La espera de miles de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria que el Gobierno anunció en enero entra, ahora sí, en su recta final. Tras más de dos meses de incertidumbre y dilaciones administrativas, el proceso ha avanzado este viernes con el dictamen favorable del Consejo de Estado, un trámite necesario para asegurar la legalidad del texto, porque, aunque no es vinculante, omitirlo podría invalidar todo el procedimiento. Este órgano consultivo apoya la regularización por considerarla conforme al marco legal y constitucional, valorando especialmente “la integración social y la reducción de la irregularidad administrativa”.
El Gobierno, según informan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha celebrado este respaldo y ya está trabajando para incorporar las recomendaciones del dictamen, y así aprobar el texto definitivo en Consejo de Ministros lo antes posible. Si se aprobara el martes 14 de abril, se publicaría en el BOE al día siguiente.
El Gobierno considera que las recomendaciones del Consejo de Estado “caminan en la misma línea del texto original y respeta la esencia del Real Decreto, y las valora positivamente a la hora de clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación”, señalan fuentes del ministerio. Entre las propuestas, el Consejo de Estado sugiere que se considere vulnerable a cualquier persona migrante que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve al menos cinco meses en situación irregular al presentar la solicitud.
Desde el movimiento Regularización Ya, formado por los colectivos de migrantes que han impulsado la iniciativa, destacan la importancia de respetar los acuerdos entre el PSOE y Podemos que dieron origen a la medida así como las alegaciones que presentaron posteriormente. Advierten sobre la sobrecarga administrativa que recaería en las entidades sociales si se exige cierta documentación a los solicitantes. En concreto, rechazan que se pida un certificado de vulnerabilidad, ya que los servicios sociales no emiten este tipo de informes a quienes no están empadronados. “No se puede exigir un certificado de vulnerabilidad a quienes están fuera del sistema. Esto es una línea roja”, dice a Infobae Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya.
Otro de los obstáculos que señala la plataforma es la dificultad para obtener certificados de antecedentes penales en algunos países de origen. Columba explica que hay consulados que no expiden estos documentos o exigen requisitos imposibles de cumplir para personas migrantes sin permiso de trabajo en sus países. También existen trabas administrativas y elevados costes asociados a la obtención de estos certificados, lo que afecta especialmente a migrantes procedentes de países como Gambia, Honduras, Senegal o Guinea Conakri.
Quiénes pueden acogerse al proceso
Cabe recordar que la regularización extraordinaria permitirá a los migrantes acceder a un permiso de residencia y trabajo si demuestran que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditan al menos cinco meses de residencia continuada. Quedarán excluidas aquellas con antecedentes penales graves o consideradas una amenaza para el orden público.
La medida está pensada para quienes, pese a llevar tiempo viviendo y trabajando en el país, no han logrado regularizar su situación por las vías habituales, incluyendo a quienes tienen solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y no han podido acceder a otras opciones de arraigo. El proceso se aplicará de forma general, sin importar la nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
El proceso recoge el impulso de la iniciativa ciudadana promovida por Regularización Ya, que reunió más de 700.000 firmas y obtuvo un amplio respaldo en el Congreso, aunque después quedó bloqueada por la falta de una mayoría suficiente para aprobarla como ley. Frente al estancamiento parlamentario, el Gobierno decidió aprobar la regularización a través de un real decreto tras alcanzar un acuerdo el pasado enero con Podemos.
El Gobierno ha calculado que esta regularización podría generar alrededor de 750.000 solicitudes, aunque la cifra de beneficiarios efectivos se situará finalmente en torno a las 500.000 personas, según informó El País en base a un documento del Ministerio de Migraciones. Se trata del sexto proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España desde los años 80: cuatro de ellos se realizaron bajo gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos durante mandatos del PP (2000 y 2001). La última se llevó a cabo en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, y permitió a más de 576.000 personas obtener la residencia legal.
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