Una subida salarial trastoca las cuentas de Patrimonio Nacional y anula los contratos para proteger el Valle de Cuelgamuros y la residencia de La Mareta donde veranea Sánchez

Una subida salarial ha trastocado las cuentas de Patrimonio Nacional, el organismo público dependiente del Ministerio de Presidencia que es el responsable de velar por los bienes que proceden del legado de la Corona española. Patrimonio había presupuestado en dos partidas 12,7 millones de euros y 160.000 euros para contratar seguridad privada para vigilar diez palacios y el Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos). Entre los palacios está La Mareta, la residencia que el rey Hussein de Jordania mandó construir en el municipio de Teguise, en Las Palmas, y que llegó a ser utilizada como destino de vacaciones para la Familia Real española y en la actualidad es usada por los presidentes del Gobierno.

Los dos contratos empezaron a ser licitados en febrero, pero durante su tramitación Patrimonio Nacional se encontró con un problema inesperado: los sindicatos y la patronal del sector de la seguridad privada acordaron firmar el nuevo convenio colectivo para el periodo 2027-2030, que establece una subida salarial total del 16% sobre todos los conceptos económicos que reciben los vigilantes en sus nónimas. El aumento es progresivo: 3,5% en 2027, 4% en 2028, 4% en 2029 y 4,5% en 2030. Es decir, que en ambos casos “el precio/hora utilizado para la determinación del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato no incorpora la actualización retributiva derivada del convenio colectivo aprobado con posterioridad a la preparación inicial del expediente y vigente para la ejecución del contrato”, señalan desde Patrimonio .

Como consecuencia de la aprobación del nuevo convenio, “el precio por hora tomado previsto en la licitación resulta inferior al coste salarial exigible, de modo que la estructura económica recogida en los pliegos no refleja adecuadamente los costes salariales estimados ni garantiza que el precio del contrato sea adecuado para el efectivo cumplimiento de la prestación en los términos exigidos por la legislación contractual”, concluye Patrimonio, que reconoce que con los 12,7 millones y los 160.000 euros presupuestados ya no le llega para que los dos contratos sean rentables para las empresas del sector que estén pensando en presentarse.

En el primer contrato, Patrimonio había fijado un coste por hora de vigilancia que varía entre los 21,56 y los 24,86 euros en función del palacio a vigilar. El contrato está dividido en diez lotes, uno por palacio. El primero corresponde al Palacio Real de El Pardo, la Casita del Príncipe, la Quinta del Duque del Arco y los jardines del Foso, del palacio y de la quinta, todo ello en el Real Sitio de El Pardo (Madrid). El segundo corresponde al monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Casitas del Príncipe y del Infante, sus jardines y parques. El lote 3 es para proteger el Palacio Real de Aranjuez, las dependencias de la Delegación, Casas del Labrador y de Marinos con sus jardines y edificaciones.

El lote 4 es uno de los más extensos, ya que incluye el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, la Casa de las Flores, los jardines y el Jardín del Medio Punto, todos ellos en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, además del Palacio Real de Riofrío y el Real Bosque de Riofrío, todos en Segovia. El Lote 5 es el Cuarto Real Alto en el Real Alcázar, en Sevilla. El Lote 6 es el Palacio Real de La Almudaina en Palma de Mallorca y el Lote 7, el Monasterio de San Jerónimo y los jardines del Monasterio de San Jerónimo en Yuste (Cáceres). La Mareta es el Lote 8, mientras que el 9 es el Monasterio de Santa María la Real, la Ermita de San Amaro, la Iglesia de San Antonio Abad y el Parque de El Parral de las Huelgas, todos ellos en Burgos. Por último, el Lote 10 es el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, en Valladolid.

13 vigilantes en La Mareta

La protección más cara, según las estimaciones de Patrimonio, es el lote 3, el Palacio Real de Aranjuez, que se llevará 2,6 millones de euros en vigilancia los dos próximos años. Eso era lo presupuestado antes de que sindicatos y patronal negociaran un nuevo convenio con una subida salarial del 16%. Ahora habrá que hacer un nuevo cálculo. La Mareta, por ejemplo, tenía unos costes de seguridad de 255.000 euros con 9.100 horas de seguridad en dos años que llevará a cabo un equipo de seguridad de 13 personas. Todos los vigilantes (251 operativos) no podrán llevar armas. Eso sí, deberán ir uniformados, contar con equipos de radiotransmisión portátil para cada uno de los puestos, linternas de largo alcance, detectores manuales de metales, silbato y guantes anticorte, así como espejos de inspección bajo vehículos.

El segundo contrato que ha tenido que ser anulado es el que se había empezado a tramitar para contratar la seguridad del Valle de Cuelgamuros, por el que se pensaba pagar 21,56 euros la hora de vigilancia, un coste que ya no vale desde la negociación de la subida salarial. Hay que recordar que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos está inmersa en un proceso de extinción. Una disolución que no se producirá hasta que entre en vigor un real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros. Mientras tanto, Patrimonio Nacional ejerce las funciones de patronato y representación de la Fundación. El objetivo es que la futura empresa adjudicataria preste 18.400 horas de vigilancia entre 2026 y 2029. En este caso, la plantilla será de cuatro vigilantes de seguridad que no irán armados.