
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que continúe por procedimiento abreviado la causa contra 14 investigados del caso Koldo, entre ellos el exasesor ministerial Koldo García, el empresario Víctor de Aldama, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Al mismo tiempo, solicita el archivo de las actuaciones para otras 12 personas.
El procedimiento abreviado es la fase previa a una posible apertura de juicio oral. La decisión corresponde ahora al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si envía el caso a juicio, archiva alguna parte o acuerda nuevas diligencias.
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La Fiscalía corrigió un escrito que había presentado el 30 de octubre. En aquella petición omitió por error a Pardo de Vera, al exdirectivo de Adif Ignacio Zaldívar y a Rodríguez de la relación de personas para las que reclamaba continuar el procedimiento.
La contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec
Una parte de la causa se centra en la contratación de Rodríguez por Ineco y Tragsatec. La Fiscalía sostiene que Koldo García y Ábalos promovieron su incorporación a Ineco y que Pardo de Vera tuvo una participación relevante en ese proceso.
Rodríguez trabajó en Ineco entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021. Días después, el 2 de marzo de 2021, fue contratada por Tragsatec y quedó adscrita a la Presidencia de Adif, que entonces dirigía Pardo de Vera.
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La investigación recoge que Rodríguez declaró que no desarrolló actividad laboral en ninguna de las dos empresas, aunque recibió los salarios correspondientes durante unos dos años y medio. La Fiscalía atribuye de forma provisional a Pardo de Vera, Zaldívar y Joseba García un presunto delito de tráfico de influencias, y a Rodríguez, un posible delito de malversación.
La Abogacía del Estado, en representación de Ineco y Tragsatec, también ha pedido continuar el procedimiento contra Pardo de Vera, Zaldívar, Rodríguez y Joseba García. Considera que existen indicios de malversación y tráfico de influencias por esas contrataciones.
Las otras líneas abiertas por contratos sanitarios y blanqueo
La petición fiscal incluye a Aldama, al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, a Joseba García, a Patricia Uriz y a los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche. También afecta a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa.
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Estos hechos se relacionan con los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia y con otras operaciones que se investigan en la causa. Un informe de la Agencia Tributaria citado en el documento señala que Aldama tuvo un papel relevante en la consecución de contratos por sus contactos con el sector público y que Cueto habría controlado de forma efectiva Soluciones de Gestión.

El documento también detalla otra línea sobre contratos para pruebas de detección de COVID-19 en Canarias y Baleares. Según las actuaciones, Eurofins Megalab obtuvo tres adjudicaciones del Servicio Canario de Salud por 5,36 millones de euros y dos del servicio de salud balear por 1,11 millones. La investigación analiza si esas operaciones pudieron estar favorecidas por gestiones de Koldo García y el entorno de Aldama.
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Además, permanece abierta la investigación por un posible blanqueo de capitales de Koldo García, Patricia Uriz y Joseba García. El escrito sostiene que ya se practicaron diligencias relevantes, pero entiende que este bloque no debe cerrarse todavía porque guarda relación con otros hechos que siguen bajo investigación.
El archivo solicitado para 12 personas
La Fiscalía pide el sobreseimiento para Daniel Sierra, María Piedad Losada, Luis Alberto Escolano, José Luis Rodríguez, Israel Pilar, Rogelio Pujalte, Patricia Ramos, María Auxiliadora Luque, Andoni García, Michaux Miranda, Jesús Manuel Gómez y Álvaro Sánchez Manzanares.
El documento no solo reúne la posición de la Fiscalía. La acusación popular unificada ha presentado además un escrito en el que solicita ampliar la investigación por la contratación de Claudia Montes en Logirail, empresa del grupo Renfe.
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Esa parte pide citar como investigados al expresidente de Renfe Isaías Taboas y al exconsejero y director gerente de Logirail Óscar Gómez Barbero. El Tribunal Supremo ya condenó a Ábalos y a Koldo García por tráfico de influencias en relación con la contratación de Montes, pero la acusación popular considera que todavía debe investigarse la intervención de responsables de Renfe y Logirail.
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