(Actualiza la EC1068 con más datos)
Madrid, 11 mar (EFECOM).- La patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, denuncia que las concesiones solo representan el 3,4 % de la contratación, con una concurrencia media de 1,9 licitadores por contrato, un 20,5 % de procesos desiertos al ser inviables y un 2,2 % de contratos sin realizar.
Su presidente, Julián Núñez, ha lamentado que este sistema sea residual en España pese a que hay una cartera de proyectos disponible que representa 912 km de autovías y 8.000 millones de inversión inicial, a lo que se añaden las 10 concesiones de autopistas que finalizan en 2026 y que suponen una dotación presupuestaria de 300 millones/año.
Seopan cree que es necesario reabrir un debate técnico y sosegado sobre el modelo de financiación de las carreteras después de que se haya aparcado el pago por uso a partir de este año teniendo en cuenta que son necesarios 4.100 millones anuales para hacer frente a las necesidades de conservación.
Núñez señala que hay sensibilidad en las administraciones, pero ve difícil que en estos momentos pueda haber un acuerdo político al respecto.
La patronal calcula que en toda la red de autovías el umbral mínimo de inversión en seguridad, sostenibilidad y digitalización es de 10.661 millones.
Durante la rueda de prensa anual de la patronal, Núñez ha señalado además que suprimir algunos vuelos cortos, como es intención del Gobierno, podría implicar una inversión superior a 1.400 millones.
Unos fondos que se destinarían a incrementar la conectividad de los aeropuertos con enlaces ferroviarios de alta velocidad a fin de no perjudicar el servicio.
Seopan insiste en que la inflación sigue condicionando la ejecución de obra pública y limitando su concurrencia, siendo preciso restablecer en los pliegos la revisión de precios, suprimida en 2015, así como eliminar el límite revisable del 20 % del precio del contrato, que en 2023/2024 ha implicado 471 millones de costes soportados no revisables en obras del Estado.
Durante 2023, agrega la patronal, los precios de los materiales de construcción y de la energía han seguido en niveles muy superiores a los de hace tres años con subidas del 43 %, 41 % y 37 %, respectivamente, para el cemento, cobre y acero corrugado y del 207 % y 134 % para el gas y la electricidad.
Por ello, ha remitido a las instituciones una propuesta de modelo colaborativo de coste objetivo para su implementación en contratos piloto que, según sostiene, favorece el reparto de riesgos y responsabilidades; la compartición de ahorros y costes entre el sector público y privado; el cumplimiento de plazos y del presupuesto, así como la reducción de la litigiosidad.
De cara a este año, anticipa una drástica reducción de las licitaciones de obra pública tras la finalización del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que ha representado el 13,4 % de la licitación de obra civil entre 2021 y 2023.
No obstante, prevé para este año un incremento de la actividad de construcción del 4 % impulsada por la obra civil (6,8 %) y la edificación residencial de obra nueva (4 %), un sector en el que descarta que exista una burbuja y si un déficit de vivienda.
Las proyecciones de la Comisión Europea para 2024/2025 sitúan a España en la última posición del ranking inversor de la UE, ampliando la brecha con respecto a los principales competidores europeos.
Con relación a la adenda financiera del plan de recuperación, y en concreto al Fondo de Resiliencia Autonómico dotado con 20.000 millones, ve necesario prorrogar al menos 2 años el hito de ejecución para incluir nuevos proyectos y recalca la necesidad de incorporar en varios Perte la creación de infraestructura pública.
Seopan recuerda que las necesidades de inversión pública en España siguen creciendo, con un mínimo de 240.000 millones de aquí a 2030 en áreas relacionadas con la movilidad de viajeros y mercancías (112.000 millones), agua y medioambiente (64.000 millones) e infraestructura energética asociada a redes, obra civil y eficiencia energética (54.000 millones).
Además calcula que ejecutar en plazo las inversiones del Plan Hidrológico 2022-2027 requeriría triplicar hasta 2027 la licitación pública actual de infraestructuras del agua, de 2.750 a 8.100 millones de euros al año, lo que reconoce que es ya muy difícil. EFECOM
csb/sgb
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