El sector privado copa el 80 % de la vivienda protegida por la falta de inversión pública

Barcelona, 19 jul (EFECOM).- La falta de inversión pública en políticas de vivienda ha provocado que el sector privado cope el 80,26 % de las viviendas de protección oficial finalizadas en España entre 2014 y 2022, es decir 59.928 de un total de 74.665, frente a las 14.737 promovidas por el sector público.

Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por la cátedra de empresa Vivienda y Futuro de la UPF y por la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE) que se ha presentado este miércoles en Barcelona.

Este informe, titulado "La promoción de vivienda en los planes estatales y los fondos Next Generation", hace un repaso de las herramientas habilitadas en los diferentes planes estatales de vivienda para promover vivienda social y asequible.

El estudio asegura que los recursos destinados a vivienda y al fomento de la edificación por parte de la administración pública desde 2007 -en pleno boom inmobiliario- hasta 2018 se recortaron un 61,5 %.

En esta línea, constata que no se han recuperado en los planes actuales cifras de inversión destinadas a fomentar la vivienda, como las contempladas en el plan de vivienda 2002 a 2005 o en el de 2009 a 2012.

Entre 1998 y 2008, y "ante la creciente dificultad de acceder a una vivienda en propiedad, las administraciones públicas reorientaron los objetivos hacia la promoción de vivienda de alquiler asequible", aunque los ejemplos de éxito de viviendas de protección oficial fueron de compraventa y aún "insignificantes" los ejemplos de alquiler, dice el informe.

MADRID DUPLICA A CATALUÑA EN LAS VIVIENDAS DE VPO DE ALQUILER

Por comunidades, el estudio sostiene que la Comunidad de Madrid lidera las viviendas de VPO de alquiler iniciadas entre 2014 y 2022, con un total de 5.372, lo que supone más que duplicar las promovidas en Cataluña, que fueron 1.883 en ese mismo período.

Uno de los autores del informe, Carles Sala, ha explicado que esa diferencia puede explicarse porque en la Comunidad de Madrid hay diferentes fórmulas de viviendas de protección oficial, con períodos de duración de 7, 12 o 15 años, mientras que en Cataluña las que se hacen actualmente son de carácter permanente.

Con todo, Cataluña ocupa el tercer lugar entre las comunidades autónomas en promoción de viviendas de VPO de alquiler en ese período, por detrás únicamente de Madrid y del País Vasco, y supera de largo a comunidades como Andalucía o la Comunidad Valenciana.

INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA

El estudio pone el acento en la insuficiencia presupuestaria y de la falta de programas adecuados como "causa principal" de la falta actual de vivienda de protección oficial.

Asimismo, Sala ha comentado que los incentivos fiscales -entre ellos ha desgravación fiscal por la compra de vivienda habitual- han costado al Estado unos 77.560 millones entre 1979 y 2010, es decir, entre un 0,8 y un 1 % del PIB, pero la desaparición de estas deducciones, que tuvieron un coste máximo de entre 5.000 y 6.000 millones anuales en el período de máxima intensidad, han pasado a ser un "ahorro neto para el Estado".

"El Estado no ha derivado estos recursos hacia políticas directas de vivienda", denuncia el estudio.

Asimismo, Sala ha denunciado que tradicionalmente el Estado acompañaba las políticas de vivienda con tres instrumentos: los préstamos convenidos, es decir, préstamos fruto de acuerdos entre la administración y los bancos; el subsidio de estos préstamos, es decir, en ofrecer estos préstamos a un interés inferior al del mercado, y por último las ayudas directas.

En los últimos planes de vivienda los dos primeros instrumentos se han eliminado, lo que no favorece que el sector privado promueva vivienda de protección oficial, y en cuanto a las ayudas, están "capadas", ha añadido Sala.

CATALUÑA, CON POLÍTICAS PROPIAS PERO CON CIFRAS AÚN EXIGUAS

En el caso de Cataluña, Sala ha destacado que ha intentado recuperar algunos de esos instrumentos, al impulsar que el ICF conceda préstamos para financiar proyectos de vivienda social en Cataluña, pero que ya no está subsidiando el tipo de interés de esos préstamos.

"En Cataluña, en los últimos treinta años, se han iniciado más de 200.000 viviendas de protección oficial. Podemos observar que el techo de viviendas inicias en un mismo año está en torno a las 20.000 unidades, un techo que se tendría que volver a recuperar de forma inmediata para dar respuesta a la necesidad de vivienda que se creará en los próximos años", dice el estudio.

El gobierno catalán, por su parte, ha prometido que ganará 10.000 pisos de alquiler social en tres años, mientras que el estudio pone de manifiesto que entre un 60 y un 80 % de las vivienda protegida es fruto de promotores privados.

Sala ha comentado que Cataluña presenta las mismas cifras "ridículas" de vivienda de protección oficial que en otras partes de España, pero el coautor del informe ha resaltado que la Generalitat complementa con recursos adicionales los fondos repartidos por el Estado mediante el plan de vivienda, a diferencia de otras comunidades.

Además de reclamar que se recuperen "con urgencia perentoria" instrumentos de financiación como los préstamos de entes como el ICO y la banca, el estudio también reclama, vista la respuesta de los fondos Next Generation para la promoción de vivienda de alquiler social, "estudiar o bien la transferencia de fondos de las partidas de rehabilitación a la de promoción, o la modificación del plan de vivienda estatal incorporando una línea que permita el desarrollo de propuestas que quedarán al margen de los ayudas europeas". EFECOM

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