Barcelona, 11 ene (EFE).- La expulsión de los seis mossos condenados en septiembre pasado tras admitir que golpearon y vejaron con insultos racistas a un joven negro en Manresa (Barcelona) está pendiente, cuatro meses después, de un trámite judicial, a la espera de que se notifique a la Generalitat la ejecutoria de la sentencia.
Según ha denunciado este jueves SOS Racismo, que ejerció como acusación particular en el procedimiento, la Conselleria de Interior mantiene a los seis agentes de los Mossos d'Esquadra en el cuerpo, pese a que en septiembre pasado prometió expulsarlos después de que pactasen una condena de un año de cárcel y seis meses de inhabilitación por un delito contra la integridad moral y otro de lesiones leve.
Tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona dictó "in voce" la condena el día del juicio -el 18 de septiembre de 2023-, y el pasado 21 de septiembre lo plasmó por escrito en una sentencia, que fue notificada a las partes el 22 de septiembre, según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Fuentes de Interior consultadas por EFE han asegurado que la Dirección General de la Policía, una vez reciba la notificación de la ejecutoria de los seis mossos condenados -trámite que aún no se ha completado-, procederá a su "inmediato cumplimiento" y cerrará definitivamente los expedientes disciplinarios que se les abrieron con su expulsión del cuerpo.
En este sentido, el TSJC ha aclarado que la pieza sobre la ejecutoria de la sentencia se abrirá una vez se dicte el auto de firmeza de la condena, ya que antes se tenía que notificar personalmente la resolución a todos los mossos acusados.
De hecho, la última notificación personal a uno de los acusados se llevó a cabo el pasado 15 de diciembre, según el TSJC.
SOS Racismo ha denunciado en un comunicado el "incumplimiento del compromiso" adquirido por Interior en septiembre pasado para expulsar de forma inmediata del cuerpo a estos seis agentes y la "falta de voluntad política para hacer efectivos los mecanismos previstos en la legislación para proteger a la población no blanca del racismo policial e institucional".
Según esta organización, este caso "es uno más de las múltiples trabas, dejadez y retrasos que se han ido poniendo para proteger, mantener y encubrir a los policías, revulnerabilizando la dignidad de la persona víctima y dejando desprotegidas también a todas las demás personas con las que estos agentes pudieran intervenir".
La Conselleria de Interior anunció el pasado 18 de septiembre que expulsaría del cuerpo a los seis mossos que habían reconocido que habían golpeado, escupido y amedrentado con un disparo al aire a un joven negro en Manresa (Barcelona) en enero de 2019, entre insultos racistas como "mono" o "mierda humana".
Los agentes, para quienes la Fiscalía pedía inicialmente tres años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación, pactaron con las acusaciones una sentencia de conformidad que incluía también una multa de 300 euros y una indemnización de 80.000 euros para la víctima, cantidad de la que responde la Generalitat como responsable civil subsidiaria.
Los seis mossos condenados ya hacía tiempo que tenían un expediente disciplinario abierto con medidas cautelares, puesto que se les apartó de la ARRO -unidad de la que formaban parte cuando ocurrieron los hechos- y se les dividió en varias comisarías, situación que sigue vigente cuatro meses después de la sentencia. EFE
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