La lucha de las ‘otras Maricarmen’ en Madrid: “Llevamos dos años de acoso y derribo porque la propiedad quiere echarnos para especular”

El desahucio de Maricarmen Abascal ha sido la gota que ha colmado el vaso. El desalojo de esta vecina madrileña de 87 años de la casa en la que vivió siete décadas, impulsado por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones y realizado el pasado miércoles, ha desatado una oleada de indignación por la crisis habitacional que atraviesa España y que cada vez afecta a más familias ante la imposibilidad de acceder a una vivienda. El de Maricarmen, sin embargo, es tan solo un ejemplo de los miles de desalojos que se producen al año: solo en 2025, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se registraron 24.540 alzamientos. De ellos, 18.317 derivaron de procedimientos por impago de alquiler, 4.346 de ejecuciones hipotecarias y 1.877 obedecieron a otras causas.

Quien conoce perfectamente lo que implica vivir bajo amenaza de desahucio es Blanca Castro, una vecina que lleva 26 años residiendo en la calle General Lacy 22, en el distrito madrileño de Arganzuela, muy cerca de la estación de Atocha, donde ella y sus vecinos se enfrentan a un proceso de desalojo impulsado por la propiedad. De hecho, Blanca asegura haber sufrido un auténtico calvario durante los dos últimos años de disputa con los dueños del edificio, la familia Campos Cebrián-González Ruano, que posee más de 100 pisos en Madrid.

Según denuncia el Sindicato de Inquilinas, tras el fallecimiento de una de las copropietarias del inmueble, en 2024, la familia Campos Cebrián-González Ruano decidió expulsar a los 32 vecinos “con fines especulativos”, para después poder alquilar las viviendas a precios mucho más elevados, “recurriendo a tácticas de acoso inmobiliario y desatendiendo de forma sistemática el mantenimiento del edificio”. Todos los residentes recibieron un burofax donde les informaban que no les renovarían los contratos cuando finalizasen, pero optaron por resistir y el conflicto llegó a los tribunales: Blanca fue la primera en acudir a juicio el pasado 17 de septiembre tras ser demandada y, aunque salió satisfecha del Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid, sigue esperando la sentencia, que se conocerá en los próximos días.

“Han sido dos años de acoso y derribo contra nuestro bloque sin saber muy bien por qué la propiedad no responde a la negociación y ha optado por demandarnos, pero seguimos esperanzados en poder conseguir resultados, más aún después del movimiento masivo que se ha desatado tras el desahucio de Maricarmen”, relata Blanca a Infobae. Según explica, en el juzgado pudo defender que la familia Campos Cebrián-González Ruano “actúa como una gran empresa”, a través de una sociedad limitada, y que “no podía dar por terminados sus contratos antes de tiempo, pues deberían haber durado dos años más”.

Con ello se refiere a que esta familia reorganizó la propiedad del edificio a través de dos sociedades, FURUD 2024 S.L. y GOMEISA 2024 S.L, mientras que para la gestión del bloque ha operado a través de las gestoras inmobiliarias Savills y WeRent. “El objetivo de estos grandes tenedores es expulsarnos para especular y lo hacen, además, de malas maneras, mediante acoso y con demandas totalmente injustificadas”, añade esta pintora y artesana de profesión de 53 años, que llegó al edificio en 1999.

El Sindicato de Inquilinas también denuncia que, tras los burofaxes, comenzó un deterioro de las condiciones del edificio, con goteras, humedades y averías en el ascensor que no eran atendidas, además de otros desperfectos, e incluso cambios sin consentimiento en algunos contratos de suministros. Todo con el propósito, critica la organización, de forzar la salida de las familias.

El techo se desprendió por una gotera que nunca fue reparada

En el caso de Blanca, avisó a la propiedad de que tenía una gotera importante en su cocina cuando aún tenía contrato, pero nunca se la arreglaron, por lo que terminó desprendiéndose parte del techo. “Ahí me derrumbé por todo lo que había estado aguantando durante meses. Como soy artesana y a veces trabajo en ferias, no podía estar gestionando una gotera cambiando cubos todo el día. Fue muy desgastante y estuve de baja un tiempo”, dice, aún indignada. Ante la falta de reparación, a Blanca no le ha quedado más remedio que convertir el salón en una cocina provisional, apañárselas como puede sin fregadero, un hornillo de gas y una sandwichera.

