El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a que el Consejo de Ministros conceda un indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
En una entrevista con elDiario.es, Sánchez fue preguntado de forma directa sobre la posibilidad de aprobar la medida de gracia. El jefe del Ejecutivo respondió que el Gobierno revisa las iniciativas que quedaron pendientes tras el adelanto electoral para determinar cuáles pueden salir adelante desde el Ejecutivo o a través de la Diputación Permanente.
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“Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas”, afirmó Sánchez al medio. Ante la repregunta sobre un eventual indulto, respondió: “No lo descarto”.
La declaración sitúa de nuevo en el centro del debate el caso de García Ortiz, que fue apartado de la jefatura de la Fiscalía General del Estado tras la condena dictada por el Tribunal Supremo.
Dos años de inhabilitación
La Sala Segunda del Supremo condenó a Álvaro García Ortiz el 20 de noviembre de 2025 por un delito de revelación de datos reservados. La pena incluyó una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros, y dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.
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El fallo también estableció que debía indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales.
La causa se centró en la filtración de un correo electrónico remitido por el abogado de González Amador, así como en una nota informativa difundida después por la Fiscalía. Según la sentencia, García Ortiz o una persona de su entorno con su conocimiento filtró el mensaje, que recogía una propuesta de conformidad relacionada con la investigación por presunto fraude fiscal contra el empresario.
El tribunal concluyó que el entonces fiscal general incumplió el deber reforzado de confidencialidad asociado a su cargo. Dos magistradas formularon un voto particular en el que defendieron su absolución, al considerar que no había quedado acreditado que filtrara el correo y que la difusión de la nota de prensa no constituía delito.
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El Supremo se opuso al indulto
El indulto ya había llegado al Supremo a partir de una petición presentada por varios ciudadanos. El 11 de junio, la Sala Penal emitió un informe desfavorable porque no identificó razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificaran su concesión.
El tribunal subrayó que los hechos habían causado una “afectación importante” a la institución del Ministerio Fiscal y recordó que la medida de gracia no elimina el delito ni anula la sentencia. El indulto solo puede afectar a penas que continúen en ejecución.
En el caso de García Ortiz, la única pena pendiente era la inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado. El informe del Supremo no obliga al Gobierno, que conserva la facultad de aprobar o rechazar la medida de gracia mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
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La eventual decisión quedará condicionada por los plazos de la campaña y por la voluntad del Ejecutivo de incluir el expediente entre las medidas que pretende resolver antes de los comicios del 29 de noviembre.
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