La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a otra más, junto con tres empresas frutícolas del Bajo Cinca, en Huesca, y tres empresas de trabajo temporal de Castellón, Barcelona y Madrid, por alojar en condiciones precarias a cerca de 200 trabajadores.
La operación comenzó hace solo unos días, después de que la Guardia Civil recibiera tres denuncias, según ha informado este jueves el instituto armado Según esos avisos, cerca de 200 personas de distintas nacionalidades residían en dos viviendas de Candasnos (Huesca) y en una finca que había funcionado como establecimiento hostelero, en condiciones que vulneraban sus derechos laborales y como extranjeros en España.
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Los agentes comprobaron que unas 50 personas, entre ellas dos familias con menores, vivían en casas que presentaban riesgo de derrumbe.
Obras sin autorización para alojar a más migrantes
En la antigua finca hostelera de la localidad había otras 147 personas hacinadas. El inmueble carecía de una canalización adecuada de aguas fecales, tenía una instalación eléctrica deficiente y presentaba riesgo de incendio. Además, se realizaban obras sin autorización para ampliar el número de habitaciones y alojar a más trabajadores.
Tras recabar información con la colaboración del Ayuntamiento de Candasnos y los Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca, la Guardia Civil registró la finca y detuvo a dos personas, de 61 y 52 años, acusadas de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
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Fueron contratados en sus países de origen
Los trabajadores contaban con autorizaciones de residencia temporal y trabajo para actividades de temporada dentro del programa de migración circular. Habían sido contratados en sus países de origen mediante el procedimiento de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), vinculado al Ministerio de Migraciones, para participar en la campaña de recogida de fruta.
Ante el riesgo que presentaban parte de las instalaciones, una de las empresas implicadas realojó a algunos de los afectados, en coordinación con los Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Candasnos. El resto quedó bajo la responsabilidad de un representante de una de las empresas frutícolas.
La investigación también estableció que el propietario de los inmuebles mantenía vínculos con los empresarios de las compañías frutícolas y de trabajo temporal investigadas, con el objetivo de obtener beneficios económicos por el alojamiento de los trabajadores.
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Una de las empresas retenía una parte de los salarios en concepto de alojamiento, transporte diario al lugar de trabajo y otros servicios. También imponía condiciones laborales abusivas, como el pago aplazado del billete de avión para el regreso de los trabajadores a sus países de origen.
La operación fue desarrollada por la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Fraga. También participaron la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, los Servicios Sociales del Bajo Cinca, el Ayuntamiento de Candasnos, Protección Civil y Cruz Roja.
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