Tras la avería en casa de Blanca, los vecinos denunciaron que la propiedad tampoco atendía incidencias en otros pisos ni problemas de mantenimiento de la finca.

Resistir a las presiones

Pese a la “incesante presión”, tanto Blanca como el resto de inquilinos de General Lacy 22 aseguran que no darán un paso atrás. Después de este primer juicio, confían en que la sentencia les sea favorable, de forma que “la propiedad cumpla con su obligación legal de asegurar la habitabilidad del inmueble y que abandone su empeño de expulsarlos”. El resultado “podría servir de referente para inquilinos que se encuentren en situaciones de indefensión y acoso inmobiliario inhumanos como este”, añade el sindicato.

También reclaman que el decreto sobre vivienda que el Gobierno prevé aprobar este martes 29 en el Consejo de Ministros, después de que el Congreso rechazara en febrero la moratoria antidesahucios con los votos de PP, Vox y Junts, suponga “un cambio eficaz” e incluya medidas como los contratos indefinidos de alquiler, además de proteger mejor a quienes afrontan un desalojo. Señalan, no obstante, que para atajar esta crisis y que los inquilinos puedan vivir con cierta estabilidad “hace falta mucho más que un decreto ley”. “No se pueden tomar solo medidas cuando salimos a las calles y cuando la situación es tan sangrante para tanta gente. Se deben aplicar antes, porque los desahucios se pueden evitar”, concluye Blanca.

Otros bloques en Madrid que denuncian acoso inmobiliario

Al igual que en General Lacy 22, el Sindicato de Inquilinas denuncia el vaciamiento progresivo de otros bloques en la capital y la presión inmobiliaria que reciben, como es el caso de Mesón de Paredes 88 en Lavapiés, también propiedad de la familia Campos Cebrián-González Ruano, y el de Tribulete 7, un edificio que adquirió el fondo Elix Rental Housing Socimi II en 2024. En este último caso, los vecinos han logrado que la Justicia admitiera a trámite una querella colectiva por presunto acoso inmobiliario, la primera en España de estas características.

Desahucio de Zaira y su familia

A estos casos se suma el desahucio que este mismo lunes 28 afrontan Zaira, su marido y sus cuatro hijos —tres de ellos menores de edad— en el distrito madrileño de Vicálvaro. El piso donde residen desde hace 15 años pertenece a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, y este es el quinto intento de desalojo al que se enfrenta la familia.

El caso ya llegó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió a España adoptar medidas para evitar el desahucio. El organismo consideró que no se había evaluado el impacto sobre los menores ni se había ofrecido una alternativa habitacional adecuada. Pese a ello, la Comunidad de Madrid retomó el proceso por la vía penal y se programó un cuarto intento para el 25 de junio, aunque finalmente quedó pospuesto hasta el 28 de septiembre, según explican desde la plataforma Stop Desahucios de Vicálvaro. “Tanto Zaira como su marido están fatal. Se quedan en la calle con tres menores de edad porque no tienen alternativa habitacional”, critica el colectivo.

Esta familia alquilaba previamente una vivienda particular, pero la enfermedad del padre —tiene un 65% de discapacidad— y la falta de ingresos les llevaron a ocupar un piso vacío de la AVS, que se encontraba “en un estado deplorable”, según sus palabras. En 2015, el matrimonio trató de regularizar su situación a través de un alquiler social, pero el organismo público “se ha negado a llegar a un acuerdo”, indica Stop Desahucios, que asegura que la familia “solo quiere pagar un alquiler adecuado a sus ingresos”.

La AVS, por su parte, reclama el inmueble por tratarse de una ocupación irregular y defiende que debe gestionar el parque público de vivienda. Subraya, además, que los dictámenes internacionales no tienen carácter obligatorio para la jurisdicción española.