¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

Con el inicio de la campaña de la Renta esta semana pasada, tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo han retomado las críticas a lo que llamaron “infierno fiscal” impuesto por el Gobierno socialista en España, acusando al Ejecutivo central de ahogar a autónomos, empresas y familias con su política impositiva. Los dirigentes populares señalan los niveles sin precedentes alcanzados por la recaudación fiscal y achacan más de un centenar de subidas de impuestos a las dos últimas legislaturas del PSOE. Sin embargo, al revisar los datos oficiales, España no destaca por su carga impositiva en comparación con otras economías avanzadas.

La presión fiscal, que representa el porcentaje de impuestos y cotizaciones sociales respecto al Producto Interior Bruto, se situaba en el 37,3% en el país en 2024, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque esta cifra supera en varios puntos la media del conjunto de las economías desarrolladas, que se queda alrededor del 34%, todavía queda por debajo del promedio de la Unión Europea, que bordea el 40%.

El análisis internacional ubica a España en el grupo de países de fiscalidad media-alta en Europa, junto a otras naciones como Alemania, Italia, Austria y Portugal, pero la oposición reclama bajadas de impuestos y denuncia un exceso de presión por parte del Estado. Esta aparente distancia entre los datos comparados y el discurso político contribuye a alimentar una percepción social muy extendida de que la carga impositiva en España es elevada, especialmente entre las rentas medias y los trabajadores por cuenta propia.

Peso de la fiscalidad sobre el trabajo

Uno de los elementos que más inciden en la percepción de la ciudadanía es la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral total para las empresas y el salario neto recibido por el trabajador. En España, este indicador ronda el 38%–40% para una persona con salario medio, según el informe Taxing Wages de la OCDE. El dato supera la media de la organización, que se sitúa en torno al 35%. Este resultado refleja el impacto conjunto del impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales de los trabajadores y las aportaciones empresariales. La consecuencia directa es una sensación generalizada de que el salario disponible resulta bajo en comparación con el coste laboral total, especialmente en los tramos de renta media.

Entre los rasgos estructurales del sistema fiscal español que explican estas cifras destaca el peso de las cotizaciones sociales, que representan aproximadamente un tercio de los ingresos públicos. Esta característica no es exclusiva de España; países como Francia y Alemania presentan niveles similares o incluso mayores.

En esta línea, un reciente informe de la OCDE señalaba a principios de este mes que uno de los principales problemas del sistema fiscal español es su diseño. En particular, advierten de que la carga tributaria recae en gran medida sobre el trabajo, lo que puede desincentivar tanto la contratación como la búsqueda de empleo. En sus últimos análisis sobre la economía española, la organización subraya que este tipo de estructura impositiva resulta “distorsionadora”. Por ello, recomienda un reequilibrio del sistema hacia figuras como el IVA o los impuestos medioambientales, que generan menos efectos negativos sobre la actividad económica.

El efecto de la progresividad en frío y las diferencias de medición

Más allá de los datos agregados de presión fiscal, el debate sobre si España puede considerarse un “infierno fiscal” depende en parte de cómo se miden los impuestos y de qué se entiende exactamente por subida tributaria. En declaraciones recientes, los dirigentes del PP han sostenido que desde 2018 se han producido más de un centenar de incrementos impositivos. Sin embargo, esta cifra no responde siempre a modificaciones claras y diferenciadas de los tipos de gravamen, sino a sistemas de recuento que pueden fragmentar una misma medida en múltiples impactos estadísticos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se desglosan efectos indirectos o se contabilizan de forma separada elementos que en la práctica forman parte de una única decisión normativa.

Uno de los ejemplos más relevantes es el del IRPF y el fenómeno conocido como progresividad en frío. Este se produce cuando, en un contexto de inflación, los tramos del impuesto no se actualizan. Como consecuencia, los contribuyentes pueden ver incrementados sus ingresos nominales, por ejemplo, a través de subidas salariales que solo compensan la pérdida de poder adquisitivo, y, aun así, pasar a tributar en tramos superiores. En la práctica, esto implica una mayor carga fiscal sin que exista un aumento real de su capacidad económica. Aunque este efecto está ampliamente reconocido por la literatura económica como una forma indirecta de incremento impositivo, su consideración como “subida de impuestos” depende del criterio adoptado, ya que no deriva de una modificación explícita de los tipos ni de la estructura del impuesto.

La recaudación crece, pero no solo por impuestos

En paralelo, los datos de organismos como la OCDE o Eurostat muestran que la recaudación en España ha aumentado en los últimos años hasta situarse en aproximadamente unos 590.000 millones de euros de ingresos fiscales en 2024. No obstante, este crecimiento no se explica exclusivamente por subidas de impuestos.

Una parte relevante procede del propio crecimiento económico y del empleo, ya que los ingresos ligados al trabajo (IRPF y cotizaciones sociales) representan en torno al 21% del PIB, según la OCDE. El aumento del número de ocupados y de los salarios nominales ha elevado automáticamente la recaudación, incluso sin cambios significativos en los tipos impositivos. A ello se suma el efecto de la inflación, que incrementa las bases imponibles: al subir los precios, también aumenta la recaudación del IVA y, al crecer los salarios nominales, se eleva la tributación por IRPF, aunque el poder adquisitivo no mejore en la misma proporción.

Por último, parte del crecimiento reciente de la recaudación se explica por la retirada de medidas temporales adoptadas durante la crisis energética e inflacionaria, como las reducciones del IVA en electricidad o determinados productos básicos. Al revertirse estas rebajas, los ingresos fiscales han vuelto a sus niveles estructurales, contribuyendo también al aumento global de la recaudación.