcel.

García Gallardo recurrió y el Supremo le dio la razón en 2022 cuando en una sentencia de 71 folios atendió la casación presentada por el empresario y ordenó la "retroacción de las actuaciones sobre los condenados", es decir, obligó a repetir el juicio con un tribunal diferente para garantizar "la equidad".

Una razón fundamental para repetir el juicio fue que la Audiencia Provincial no admitió como prueba un informe pericial de la auditora KPMG sobre el valor de las acciones de la empresa, lo que, según el Supremo, "supuso una merma de las opciones de defensa y la imposibilidad de acreditar lo contrario a lo que se desprendía de otra pericial con otra auditora".

"Se identifican, por tanto, claros indicadores de inequidad en el desarrollo del juicio oral por una injustificada lesión de los intereses defensivos de los recurrentes", aseguraba en su fallo judicial el alto tribunal.

La resolución definitiva de este juicio es clave para los intereses económicos de la Zona Franca porque de ella depende la ejecución de una sentencia por la vía civil que dio la razón hace ya 15 años al empresario gaditano en otro juicio sobre la valoración de las acciones de Quality Food que el Consorcio fiscal gaditano adquirió en 2003.

La sentencia obligaba a la Zona Franca a pagar una cantidad que, por los intereses de demora, según el empresario, se eleva ya a más de 33 millones de euros, pero está condicionada a la resolución en firme de la vía penal, que es la que se dirime en el juicio que comienza mañana en la Audiencia Provincial de Cádiz.

Si García Gallardo es condenado, la Zona Franca no tendrá que pagar ese dinero, pero si el empresario es absuelto, el Consorcio tendrá que desembolsarle esa cantidad. EFE

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