
En Francia, el final de marzo trae algo más que el cambio de estación: marca el fin de la protección contra los desalojos para quienes no tienen un hogar. De un día para otro, muchas familias se ven obligadas a buscar un lugar donde vivir. Este es el caso de Alain Mauduit, que sobrevive con su familia en una caravana a las afueras del bosque de Roumare y enfrenta una incertidumbre total.
Alain, su mujer y sus tres hijos, de 14, 11 años y 18 meses, sobreviven en una caravana estacionada en el bosque, bajo la gestión de la Oficina Nacional Forestal. Antes vivían en un departamento social en Canteleu, que abandonaron por insalubridad. Tras una breve estancia en la casa del padre de Alain, terminaron en el bosque sin opciones reales de vivienda.
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Durante más de diez meses han compartido apenas unos metros cuadrados. “En el dormitorio de la caravana, mis dos hijos mayores duermen juntos, y mi mujer, el pequeño y yo dormimos en el sofá cama, donde antes estaba la mesa. Hicimos una cama porque no nos quedaba otra. Cuando llueve, comemos en el sofá”, relata Alain al medio France Bleu.
La precariedad se refleja en lo cotidiano. “Si no tengo gasolina para el generador, no hay electricidad ni calefacción”, explica. Para poder ducharse dependen de la ayuda de una amiga: “Ella nos ayuda porque conoce nuestra situación”.
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El impacto emocional es fuerte, especialmente en los más pequeños. “Tenían su habitación, su cama, sus juguetes… lo hemos perdido todo. Hacerles pasar por esto no es vivir, pero no teníamos otra opción”, confiesa Alain.
Con el fin de la protección, la presión aumentó de inmediato. Un agente de policía advirtió a su pareja: “Tienen que irse, porque si no, vendrán con un camión a llevarse la caravana y destruir todo lo que hay dentro”. Alain planea mover la caravana a otro estacionamiento para evitar que se la lleven. “Es todo lo que tengo, no tengo nada más”, afirma.
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Obstáculos para acceder a una vivienda social
La familia sobrevive con la prestación mínima francesa, el RSA, que alcanza los 1.400 euros al mes, mientras se enfrenta a una deuda de 7.000 euros con Habitat 76, la empresa de vivienda social donde residían anteriormente. Esta carga económica les impide acceder a una vivienda estable.

Por su parte, la diputada de La France Insoumise por Seine-Maritime, Alma Dufour, sigue de cerca el caso y denuncia la existencia de viviendas sociales vacías en el municipio. “Es absolutamente escandaloso. La mayoría de estas viviendas pertenecen a Habitat 76, por lo que estoy indignada con el ayuntamiento y con el departamento de Seine-Maritime”, sostiene.
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Sin embargo, el municipio no gestiona directamente las viviendas sociales, que dependen de una organización financiada por el departamento de Seine-Maritime. Mientras tanto, la asociación La Case Départ intentó colaborar para encontrar alojamiento a la familia, pero la deuda bloqueó cualquier avance.
Dufour también se ofreció a acoger a la familia en su propia casa y exige una solución inmediata. “Hay que sacarlos de la calle. No se puede permitir que situaciones así queden sin respuesta mientras hay viviendas vacías”, reclama.
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