La madre de Clara murió esperando su juicio por incapacidad permanente por un cáncer, pero tenía cita para 2030: el colapso en los juzgados de Madrid deja cientos de casos pendientes

La madre de Clara murió esperando a ir a juicio para obtener una incapacidad permanente por un cáncer, pero la fecha estaba fijada en 2030; Juan perdió su brazo derecho en un accidente laboral y aún está esperando una cita; Carlos tuvo que dejar su carrera porque la indemnización por despido de su padre tardó tres años en llegar... Estas historias son solo tres de las muchas que se acumulan en los juzgados madrileños.

Detrás de las cifras y de los retrasos, las vidas de los que esperan se complican. A inicios de septiembre, el Colegio de la Abogacía de Madrid alertó del colapso de los Juzgados de lo Social madrileños, con vistas fijadas incluso para 2030, y puso en marcha una campaña para exigir medidas urgentes ante unas demoras que afectan a despidos, incapacidades, prestaciones y reclamaciones salariales.

Los Juzgados de lo Social de la Comunidad de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes de resolución, advierten desde el Colegio de Abogados, el mayor registro de la serie disponible desde 2006. Durante ese ejercicio ingresaron 75.532 procedimientos y resolvieron 58.557, una diferencia cercana a 17.000 asuntos que elevó la tasa de congestión hasta 2,30.

El atasco recorre prácticamente todas las fases del procedimiento: la admisión de demandas, la fijación de vistas, las reprogramaciones, la resolución posterior al juicio, los recursos de suplicación y la ejecución de sentencias. La demora, sostiene la institución, pone en riesgo derechos ya reconocidos judicialmente.

El decano del Colegio, Eugenio Ribón, ha advertido de que la jurisdicción social resuelve conflictos vinculados de forma directa con el sustento y las condiciones de vida de los ciudadanos e impacta directamente en lo esencial, y por ello “los tiempos de respuesta adquieren especial importancia en procedimientos de despido, incapacidad, prestaciones o reclamaciones salariales”-

El diputado responsable del Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid, Juan Manuel Mayllo, ha subrayado que la situación no puede explicarse solo desde la organización interna de los juzgados. “Que el origen de estos retrasos pueda encontrarse en una sobrecarga estructural, en plantillas insuficientes, en la falta de órganos o en limitaciones organizativas y materiales no hace desaparecer la dimensión constitucional del problema”.

Mayllo ha recordado que la Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2022, de 10 de octubre estimó un recurso de amparo por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución. La doctrina constitucional, ha explicado, obliga a atender a las circunstancias de cada procedimiento, pero los problemas estructurales de la Administración de Justicia no convierten en razonable una espera excesiva. Según la experiencia de Mayllo como abogado, la mayoría de los procedimientos tienen el juicio señalado más de 18 meses después de la presentación de la demanda. En algunos casos, el señalamiento se produce tres años después de iniciar el procedimiento.

Incapacidades permanentes con vistas fijadas hasta 2030

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha puesto el foco en las demandas por incapacidad permanente, con vistas previstas para 2029 e incluso 2030. Para la institución, una resolución que llega varios años después de la demanda puede perder eficacia cuando la situación médica, laboral y económica de la persona afectada ya ha cambiado por completo.

“La preocupación del Colegio trasciende el ámbito estrictamente profesional. Los retrasos afectan a personas despedidas, trabajadores que esperan el reconocimiento de una incapacidad o una prestación y familias cuya situación económica puede depender de una resolución judicial”, ha expuesto Ribón.

La entidad ha planteado una reunión específica con el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el propio Colegio. La propuesta busca compartir información, delimitar necesidades, acordar medidas y evaluar después su resultado mediante objetivos, calendarios e indicadores públicos.

El ICAM ha presentado una batería de 19 medidas que incluye la estabilización y cobertura de plantillas, la creación o refuerzo de órganos donde las cargas de trabajo lo requieran, mejoras en la organización interna, herramientas tecnológicas eficaces y actuaciones específicas sobre ejecuciones y recursos.

La propuesta reclama que los refuerzos judiciales y de las oficinas se diseñen y asignen de forma coordinada para que aumenten la capacidad real de tramitación y resolución. El Colegio considera que las competencias están repartidas entre la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Justicia, los órganos de gobierno judicial y la organización del Tribunal de Instancia y su Sección de lo Social.