La Audiencia Nacional amnistía a los 12 procesados por terrorismo: de la ‘Operación Judas’ al archivo

La Audiencia Nacional ha archivado de forma definitiva la causa por terrorismo contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). A través de una resolución dictada este viernes, el tribunal penal aplica la ley de amnistía y extingue cualquier responsabilidad penal para los doce activistas independentistas catalanes, a los que la justicia investigaba desde 2019 por planear presuntos actos de sabotaje tras la sentencia del procés.

Para comprender el alcance de esta decisión judicial hay que remontarse a septiembre de 2019, cuando la Guardia Civil detuvo a nueve personas en Cataluña en el marco de la conocida como ‘Operación Judas’. La Fiscalía y las acusaciones populares sostenían que los arrestados formaban parte del ala más combativa de los CDR y que fabricaban sustancias explosivas caseras con la intención de ocupar el Parlamento catalán o cortar infraestructuras clave como respuesta a las condenas de los líderes independentistas.

La causa dio un giro decisivo en junio de 2024 con la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Esta norma, pactada para aliviar las tensiones políticas derivadas del desafío soberanista catalán, fijaba una frontera muy clara: perdonaba los delitos vinculados a las protestas del procés, pero dejaba fuera los casos de terrorismo que hubieran causado muertes, heridas graves intencionadas o torturas.

Europa no prohíbe una amnistía

Ante la duda de si perdonar a los CDR respetaba las leyes de la Unión Europea sobre la lucha antiterrorista, la Audiencia Nacional congeló el procedimiento en septiembre de 2024 y consultó directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La respuesta de los jueces comunitarios de Luxemburgo, emitida en julio de 2026, despejó el camino: aclaró que la normativa europea no prohíbe que un país apruebe una amnistía política para lograr la reconciliación, siempre que los hechos perdonados no hayan provocado atentados deliberados contra la vida o la integridad física de las personas.

Con ese criterio sobre la mesa, la Fiscalía y los abogados defensores pidieron cerrar el caso de inmediato. Los jueces de la Sección Tercera concluyeron que, aunque las acusaciones atribuían a los doce activistas un delito de pertenencia a organización terrorista, sus acciones nunca llegaron a materializar agresiones directas ni violaciones graves de los derechos humanos. Por ese motivo, el tribunal dictó el sobreseimiento libre, que equivale a una absolución anticipada sin necesidad de celebrar juicio.

La decisión beneficia a los doce procesados: Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros, Rafael Delgado, Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero. Además de retirarles cualquier cargo, la Audiencia Nacional cancelará las medidas cautelares que aún pesaban sobre ellos, como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado o la retirada del pasaporte. Las partes acusadoras disponen ahora de un plazo de 10 días para presentar un recurso de apelación.

Todas estas novedades judiciales altamente relevantes en torno al procés se están produciendo cuando apenas quedan unas semanas para las elecciones generales.