Cerca de 13.000 extranjeros tuvieron problemas para acceder a la sanidad pública: las mujeres latinas son las principales afectadas

La sanidad pública española todavía no es universal. En 2025, cerca de 13.000 personas tuvieron problemas para acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS), en su mayoría mujeres latinoamericanas, que no pudieron tratar sus afecciones de forma adecuada, según la ONG Médicos del Mundo.

La organización ha publicado con motivo del Día Mundial de la Salud su IV Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud, que ha identificado un total de 34.545 casos de barreras de acceso. La imposibilidad de obtener una tarjeta sanitaria, la falta de información adecuada por parte de los sanitarios, las dificultades en el transporte para llegar a los centros de salud o los problemas económicos son algunos de los obstáculos descritos por la organización, que alcanzaron a 12.768 personas.

Las barreras sanitarias afectaron sobremanera a la población femenina, en una proporción de casi tres a uno respecto a los hombres. La mayoría eran mujeres adultas, entre los 18 y los 44 años, y de procedencia latinoamericana, seguidas del norte de África. Si bien la inmensa mayoría de la población excluida del sistema sanitario era extranjera, cerca del 2% tenía la nacionalidad española, pero todavía no podía acceder a la sanidad pública.

“Los datos aportados por este informe no denotan tanto un empeoramiento de la situación, sino la continuidad de un grave problema que las autoridades no están abordando debidamente”, concluyen desde Médicos del Mundo.

El empadronamiento obligatorio, principal barrera sanitaria

Entre los principales motivos que impidieron a estas personas acceder a la sanidad pública española se encuentran las barreras discriminatorias, entendidas como aquellos requisitos legales o administrativos que afectan sobremanera a personas vulnerables. De los 12.826 casos documentados de esta categoría, el principal obstáculo que encontraron las personas extranjeras fue el padrón.

Hasta ahora, el empadronamiento era requisito indispensable para poder disfrutar de la sanidad pública sin tener la nacionalidad. Los extranjeros residentes en España debían estar inscritos al padrón durante tres meses antes de conseguir atención médica, un requisito que se dificultaba ante las trabas administrativas. Según la plataforma Regularización Ya, muchos ayuntamientos imponen requisitos que no son obligatorios para inscribirse al padrón, como contratos de alquiler, visados o permisos de residencia, lo que dificulta el acceso al colectivo migrante.

La falta de información adecuada desde la propia atención sanitaria fue otra de las razones principales que impidieron el acceso a la sanidad pública (12.593), seguidas de las barreras culturales (3.141) y económicas (3.035), que obstaculizaron al colectivo acceder a medicamentos necesarios para tratar su salud. Fueron también importantes las barreras físicas, de las que Médicos del Mundo ha documentado 2.950 casos. Destacan principalmente las dificultades en el transporte para llegar a los centros sanitarios, escenario que afecta especialmente a los asentamientos temporeros. “Al no estar considerados núcleos urbanos, no cuentan con las conexiones necesarias”, explican desde la ONG.

Los horarios de los centros de salud también fueron una importante barrera. “Impide a personas en situación administrativa irregular acudir, ya que no tienen la posibilidad de ausentarse del trabajo sin arriesgarse a perderlo”, apuntan en el informe.

La inacción de las administraciones públicas tuvo un impacto importante sobre la salud de muchas personas vulnerables. “Solo en 2025 hemos documentado 45 casos de cáncer, 65 de enfermedades cardiovasculares, 105 de diabetes, 119 de hipertensión, 70 de VIH, 80 de salud mental grave, 26 de enfermedades respiratorias, 47 de enfermedades degenerativas como esclerosis o alzhéimer, o 29 casos de interrupción voluntaria del embarazo que no han sido debidamente atendidas”, denuncian.

Hacia una sanidad pública universal

Frente a las barreras sanitarias que sufre la población migrante, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo un real decreto que buscaría solventar esta brecha. La nueva normativa permitiría a las personas extranjeras acceder a atención médica con tan solo una declaración responsable en la que manifiesten que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar este derecho de otro país y que no hay un tercero obligado a pagar su asistencia.

Posteriormente, el paciente tendría que demostrar su residencia en España, pero el padrón ya no será el único documento para ello: podrán utilizar certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, facturas de luz, agua, gas o telefonía, documentos de inscripción consular... La asistencia sanitaria se reconocerá desde el momento en el que hagan la solicitud.

Para Médicos del Mundo, se trata de un “primer paso positivo”, pero no suficiente para resolver el problema. La organización pide aprobar el Proyecto de Ley de sanidad universal, actualmente en trámite, que recupere el derecho a la atención sanitaria “a todas las personas que viven de forma efectiva en España, independientemente de su situación administrativa”.