Así es Gorgona, la cárcel italiana en una isla con baja reincidencia en la que los presos trabajan la tierra y hacen vino

Carlos, un peruano de 45 años, pasó parte de su condena en la cárcel de Perugia, tumbado en una litera y con la mirada fija en el colchón de arriba. “Contaba los agujeros: había 1.431. No sabía hacer nada”, contó al medio italiano Corriere della Sera. Hoy es electricista y solo entra a su celda para dormir. Su historia resume el contraste entre el sistema penitenciario italiano y Gorgona, la última prisión-isla de Europa, donde el cien por ciento de los reclusos trabaja con contrato regular y la tasa de reincidencia cae a la mitad del promedio nacional.

La cárcel se encuentra en la isla homónima, la más pequeña del archipiélago toscano, a una hora en ferry de Livorno. Tiene 2,2 kilómetros cuadrados de superficie, rodeados por cinco kilómetros de acantilados y playas pequeñas. Solo viven allí de manera permanente los presos y el personal penitenciario. Entre los internos hay asesinos, ladrones y asaltantes; quedan excluidos los condenados por terrorismo y por delitos de mafia. El ingreso es voluntario y quien lo solicita sabe que, si el mar está agitado, puede pasar semanas sin recibir visitas presenciales, aunque existen videollamadas y una zona de picnic para los familiares que logran llegar.

Un estudio de la Universidad Sant’Anna de Pisa estimó la reincidencia de los exreclusos de Gorgona en el 30%, frente a una media nacional que ronda el 70%, según datos difundidos por el diario italiano. La cifra contrasta con el panorama general del sistema carcelario del país, donde apenas uno de cada tres presos trabaja, y solo unas pocas horas por semana.

En Gorgona todos tienen un oficio y un sueldo

La colonia penal agrícola de Gorgona funciona desde 1869 y mantiene ese espíritu. Las celdas permanecen abiertas de las siete de la mañana a las nueve de la noche, y el resto del día se ocupa con formación profesional, teatro, música, gimnasio, una cancha de fútbol y, sobre todo, trabajo. “La mayoría son empleados del Estado y contribuyen al sistema autosostenible de la prisión”, explicó Maria Grazia Giampiccolo, directora del penal.

Los internos cultivan huertos, cuidan cerdos, gallinas y burros, trabajan como panaderos o albañiles y mantienen las antiguas casas de pescadores que hoy ocupan los guardias. También cultivan olivos, entre ellos la variedad Bianca di Gorgona, en riesgo de extinción, y producen pan fresco cada día para todos los habitantes de la isla. El salario base para tareas agrícolas es de 844 euros brutos mensuales. La administración penitenciaria transfiere una quinta parte a una cuenta bloqueada que el recluso cobra al recuperar la libertad y retiene cerca de 110 euros mensuales como aporte a su manutención, ya que la ley exige a los presos contribuir con 3,50 euros diarios en concepto de alimentos y suministros, un pago que en el resto de las cárceles italianas casi nadie efectúa.

Cerca del 10% de los reclusos trabaja para empresas privadas con convenios firmados con la administración penitenciaria. Entre ellas figura, como dato lateral, la bodega Frescobaldi, que desde 2012 mantiene dos hectáreas de viñedos en la isla y paga hasta 1.200 euros mensuales a los detenidos que se emplean como viticultores, la remuneración más alta entre todos los oficios disponibles.

Menos depresión y menos violencia entre los que trabajan

Distintos estudios citados por el medio señalan que los reclusos con empleo presentan porcentajes más bajos de depresión, obesidad y consumo de fármacos. La reducción de la agresividad resulta especialmente relevante en Gorgona, donde herramientas como un martillo o una hoz podrían convertirse con facilidad en armas. Por ese motivo, el reglamento del instituto establece que “la selección de los reclusos que serán asignados a este lugar es de fundamental importancia para garantizar el orden y la seguridad”.

El hacinamiento amenaza el modelo

La capacidad máxima de Gorgona es de 89 reclusos, pero el número de internos ya superó el umbral de 120, según el artículo publicado por el Corriere della Sera. Para sostener el contrato de todos, la jornada laboral se redujo de seis horas diarias durante seis días a la semana a apenas cuatro horas entre cuatro o cinco días. La oferta de trabajo también se achicó tras el cierre de la piscifactoría de doradas y, en 2021, de la carnicería y la lechería del penal.

La infraestructura acompaña ese deterioro. Los paneles solares no funcionan y la electricidad se genera con la quema de mil litros diarios de gasóil. La isla carece de una patrullera propia. Ante una emergencia, depende de la intervención de las autoridades de Livorno, y si una embarcación se acerca demasiado a la costa, el personal solo cuenta con un megáfono para advertir que se aleje. La plantilla prevista es de 54 agentes de vigilancia, pero solo 26 se encuentran en funciones.

En junio, el alcalde de Livorno, Luca Salvetti, envió una carta al Ministerio de Justicia en la que advirtió que la situación “pone en riesgo el equilibrio organizativo y la eficacia del proceso de reinserción social”. El defensor de los derechos de los presos, Marco Solimano, fue citado por el Corriere della Sera al señalar que el problema es político: “En lugar de invertir en exportar el modelo de Gorgona a otras prisiones, están importando a Gorgona todo lo que no funciona”.

La situación española de los presos, entre condenas largas y pocos recursos

España mantiene una de las estancias en prisión más largas de Europa. Los reclusos permanecen en promedio 20 meses tras las rejas, más del doble que la media continental de 8,8 meses. Esa diferencia responde menos a un aumento de la criminalidad que al funcionamiento de los tribunales y a la severidad de las condenas, que dejan a los internos más tiempo dentro del sistema con menos movimiento de ingresos y salidas.

La densidad de las cárceles españolas, sin embargo, se ubica por debajo del promedio europeo, sin señales de hacinamiento generalizado. El país también refleja una tendencia al envejecimiento de su población reclusa, con una quinta parte de los internos entre 50 y 64 años, una de las proporciones más altas del continente. A esto se suma una tasa de suicidios que supera la media europea, un problema que el Consejo de Europa asocia a las estancias prolongadas y al escaso acompañamiento psicológico dentro de los centros penitenciarios.