La Policía Nacional desmantela una red que explotaba laboralmente a personas extranjeras y empleaba castigos humillantes como lanzar tartas a la cara por bajas ventas

La Policía Nacional ha detenido a siete personas por presuntamente imponer condiciones laborales ilegales y extremadamente restrictivas a personas sin la documentación necesaria para trabajar en España

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La Policía Nacional detiene a siete personas por presuntamente explotar laboralmente a personas migrantes
David Zorrakino - Europa Press
La Policía Nacional detiene a siete personas por presuntamente explotar laboralmente a personas migrantes David Zorrakino - Europa Press

Durante la mañana del jueves, la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en Madrid y Fuenlabrada que concluyó con la detención de siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, por su presunta implicación en la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en varios call centers.

Según información de Europa Press, la investigación, bajo la coordinación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, permitió desmantelar una red que imponía condiciones laborales extremadamente restrictivas y utilizaba prácticas humillantes para mantener el control sobre sus empleados. El caso ha puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos trabajadores migrantes.

Jornadas eternas sin descanso y prácticas humillantes como castigo

Los datos recopilados por la Policía Nacional señalan que los responsables de estos call centers imponían castigos públicos a quienes no alcanzaban los objetivos de ventas, como el lanzamiento de tartas a la cara delante de todo el equipo. Los trabajadores, en su mayoría extranjeros sin permiso de trabajo, seguían guiones detallados diseñados para confundir a los potenciales clientes y favorecer así la contratación de determinados servicios o productos.

Además, las condiciones laborales incluían jornadas sin límite horario, ausencia de descansos, vacaciones ni seguro médico, y un sistema de recompensas y penalizaciones que vulneraba derechos fundamentales. Para dificultar la acción de las autoridades, los responsables recurrían al cambio frecuente de localización de los centros, aunque finalmente los agentes, con el apoyo de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, lograron identificar todos los establecimientos implicados.

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la 'Operación Lhotse-Tiger' han desarticulado una red de trata de seres humanos y explotación laboral con la que han conseguido liberar a 45 víctimas que eran explotadas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. (Fuente: Guardia Civil)

La investigación arrancó tras detectarse un patrón común en la captación y gestión de trabajadores en quince centros diferentes. El sistema de funcionamiento se basaba en la selección de encargados que aseguraban la dominancia sobre la plantilla, aprovechando la situación de vulnerabilidad de los empleados. El método incluía un ranking interno según las ventas diarias; quienes quedaban en última posición eran sometidos a castigos degradantes, como el lanzamiento de tartas, en presencia de sus compañeros. Este sistema, orientado a mantener una presión constante, generaba un ambiente laboral marcado por el miedo y la humillación, donde los derechos laborales quedaban relegados a un segundo plano.

Dentro de estos call centers, la estructura jerárquica estaba diseñada para garantizar el control psicológico y disciplinario sobre los empleados. Los trabajadores carecían, además, de derechos básicos, afrontando una presión diaria para alcanzar los objetivos que se les encargaban.

La mayoría de la plantilla, integrada por personas extranjeras sin la documentación necesaria para trabajar en España, se encontraba especialmente expuesta a amenazas de despido y represalias por esa situación de vulnerabilidad. El sistema de recompensas y castigos, que incluía tanto incentivos económicos como situaciones humillantes, fomentaba la competencia y el miedo. Los responsables de los centros recurrían a contratos simulados y formas de pago opacas para dificultar cualquier control externo y mantener la precariedad de la plantilla.

El operativo policial culminó el pasado 10 de marzo, con la entrada y registro en los quince centros identificados y la detención de siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, la investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas detenciones.