Las afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de mama llevarán a la Junta de Andalucía a los tribunales

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla ha anunciado este lunes que demandará a la Junta de Andalucía para solicitar las indemnizaciones a las afectadas por los fallos en el cribado del cáncer del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La organización inicia los trámites judiciales tras no obtener respuesta efectiva a 160 reclamaciones patrimoniales demandas individuales contra el Gobierno andaluz.

“Demandaremos al Servicio Andaluz de Salud porque la única respuesta que hemos recibido en estos meses a las reclamaciones presentadas ha sido una mera formalidad, un acuse de recibo”, ha indicado Manuel Jiménez, abogado de Amama, en declaraciones a EFE. La organización lleva más de 6 meses esperando que la administración sanitaria responda a las reclamaciones impuestas, un total de 160. Para Jiménez, la Junta estaría “ninguneando” a las afectadas.

“Aquí nadie dice nada, por eso se ha tomado la decisión de ir para adelante en los tribunales con la presentación de las demandas en la vía contencioso-administrativa”, ha concretado. Las demandas se presentarán de forma individual, siendo la primera la de Anabel Cano, en cuyo caso ya se han superado más de seis meses desde la presentación de su reclamación.

El letrado detalló que, además de las reclamaciones ya formuladas, están estudiando otras 40 más, que podrían unirse al resto de casos.

La Fiscalía archiva las denuncias

Por el momento, las afectadas por los fallos en los cribados no han tenido demasiada suerte a nivel judicial. El pasado mes de febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía archivó las denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Junta de Andalucía, al no ver indicios de delito penal en los aforados.

El Ministerio Público había recibido sendas demandas de la asociación El Defensor del Paciente, dieciséis mujeres afectadas y los grupos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida. Entre los señalados por los escritos judiciales, se encontraban el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, quienes ocuparon con anterioridad la cartera de Salud en la Junta de Andalucía. Las denuncias incluían a otras tres personas no aforadas: una ex consejera de Salud, la ex viceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz de Salud.

Las afectadas aludían a errores en el protocolo de detección, insuficiente seguimiento de los casos con resultado BID-Rads 3 —considerados “dudosos” o “no concluyentes” —, falta de información tras la realización de pruebas y ausencia de atención médica o datos de contacto en los registros sanitarios.

Sin embargo, los juristas no apreciaron delito alguno en los hechos y remitieron las diligencias a varias de las fiscalías provinciales, para que el proceso continuase “de forma individual y separada”. En concreto, se destinaron a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde habían sido atendidas las dieciséis mujeres denunciantes. A finales del mes de marzo, las fiscalías provinciales ya habían archivado nueve de las denuncias recibidas: dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga.

El trámite judicial continuaría para otras cinco demandantes, tres vinculadas a casos de la provincia de Sevilla y otras dos presentadas en Málaga, a las que se sumó una nueva denuncia presentada en Almería.