Tener un empleo ya no protege frente a la exclusión social: 2,5 millones de trabajadores en España viven bajo el umbral de la pobreza

El mejor escudo contra la pobreza es el empleo. Este es uno de los discursos políticos y económicos que más se repiten. Bajo esta premisa, las medidas del Gobierno en los últimos años se han centrado en activar el mercado laboral y reducir las cifras del paro. Sin embargo, según el ‘Informe Anual sobre el Estado de la Pobreza en España’ de 2026, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), esto no es del todo eficaz. En el actual escenario de crecimiento macroeconómico y creación de empleo, la relación entre el trabajo y la seguridad económica es cada vez más lejana.

Hoy en día, conseguir un contrato de trabajo en España reduce las posibilidades de riesgo de exclusión, pero en ningún caso lo elimina. Los datos del estudio señalan que el 11,6% de las personas ocupadas en España vive bajo el umbral de la pobreza. Esto se traduce en aproximadamente 2,5 millones de trabajadores que, a pesar de madrugar cada día y cumplir con sus jornadas laborales, no logran ingresar lo suficiente para mantener una calidad de vida digna.

Para comprender la magnitud de esta quiebra del ascensor social, es importante analizar cómo se distribuye la pobreza en nuestro país, según a qué se dedican las personas. Y es que el 33% de las personas en situación de pobreza tiene un empleo activo, mientras que solo el 19,9% está desempleado. Por esto, cualquier estrategia gubernamental que se centre exclusivamente en la inserción laboral o en la creación de puestos de trabajo, deja fuera, de entrada, al 80% de la población pobre en España, que o bien ya tiene un empleo o bien se encuentra en situación de inactividad (como jubilados o personas incapacitadas).

Tal y como indica la tasa AROPE (el indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social), a pesar de que la tasa de paro se ha reducido notablemente en la última década, el indicador entre las personas trabajadoras apenas ha variado. De hecho, ha pasado de un 18% en el año 2014 a un 16,4% en el último registro. Se crea empleo, pero su capacidad protectora se debilita.

La trampa de la precariedad: temporalidad, parcialidad y bajo valor añadido

Y, ¿cómo hemos llegado a un punto en el que el trabajo ya no garantiza la subsistencia? Los expertos del informe apuntan directamente a la mala calidad del empleo y a los males endémicos del mercado laboral español. Factores como la elevada estacionalidad, los salarios bajos y las jornadas de tiempo parcial involuntario multiplican el riesgo de vulnerabilidad de los trabajadores.

Un escenario que es el reflejo de un tejido productivo caracterizado por un peso excesivo de sectores de bajo valor añadido, como la hostelería y el turismo. Aunque la última reforma laboral logró incidir positivamente en la duración de los contratos, dejó prácticamente intacta la parcialidad. Esta parcialidad involuntaria —que afecta de forma muy acusada a las mujeres, debido a la desigual distribución de las tareas de cuidados no remunerados— condena a una parte importante de la población activa a jornadas reducidas y, por consiguiente, a salarios de miseria que no alcanzan a cubrir el coste de la vida.

Además, un 4% de los ocupados en España se encuentra en situación de pobreza severa, lo que significa que ingresan menos del 40% de la mediana de renta nacional. Este grupo representa más de un tercio de todos los trabajadores pobres del país, personas atrapadas en un laberinto de precariedad extrema del que no pueden escapar únicamente trabajando más horas.

Un Estado de Bienestar con dificultades para redistribuir

El análisis también pone el foco sobre los límites de las políticas redistributivas y la debilidad estructural de la protección social en España. A pesar de los avances que han supuesto medidas de garantía de rentas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las consecutivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sistema sigue mostrando graves carencias para corregir las desigualdades del mercado.

Hay otros socios de la Unión Europea que utilizan tácticas diferentes. Países como Irlanda lograron reducir su tasa de pobreza a más de la mitad (un 51,5%) gracias a las transferencias del Estado, y Francia lo hace en un 38,5%. En cambio, el sistema de protección social español solo consigue reducir la pobreza en un escaso 23,2%.

España sigue invirtiendo menos que la media comunitaria en partidas clave como la vivienda, la infancia y el apoyo a las familias, arrastrando todavía las secuelas de los recortes que se aplicaron tras la crisis financiera de 2008. A esto se suma un sistema fiscal menos progresivo y con una alta dependencia de los impuestos indirectos regresivos, que penalizan proporcionalmente más a las rentas más bajas.