Juanma Moreno Bonilla no tiene quien le lave y le cuide los 29 coches oficiales de Presidencia: desierto el contrato de 263.726 euros

Presidencia no ha podido adjudicar el nuevo contrato de mantenimiento, limpieza, pintura y cambio de neumáticos. No se ha presentado ninguna empresa

Juanma Moreno Bonilla, el presidente andaluz, con un coche de la Junta
Juanma Moreno Bonilla, el presidente andaluz, con un coche de la Junta
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El Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno Bonilla ha recibido un pequeño revés. Contractualmente hablando. La Consejería de Presidencia, que desde octubre de 2025 también tiene las competencias de Sanidad y Emergencias, no ha podido adjudicar el contrato para el mantenimiento y el lavado de los coches oficiales adscritos a este departamento, entre los que están, por ejemplo, los que usa el propio presidente de la Junta. El pasado 20 de agosto, la Secretaría General Técnica de Presidencia declaró desierta la licitación. Simplemente no hubo ofertas. Ninguna empresa ha querido adjudicarse el contrato, valorado en 61.367 euros anuales, que con prórrogas de cuatro años más se elevaba a 263.726 euros.

El número de vehículos que actualmente componen el parque móvil asciende a 29 vehículos. “No obstante, este número podrá sufrir modificaciones, por razones organizativas, cambios de necesidades, averías en los vehículos o sustituciones, por lo que se ha tomado como punto de partida para realizar una previsión en número y tipo de trabajos que la flota ha demandado hasta la fecha, pudiendo dicha previsión cambiar, incrementarse o reducirse en cualquier momento de la vida del contrato”, señala la memoria justificativa de contrato. Presidencia quería que la adjudicataria dispusiera de un taller a una distancia máxima de 25 kilómetros del Palacio de San Telmo, sede de Presidencia, “motivado por razones de eficiencia y economía en la prestación del servicio, para que el traslado de los vehículos al taller se haga de la forma más rápida posible y ocasionando el menor gasto energético y económico”.

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El contrato incluye el mantenimiento integral (mecánico) de los vehículos, con los repuestos que hagan falta; el lavado y limpieza exterior e interior de los vehículos; el suministro, montaje, sustitución y reparación de neumáticos; la reparación de la chapa y pintura; y finalmente el control de calidad de los procesos y materiales suministrados. Presidencia valoraba sobre todo la oferta económica, ya que suponía el 90% del criterio de adjudicación, pero está claro que los precios máximos que quería pagar la Junta no han resultado atractivos para el mercado. Y, ¿qué precios había fijado la Junta?

Palacio de San Telmo, en Sevilla (Adobe Stock).
Palacio de San Telmo, en Sevilla (Adobe Stock).

Presidencia estaba dispuesta a pagar un máximo de 220 euros por el cambio de aceite, filtros y aditivos, aire, gasoil, polen y niveles y presión de neumáticos; 66 euros por la recarga del aire acondicionado; 44 euros por lavado; 247 euros por la sustitución y equilibrado de neumáticos: 1.210 euros por la pintura completa del vehículo; 132 euros por la pintura de pequeñas piezas sueltas (incluye reparación de daños leves, arañazos, picadas o salpicaduras); y 66 euros por mano de obra. Presidencia exigía una revisión detallada de sus vehículos cada 60.000 kilómetros. El vehículo del presidente, por ejemplo, debe ser lavado una vez al mes.

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Reparaciones rápidas

Parece que tampoco ha gustado desde el sector el tiempo de reparación de los vehículos que exige la Junta: un máximo de 24 horas para las averías urgentes; y de 48 a 72 horas para las averías ordinarias. Los últimos datos oficiales señalan que la Junta tiene 3.472 coches y vehículos, de los que solo el 1,96% están calificados como de “representación”. A nivel nacional, el Registro de Vehículos Oficiales del Sector Público Estatal contaba a finales de 2025 con una flota de 37.913 vehículos. Sin embargo, eso no quiere decir que todos ellos se utilicen para transportar a autoridades. De hecho, más del 97% (36.608 vehículos) son para servicios e incidencias y solo 1.305 se destinan a servicios directivos o de representación. Solo el 81% está en propiedad del Estado.

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