Funcionarios de Justicia retoman las manifestaciones para pedir a Bolaños que aplique "una subida salarial justa"

Los funcionarios de la Administración de Justicia han anunciado que volverán a manifestarse esta semana para exigir al titular del Ministerio, Félix Bolaños, la negociación de la reforma de la Justicia y los tribunales de instancia así como "una subida salarial justa". A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) han convocado una protesta para este miércoles a las 15.30 horas coincidiendo con la inauguración del "Foro de la Transformación Digital de la Justicia" al que acudirá el ministro. Un día después, el jueves, se concentrarán ante el Ministerio a las 12.00 horas coincidiendo con la reunión de la mesa sectorial. Los funcionarios exigen "la negociación de la reforma de la Justicia y los tribunales de instancia (proyecto de ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia), que llega al parlamento sin contar con el consenso sindical" así como que se "aplique una subida salarial justa para el conjunto de la plantilla de funcionarios del Estado". "De momento (el Ministerio) sólo está dispuesto a negociar una mejora para el ámbito no transferido", critican. En esta línea, desde CSIF apuntan que el Ministerio y las comunidades autónomas "deben asumir su responsabilidad dentro del marco de la cogobernanza, que no sólo debe estar prevista para repartir fondos europeos para la compra de ordenadores sino también para atender a las necesidades organizativas". Así, instan a Justicia a prestar atención a los "cambios en las funciones y reconocimiento del papel fundamental del personal de justicia en todo este proceso al igual que ya se ha reconocido a letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales con subidas salariales más que notables". "ABSURDO Y DAÑINO" En este contexto, los funcionarios critican el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, un texto que "no se basa en un análisis real de la situación de la Justicia ni del propio sentido y función de este servicio público esencial pues parte de la base de que la justicia es una especie de fábrica de coches, de cadena de producción". "Algo que cualquiera que haya estado en un Juzgado se da cuenta de que es absurdo y dañino para la prestación del servicio público", añaden. Ese proyecto, indican, no "ataja, sino que confirma y agrava el problema de los cuellos de botella funcionales y del rancio corporativismo en las oficinas judiciales que es uno de los principales problemas de la Justicia". Además, inciden, "excluye y margina al personal de Justicia del diseño, implantación y organización de la oficina judicial mientras pone especial cuidado en la participación de otros colectivos profesionales". Consideran asimismo que éste "se salta a la torera la obligación de negociar las relaciones de puestos de trabajo y de los procesos de acoplamiento". "En definitiva, supone la renuncia expresa del Ministerio a dotar a la Justicia de medios materiales y personales suficientes a costa del bolsillo de los ciudadanos que pagarán una justicia más cara y el abandono de su responsabilidad en la gestión del servicio público de forma sostenible aprovechando el potencial del personal de Justicia y apoyándose en un corporativismo rancio propio del siglo XIX que reparte competencias de forma nominal y no material", concluyen. EL ORIGEN DEL CONFLICTO Cabe recordar que el conflicto colectivo con el Ministerio arrancó el año pasado, cuando los funcionarios realizaron paros parciales y totales entre los meses de abril y julio para reclamar una subida salarial en línea con la que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), de unos 400 euros al mes. Los propios funcionarios paralizaron sus reivindicaciones en junio ante el adelanto electoral y a la espera de la constitución del nuevo Gobierno, pero retomaron las mismas a finales de 2023 tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Fuentes cercanas a la negociación precisaron a Europa Press que varios sindicatos han considerado insuficiente los avances dados hasta ahora, toda vez que el pasado mes de febrero el Ministerio presentó una propuesta en la que no incluyó cifras y que afectaría solo a las comunidades autónomas en las que Justicia tiene competencias; es decir, a 13.000 de los 45.000 funcionarios. Según dichas fuentes, este punto representa una "fuerte" discrepancia entre los sindicatos y el Ministerio, dado que los representantes sindicales persiguen una subida salarial para todo el personal de la Administración de Justicia.