Amor Gil, doctora y perito, revela por qué el INSS rechaza el 90% de las solicitudes de incapacidad permanente: “Se evita con un paso que casi nadie conoce”

La incapacidad permanente se da cuando un trabajador que, tras recibir tratamiento médico y obtener el alta, mantiene reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas. Estas condiciones limitantes impiden que la persona pueda realizar sus labores con normalidad y sin dolor. No obstante, para conseguir una prestación económica por esta incapacidad, hay que pasar una evaluación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Ante esto, la médico de urgencias y perito independiente Amor Gil Díaz explica por qué muchas personas que ponen en marcha un proceso de incapacidad permanente reciben un rechazo por el INSS en su solicitud. La doctora afirma que este proceso implica normalmente un gran precio económico y emocional.

Y es que, para llevar a cabo el trámite burocrático, muchos recurren a un abogado, recopilan informes médicos y esperan durante meses una resolución que puede acabar siendo desfavorable. “Meses perdidos, dinero gastado, desgaste emocional innecesario”, enumera la doctora en un video publicado en sus redes sociales. De esta manera, la dra. Gil revela el motivo por el que se rechazan estas solicitudes.

“Llegan al tribunal sin saber si cumplen los requisitos legales”

En su intervención, Amor Gil Díaz asegura que “el 90 % de las incapacidades permanentes se deniegan en primera instancia” por un motivo que muchos desconocen. La doctora aclara que, desde su punto de vista, las denegaciones no responden únicamente al criterio del INSS, sino también a carencias en la construcción del expediente. “En la mayoría de los casos”, matiza, el problema aparece porque el “expediente no estaba bien construido desde el principio”.

Tal y como señala, “eso se evita con un paso previo que casi nadie da”. Y es que muchos pacientes “llegan al tribunal sin saber si cumplen los requisitos legales, sin tener las limitaciones funcionales documentadas correctamente y sin el argumento médico-legal que el INSS necesita leer”, explica. Para Gil, esos elementos condicionan el resultado del procedimiento administrativo y, en algunos casos, la posterior reclamación ante los tribunales, pues los informes clínicos no siempre reflejan las limitaciones que afectan al desempeño laboral de la persona.

Pero, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Según la perito, “el informe de viabilidad existe para evitar exactamente esto”. Ese documento permite revisar la documentación disponible, valorar las posibilidades del caso e identificar qué aspectos conviene reforzar antes de presentar la solicitud.

En pocas palabras, el documento puede orientar sobre “qué grado es más sostenible, qué necesitas reforzar y si merece la pena invertir”. La evaluación, explica, no sustituye la resolución de la Seguridad Social ni garantiza la concesión de una prestación, pero busca determinar si existen elementos para continuar. “Así llegas al proceso con el expediente correcto, no con el que tenías”, afirma Gil en el vídeo.

Al final, esta es una herramienta de orientación médico-legal para evitar que los solicitantes avancen sin una estrategia documental. La especialista concluye que, cuando el análisis inicial determina que el caso tiene fundamento, el siguiente paso consiste en preparar la documentación que respalde la petición de incapacidad permanente. “Si tras ese análisis el caso tiene base, entonces damos el siguiente paso”, señala la doctora con experiencia en este ámbito.