La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El Partido Popular someterá a votación la próxima semana, en el Pleno del Congreso de los Diputados, una batería de propuestas para hacer frente a la situación generada en Ceuta tras la llegada masiva de personas migrantes de los pasados 30 y 31 de julio. La iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, articula sus peticiones en torno a cuatro ejes: obras de infraestructura, refuerzo de personal, incorporación de tecnología y cambios en el marco legal vigente.

Entre las medidas de infraestructura, el texto reclama la ampliación del espigón del Tarajal como forma de blindar el perímetro fronterizo. A esa obra se sumaría, según plantea la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, un incremento sostenido de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados de manera permanente en la ciudad autónoma.

Más jueces, fiscales y personal sanitario para tramitar expedientes

La proposición incluye la incorporación de unidades específicas de Extranjería que permitan resolver con celeridad los expedientes derivados de las entradas irregulares. El documento pide, además, ampliar la plantilla de profesionales sanitarios destinados a Ceuta y trasladar ante los organismos pertinentes la necesidad de sumar jueces y fiscales a los juzgados de la ciudad.

El Partido Popular propone también modificar la Ley de Extranjería para habilitar el rechazo en frontera de quienes accedan irregularmente por vía marítima. La medida busca alterar el criterio fijado por el Tribunal Supremo, que el 8 de julio excluyó la aplicación de ese procedimiento excepcional a las personas interceptadas en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla. La iniciativa plantea además reformar la Ley de Asilo para que, según el texto, ‘una entrada por la fuerza no abra automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada conforme a derecho’.

Frontex y procedimientos acelerados en frontera

Los populares exigen también en su propuesta que el Gobierno de España ponga en marcha los mecanismos legales que permitan el retorno voluntario o la expulsión de aquellas personas que ingresaron irregularmente al país. Con este fin, la propuesta añade el traslado a la ciudad autónoma de los efectivos de Extranjería necesarios y la fijación de un calendario que garantice la resolución de todos los expedientes abiertos.

El documento reclama, además, que el Ejecutivo recurra a “todos los instrumentos jurídicos nacionales y europeos disponibles para defender la integridad territorial de España y garantizar la seguridad de la frontera”, así como la puesta en marcha de los mecanismos contemplados en el Reglamento (UE) 2024/1359 para casos de crisis migratoria o instrumentalización de flujos migratorios, un marco que contempla medidas de solidaridad y permite excepciones temporales en los procedimientos de asilo, sujetas a requisitos y al procedimiento de autorización de la Unión Europea.

La iniciativa exige igualmente el envío inmediato de efectivos de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), con inclusión de sus unidades de intervención rápida. A ello suma la implantación de protocolos de identificación y control de seguridad, junto con procedimientos de asilo y retorno en la propia frontera que aceleren su resolución.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comunicó este jueves ante la Cámara Baja que su Gobierno formalizará la petición de una “presencia permanente” de Frontex tanto en el puerto como en el espigón ceutí. Desde Bruselas se aguarda información adicional del Ejecutivo español antes de emitir una valoración definitiva sobre ese refuerzo.

Tres de los puntos incluidos en la proposición no de ley coinciden con actuaciones que el Gobierno adoptó con anterioridad al registro del texto: la declaración de la crisis como asunto de interés para la Seguridad Nacional, la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y la designación de un responsable único para coordinar los recursos desplegados en la ciudad. Esa función recayó en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El PP reclama a Marruecos una relación sin “amenazas ni chantajes”

En su capítulo dedicado a Marruecos, el PP defiende una reformulación del vínculo bilateral asentada en el “respeto y reciprocidad”, con el objetivo de construir una relación que “no admita amenazas ni chantajes”. El texto insiste en que la soberanía española “no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas”.

La proposición reclama también gestionar ante las instancias comunitarias el reconocimiento del carácter “singular y excepcional” de Ceuta y Melilla, con un tratamiento comparable al que reciben las regiones ultraperiféricas europeas en materia de fondos, fiscalidad y gestión fronteriza. A ese punto se añade la petición de que ambas ciudades cuenten con representación propia dentro de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones.

Un plan económico de 650 millones para las dos ciudades autónomas

El último bloque de la iniciativa recoge la puesta en marcha de un Plan de Reactivación Económica para Ceuta y Melilla, elaborado junto a las administraciones autonómicas y con participación de la sociedad civil local, dotado con un mínimo de 650 millones de euros entre los años 2027 y 2032.

El PP plantea, dentro de ese plan, una Ley de Régimen Especial que fije por norma un marco fiscal e inversor estable para ambos territorios. El texto exige que esa ley garantice legalmente bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las actividades que determine. El Gobierno elevó del 50% al 75% determinadas bonificaciones para empresas y autónomos de Ceuta y Melilla mediante el Real Decreto-ley 22/2026, aprobado el 1 de septiembre.

El paquete económico incorporaría incentivos e inversión pública dirigidos al comercio, la hostelería y los autónomos, junto con mejoras en la conectividad con la Península. Se suman a esas medidas un plan de choque contra el desempleo juvenil, actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda y un refuerzo estructural de la presencia estatal a través de Sanidad, Educación, Justicia, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas.