Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han desmarcado de la estrategia de Isabel Díaz Ayuso y han acudido este viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pese al llamamiento de la presidenta madrileña a boicotear la cita en la que se somete a votación la reforma del sistema de financiación autonómica. La Comunidad de Madrid decidió no asistir al encuentro al considerar que la propuesta del Ministerio de Hacienda fue negociada de manera bilateral con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y trasladó esa postura al PP nacional y al resto de gobiernos autonómicos con el argumento de que la única forma de frenar el acuerdo era que no hubiera quórum en la sala.

Varios consejeros populares no han seguido la recomendación de la presidenta madrileña y reivindican su presencia en la reunión. La consejera de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido a la entrada del encuentro que su comunidad mantendrá “esa máxima lealtad institucional” y ha remarcado que “hemos venido a servir a los ciudadanos extremeños y a que su voz se escuche en todos los ámbitos”. El propio Ministerio de Hacienda, que dirige Arcadi España, calificó de “irresponsable” el llamamiento de Ayuso al resto de territorios para vaciar de contenido la cita, que llevaba meses reclamada por las propias comunidades del PP y que se había pospuesto desde julio a petición de los populares por la situación de los incendios.

La votación se produce en un contexto de rechazo generalizado a la propuesta, que además de las comunidades del PP cuenta con la oposición de Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE. El Gobierno central, que dispone del 50% de los votos en el CPFF, solo necesita el respaldo de un territorio para sacar adelante el plan y contará previsiblemente con el apoyo de Cataluña y Canarias, lo que le permitiría remitir la reforma al Consejo de Ministros y, después, al Congreso de los Diputados.

La propuesta de Hacienda busca reemplazar el sistema aprobado en 2009, negociado entonces con el tripartito catalán del PSC, e incorpora el llamado principio de ordinalidad, según el cual las comunidades con mayor capacidad fiscal reciben más recursos. Sus defensores, entre ellos la Generalitat, aseguran que el nuevo reparto aportaría más de 21.000 millones de euros al conjunto del sistema y reduciría la brecha de financiación por habitante entre territorios, de los 1.500 euros actuales a 470 euros. Sus detractores, en cambio, sostienen que ese mismo principio beneficia de forma desproporcionada a Cataluña y penaliza a comunidades con menor capacidad fiscal.

Galicia, Valencia y Murcia justifican su presencia pese a compartir la crítica de Madrid

El consejero gallego, Miguel Corgos, ha asegurado que su comunidad “va a intentar hasta el final que se devuelva esta propuesta de sistema de financiación”. El consejero de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, ha calificado el plantón madrileño de “decisión” legítima, aunque considera que “no tiene ninguna utilidad” práctica. Por su parte, la consejera murciana, María Isabel López Aragón, ha evitado pronunciarse sobre la asistencia o ausencia de otras comunidades y centra sus declaraciones en el rechazo de su gobierno a la propuesta.

La vicepresidenta tercera y consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha defendido que su comunidad debía asistir para justificar su voto contrario: “Respetamos la postura de la Comunidad de Madrid”, ha señalado, aunque remarca que “el fondo es el mismo: es un ‘no’ alto y claro a este sistema de financiación injusto” que califica de “corrupción política”. Según sus cálculos, el modelo supondría 244 euros menos por ciudadano andaluz que por uno catalán, lo que dejaría a Andalucía sin 2.000 millones de euros respecto a Cataluña.

Castilla-La Mancha y Asturias se reiteran en su ‘no’

El consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha insistido en que el plan “se ha negociado exclusivamente con un partido político, con ERC, al que se ha sumado después el PSC” y que “la mayor beneficiada es Cataluña”. También reprocha a Hacienda que ignore las alternativas presentadas por su comunidad y reclama que se retire el punto del orden del día o, en su defecto, que el Gobierno se abstenga para que la votación “manifieste el sentir de las comunidades”. El consejero de Asturias, Guillermo Peláez, advierte de que el plan “adolece de defectos formales y de fondo” por priorizar la capacidad fiscal sobre “un plano de igualdad” en la prestación de servicios públicos.

Al contrario, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, ha definido la reforma como una “ventana de oportunidad” de la que, a su juicio, “todas ganamos”, y ha confirmado el voto favorable de su comunidad.