La Comunidad de Madrid pone en marcha el registro de objetores al aborto e indica que el auto judicial le “obliga a iniciar los trámites”

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado la tramitación del registro de objetores de conciencia al aborto, un proceso que el Ejecutivo autonómico justifica de forma reiterada como el cumplimiento de una obligación judicial. La administración regional ha publicado la memoria justificativa del proyecto de decreto en su portal de transparencia, donde insiste en que actúa por mandato de los tribunales.

La referencia a esa imposición aparece de forma expresa en distintos apartados del documento. En el epígrafe dedicado a los problemas que se pretenden solucionar, la Comunidad señala que el objetivo es “dar cumplimiento al Auto Nº 60/2026”, mediante el cual “queda obligada la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia”.

Esa misma formulación se repite en otros apartados clave de la memoria. En el de necesidad y oportunidad de la norma, el Ejecutivo vuelve a indicar que la medida responde a la obligación de “iniciar los trámites para la creación del Registro”, mientras que en el apartado de objetivos afirma que “el principal objetivo de esta Orden es dar cumplimiento” al citado auto judicial.

La insistencia se mantiene también en la justificación general del proyecto. El texto subraya que “la regulación prevista trae causa del cumplimiento de una medida cautelar acordada” por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reforzando la idea de que el desarrollo del registro responde a ese mandato.

En este contexto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado en diferentes ocasiones su rechazo a que la administración “señale” a los profesionales que opten por no participar en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo. Para el Ejecutivo madrileño, el registro de objetores se trata de una “lista negra” que estigmatiza a aquellos facultativos que rechazan la interrupción del embarazo.

En ese apartado, la Comunidad de Madrid expone su posición sobre el sistema y plantea que “la alternativa son los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios”, donde “se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley”.

Un registro derivado de la reforma legal

La creación de este registro deriva de la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023, que establece la obligación de que todas las comunidades autónomas cuenten con un listado de profesionales sanitarios objetores de conciencia con fines organizativos.

Además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en diciembre de 2024 un protocolo común para su implantación en todas las administraciones sanitarias. Este acuerdo fija unas condiciones mínimas para garantizar su funcionamiento.

Ante la falta de desarrollo en algunas comunidades, entre ellas Madrid, el Ministerio de Sanidad recurrió a la vía judicial. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado y “obligó” a la región a iniciar los trámites.

En cumplimiento de esa resolución, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha ahora el procedimiento administrativo. El proyecto continúa en fase de consulta pública, en la que se podrán presentar aportaciones antes de su tramitación definitiva.