Juristas piden reformas para evitar la presencia de enfermos mentales en las cárceles

Madrid, 27 oct (EFE).- El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), integrado por más de 200 catedráticos y profesores de Derecho Penal, jueces y fiscales, ha propuesto reformas legales que eviten la "sobrerepresentación de la enfermedad mental en el medio penitenciario, donde su tasa de prevalencia es cinco veces mayor que fuera".

Esta asociación ha elaborado una propuesta alternativa para un nuevo régimen penal aplicable a las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, que presentará al nuevo gobierno que se constituya definitivamente.

La misma se contiene en su último trabajo de investigación que ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Anabel Cerezo, los profesores de las universidades de Valencia y Complutense de Madrid Lucía Martínez Garay y Xabier Etxebarria y la jueza Isabel Sánchez García de Paz.

Estos expertos abogan por priorizar la atención terapéutica y asistencial con la debida seguridad, aseguran que la respuesta penal a hechos cometidos por estas personas es "excesivamente punitiva y carcelaria" y recuerdan que la Constitución obliga a tratarlas como "sujetos dotados de dignidad humana".

Por ello apuestan por "una modificación del Código Penal y de la normativa procesal y penitenciaria para acabar con la vulnerabilidad de este colectivo", que a su juicio sufren esta situación "por múltiples factores, entre ellos una deficiente regulación legal y una escasez de recursos de atención a la salud mental tanto dentro como fuera de prisión".

Los representantes del GEPC han alertado de "la desproporcionada e injustificada prevalencia de la enfermedad mental en las prisiones españolas, donde se estima que existen en entre un 4 y un 5 por ciento de casos con trastornos de este tipo graves, alrededor de 2.500 personas, porcentaje que supone más del doble de la tasa de prevalencia en la población general".

El GEPC propone mejorar la detección de los trastornos mentales en el proceso judicial y la defensa jurídica de las personas que los padecen así como prever vías que permitan en estos casos que no ingresen en prisión o que puedan salir de ella con las medidas de supervisión y atención adecuadas.

Y plantean que la atención psiquiátrica y los internamientos de estas personas se lleven a cabo en los centros de la red sanitaria ordinaria con las medidas de seguridad necesarias.

No obstante la propuesta sí contempla el ingreso en unidades psiquiátricas penitenciarias de perfiles de gran peligrosidad que no puedan ser atendidos con los recursos sociales y sanitarios ordinarios.

Para el GEPC "es inaplazable que todas las comunidades autónomas cumplan la disposición de la ley de cohesión y calidad del sistema de salud que hace ya 20 años obligaba a que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias fueran transferidas para su plena integración en los servicios autonómicos de salud", lo que "conllevaría un obligado incremento de recursos".

Recuerda que solo se ha llevado a cabo en Cataluña, País Vasco y Navarra.

La propuesta recoge mejoras en el Código Penal sobre cuestiones como mecanismos de suspensión de la ejecución de la pena cuando no sea imprescindible, eliminación de los internamientos psiquiátricos de corta duración y establecer mayores garantías en la determinación de los presupuestos de las medidas de seguridad.

En el ámbito de las medidas de seguridad el GEPC pretende determinar su ejecución preferente en la red socio-sanitaria ordinaria o en su defecto en unidades psiquiátricas penitenciarias de un máximo de 20 plazas, así como garantizar la continuidad del tratamiento. EFE

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