Los inspectores de Trabajo sufren más agresiones durante sus visitas y apuntan a los fallos en el protocolo: “Una compañera tuvo que pagarse el psicólogo de su propio bolsillo”

Una de las razones que explican por qué la oposición de inspectores y subinspectores de Trabajo nunca cubre sus plazas puede explicarse por los riesgos asociados a este puesto. Durante 2025 se registraron 44 incidentes por agresiones, amenazas o intimidaciones dirigidas contra los funcionarios en visitas a centros de trabajo, un aumento del 57% frente a los 33 casos de 2024, según el último balance anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).

El día a día de los inspectores se resume en revisar que las empresas cumplen las normas laborales, de seguridad social y de prevención de riesgos. Durante sus visitas exigen contratos, nóminas, registros de jornada, comprobantes de pago y observan, también a través de entrevistas, las condiciones reales de los centros (horarios, tareas, medidas de seguridad e instalaciones). Si detectan incumplimientos, son los encargados de proponer sanciones. Y aquí es donde la tensión puede llegar a ser máxima. “Si multas a una empresa durante una visita a un centro de trabajo, estás expuesto a riesgos y a una violencia que es distinta a la que está en oficina”, señala a Infobae un trabajador que pide no ser identificado.

Y en este contexto, fuentes de la dirección sindical del ministerio de Yolanda Díaz consultadas por este periódico apuntan a las carencias en el protocolo de violencia externa que se aprobó el pasado mes de julio. Se trata de la guía a la que los trabajadores deben acudir en el caso de ser víctimas de una agresión durante el ejercicio de sus funciones. El protocolo se aprobó el pasado 31 de julio, pero los sindicatos reiteran que la administración les negó durante tres años una negociación conjunta en la que pudiesen discutir sus propuestas y acabaron aprobándola sin tenerles en cuenta.

Una de las deficiencias que presenta este protocolo, que lleva dos meses en vigor, tiene que ver con el sistema de atención psicológica, que el ministerio puso a disposición del cuerpo como consecuencia del aumento de agresiones contra los inspectores. Trabajo adjudicó por 37.585 euros a una pyme catalana un contrato interno para prestar apoyo psicológico a su plantilla a través de un sistema de atención por llamada telefónica. Pero, según la sección sindical, la plataforma interna resulta insuficiente para responder ante estos casos. Relatan el caso de una compañera que sufrió acoso en las redes sociales tras imponer una sanción a un centro de trabajo. “Tuvo que pagar la atención psicológica de su bolsillo porque en el ministerio la derivaron a la Seguridad Social, donde le dieron cita para dentro de un año”, lamentaron.

Los inspectores también aseguran sentirse indefensos cuando deciden acudir a los tribunales tras recibir insultos y señalamientos en sus visitas. El Protocolo de la Administración General del Estado, que se aplica a todos los funcionarios, establece que la administración debe asistir legalmente a la víctima en los trámites necesarios, a través del departamento ministerial u organismo público correspondiente.

Los sindicatos, no obstante, denuncian que el ministerio no les protege ante casos de acoso digital contra los inspectores que deciden multar a determinadas empresas: “Hay varios casos en los que son calumniados, principalmente en redes sociales, después de sancionar a una empresa, y tienen que pagar los juicios con dinero de su bolsillo. Estas situaciones también constituyen violencia externa”, remarcaron.

Desde el Ministerio de Trabajo defienden que el documento fue llevado a consulta a los comités de seguridad y salud, “que son los órganos competentes en la materia preventiva”, pero CCOO explica que Trabajo nunca les facilitó un registro con el contenido de aquellas conversaciones. “El problema es que, aun demostrándose que se llevó a consulta, nunca se llegó a producir una negociación real con las organizaciones representativas”, explica una fuente de la dirección sindical en el ministerio.

El protocolo también ha dado pie a vacíos legales. Cuando un inspector laboral sufre un episodio de violencia, este debe comunicarlo al coordinador de seguridad en cada sede provincial para la elaboración de un informe. El problema llega porque el documento no establece un plazo de urgencia, como sí ocurre en el protocolo general. “Pueden pasar días y que no te contesten”, ha explicado.

Los subinspectores todavía utilizan su teléfono personal para hablar con las empresas

Otra vieja batalla entre los sindicatos y el ministerio tiene que ver con el uso personal de los móviles para el trabajo. La inspección proporcionó teléfonos móviles corporativos a todos sus inspectores para evitar el uso del personal a la hora de comunicarse con las empresas.

Esos dispositivos tienen instaladas por defecto herramientas de auxilio rápido como AlertCops, la aplicación móvil oficial del Ministerio del Interior que permite contactar directamente con las autoridades competentes ante una situación de peligro. A pesar de que los reclaman desde hace más de tres años, los subinspectores laborales aún no han recibido estos dispositivos, pese a que este grupo representa la mitad de los 2.531 trabajadores del cuerpo de Inspección.

Cabe recordar que la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos (LOPD) impide a las empresas imponer a sus trabajadores el uso de dispositivos privados para fines profesionales. También prohíbe que las empresas obliguen a los trabajadores a instalarse aplicaciones. Paradójicamente, esta práctica puede derivar en sanciones importantes e inspecciones para las empresas que obligan a utilizar recursos privados en su operativa.