El Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid ha suspendido la vista en la que tenía previsto estudiar la petición de medida cautelar de un particular de paralizar la tramitación parlamentaria de la futura ley de amnistía en el Congreso, en el marco de una demanda presentada contra los grupos parlamentarios del PSOE, Junts, ERC, Sumar, así como contra la Mesa del Congreso y la Presidencia de la Cámara Baja. En una diligencia de ordenación, recogida por Europa Press, el letrado de la Administración de Justicia suspende la vista señalada para el próximo 13 de noviembre después de que el magistrado haya emplazado a las partes para que presenten sus alegaciones sobre la posible falta de jurisdicción del propio Juzgado. La demanda que dio lugar a este procedimiento, recogida también por esta agencia de noticias, alega entre otras cuestiones una posible vulneración del derecho a la igualdad, "ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia". El firmante entiende que "la futura aprobación de dicha amnistía puede estar vulnerando" sus derechos y el "principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" recogido en la Constitución. En este sentido, recalca que "las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales, fundamentalmente, aquellas que supongan una infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley y las reglas objetivamente determinadas". A su juicio, la ley de amnistía que se negocia es "una vulneración de los derechos humanos de aquellos españoles que residan en el País Vasco o Cataluña que deberán renunciar a ser españoles si quieren seguir viviendo en dichos territorios, y de los españoles que vivimos fuera de esos territorios, ya que se verán privados de parte de su propio país". Así las cosas, la demanda asegura que aprobar esta norma "para no castigar a quienes han delinquido contra todos los españoles sería como reconocer que políticos han cometido delitos en un sistema no democrático y, por ende, que España no es una democracia, por lo que estaríamos fuera tanto del Consejo de Europa como del tratado de la Unión Europea". Y defiende que con la aprobación de la ley "se estaría dando un golpe mortal a la democracia, a la Constitución y al principio de separación de poderes".
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