El acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española: indemnizarán a las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia por delitos que ya han prescrito

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, se reunirá mañana con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, para consolidar el acuerdo que indemnizará a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Esta iniciativa también involucra al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y al presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.

El acto está programado para que la firma tenga lugar a las 11:00 de la mañana en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid. Esta iniciativa responde a una de las demandas más persistentes de las asociaciones de víctimas, que reclaman un sistema de reparación para quienes no pueden tener justicia mediante la vía judicial; ya sea por la prescripción del delito o por el fallecimiento del agresor.

El acuerdo concluye, así, el compromiso asumido por las partes en enero de este año para establecer un mecanismo específico de reparación. El protocolo se gestionará a través del Defensor del Pueblo y será financiado íntegramente por la Iglesia.

Cómo afecta esto al plan Priva

Aun así, según ha asegurado la CEE, el nuevo sistema “no sustituye sino que complementa” el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva), operativo desde 2024 y concebido como respuesta institucional para atender a quienes sufrieron abusos sexuales dentro de la Iglesia. La diferencia clave radica en que el plan mixto Iglesia-Estado permite a las víctimas elegir una vía independiente y ajena a las comisiones eclesiásticas, una opción que varias asociaciones venían reclamando desde hace años.

El protocolo determina que la persona afectada podrá presentar su solicitud ante una unidad específica del Ministerio de Justicia, que remitirá el expediente a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Este organismo analizará el caso y formulará una propuesta de reparación que podrá incluir medidas simbólicas, restaurativas, espirituales o económicas, ajustándose a los deseos y necesidades expresadas por la víctima.

No obstante, “una persona que ha ido al plan Priva, no puede ahora volver al plan del Gobierno, es una puerta de entrada nueva a un proceso ya creado”, han recalcado fuentes de la CEE a EFE. De este modo, las víctimas que ya aceptaron el dictamen de Priva quedan fuera de este nuevo circuito, en un intento de evitar dobles indemnizaciones o reclamaciones duplicadas.

¿Y si no hay un consenso entre las partes?

La propuesta del Defensor del Pueblo será evaluada posteriormente por la comisión asesora de Priva, que emitirá un informe vinculante si hay acuerdo entre ambas partes. En cambio, si la persona solicitante o la comisión de Priva no están conformes con la propuesta, se convocará una Comisión Mixta, en la que participarán representantes de asociaciones de víctimas, con el objetivo de alcanzar un consenso unánime. En caso de persistir el desacuerdo, la resolución definitiva recaerá en el Defensor del Pueblo.

El proceso de negociación para la firma de este protocolo ha atravesado varias fases, según ha reconocido la propia CEE el pasado 19 de marzo, cuando admitió la existencia de “algunos flecos” pendientes para cerrar el acuerdo y expresó su confianza en lograrlo “en una o dos semanas”. Con la rúbrica de este lunes, el Gobierno y la Iglesia buscan responder a una demanda social que se intensificó tras la publicación de numerosos casos de abusos y la presión de colectivos de víctimas.