La espera de miles de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria que el Gobierno anunció en enero entra, ahora sí, en su recta final. Tras algo más de dos meses de incertidumbre y dilaciones administrativas, el proceso ha avanzado este viernes con el pronunciamiento del Consejo de Estado, un paso obligatorio para asegurar la legalidad del texto, porque, aunque no es vinculante, omitirlo podría invalidar todo el procedimiento. Una vez emitido el dictamen, el Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y, posteriormente, ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
“No había por qué dilatar más el dictamen del Consejo de Estado. Debería haberse publicado antes, pero así es la burocracia. Ahora debería aprobarse el próximo martes para que esté publicado cuanto antes en el BOE”, dice a Infobae la activista Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización Ya, impulsor de esta medida.
Si el texto es aprobado por el Consejo de Ministros el martes 14 de abril, se publicaría en el BOE al día siguiente, el 15, mientras que si se aplaza al martes 21 de abril, se publicaría el 22, poniendo fin a una larga espera para quienes aguardan la oportunidad de regularizar su situación en España.
Quiénes pueden acogerse al proceso
Este proceso permitirá a los migrantes obtener permiso de residencia y trabajo, pero deben cumplir ciertos requisitos. Los solicitantes deben acreditar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses de residencia. No se permitirá la regularización a quienes tengan antecedentes penales graves ni a quienes representen una amenaza para el orden público.
El proyecto está dirigido a personas que, a pesar de llevar tiempo viviendo y trabajando en España, no han logrado regularizar su situación por los canales habituales. Esto incluye a quienes tienen solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y no han podido acceder a las diferentes opciones de arraigo. La medida se aplicará de manera general, sin importar la nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
El proceso recoge el impulso de una iniciativa ciudadana promovida por Regularización Ya, que reunió más de 700.000 firmas y obtuvo un amplio respaldo en el Congreso, aunque después quedó bloqueada por la falta de una mayoría suficiente para aprobarla como ley. Frente al estancamiento parlamentario, el Gobierno decidió aprobar la regularización a través de un real decreto tras alcanzar un acuerdo el pasado enero con Podemos.
El Gobierno ha calculado que esta regularización podría generar alrededor de 750.000 solicitudes, aunque la cifra de beneficiarios efectivos se situará finalmente en torno a las 500.000 personas, según informó El País en base a un documento del Ministerio de Migraciones. Se trata del sexto proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España desde los años 80: cuatro de ellos se realizaron bajo gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos durante mandatos del PP (2000 y 2001). La última se llevó a cabo en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, y permitió a más de 576.000 personas obtener la residencia legal.
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