Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

El empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu ha sido detenido por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra y por orden de la Audiencia Nacional. Según ha adelantado El Mundo, el arresto ha sido posible por la colaboración de las autoridades de Francia y Suiza, que aportaron información sobre las operaciones financieras investigadas. La Fiscalía Anticorrupción considera a Baca una figura clave en la trama, especialmente en las operaciones de préstamo a la aerolínea española de capital venezolano Plus Ultra, realizadas en plena pandemia para paliar los problemas de liquidez de la compañía.

La detención de Baca Arubulu se ha producido después de que su nombre apareciera junto al de su hermano en una querella inicial de Anticorrupción, que fue rechazada en un primer momento. Desde entonces, el empresario ha colaborado con las autoridades suizas y francesas, acudiendo a declarar cuando se le ha requerido en el marco de investigaciones abiertas en ambos países. Ahora, Baca ha quedado a disposición del titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que asumió la causa tras la abstención del juez inicialmente asignado. Las fuentes consultadas apuntan que la intención del empresario es facilitar su extradición a España para colaborar con la justicia, siguiendo la línea mostrada en otras jurisdicciones.

En proceso los trámites para su extradición

El juzgado español ha iniciado los trámites de extradición para que Baca pueda declarar en España. El Ministerio Público le atribuye el lavado de fondos de origen ilícito a través de operaciones inmobiliarias y préstamos concedidos a Plus Ultra. Según la investigación, junto a Baca, el financiero Simon Leendert Verhoeven facilitó a la aerolínea 1,3 millones de euros mediante sociedades offshore radicadas en Suiza y Reino Unido.

El sumario, que sigue bajo secreto tras una reciente ampliación, apunta a que los imputados, entre ellos los máximos responsables de Plus Ultra, reintrodujeron en el circuito legal fondos de origen ilícito a través de estos préstamos. Los fondos, con intereses del 9%, fueron devueltos usando parte del rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno español durante la pandemia. Por este motivo, se investiga la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales con utilización de fondos públicos.

Entre los investigados figura también Julio Martínez Martínez, asesor externo de Plus Ultra, que fue detenido en el marco de la misma causa. En el registro de su domicilio se intervinieron entre 300.000 y 400.000 euros en efectivo. Martínez fue contratado por la aerolínea para negociar ante las autoridades venezolanas el aplazamiento de una deuda de combustible y la agilización de trámites operativos. Por estos servicios, recibió entre 600.000 y 700.000 euros, de los que transfirió 660.000 euros a un expresidente del Gobierno y a la empresa de marketing digital de sus hijas, justificando estos pagos como contraprestación por labores de asesoría.

Martínez sostiene que no tiene relación con los préstamos investigados, defiende la legalidad de sus servicios de consultoría y desvincula al dirigente socialista mencionado de cualquier irregularidad. La instrucción judicial continúa bajo secreto y la investigación sigue analizando el recorrido de los fondos y las operaciones financieras de Plus Ultra y su entorno.

El caso Plus Ultra sigue abierto mientras las autoridades revisan los movimientos de capital relacionados con la aerolínea, las sociedades empleadas para canalizar los fondos y los distintos contratos de consultoría vinculados a su gestión. El avance de la causa dependerá de la colaboración internacional y del análisis de la documentación intervenida, así como de las nuevas declaraciones que se produzcan tras la extradición de los implicados.

El procedimiento, que implica a directivos de Plus Ultra y a varios empresarios y financieros, mantiene el foco en la presunta utilización de préstamos y operaciones inmobiliarias para blanquear fondos sospechosos, con la particularidad de que parte de esos fondos provienen del rescate público concedido durante la pandemia. Las diligencias judiciales permanecen bajo secreto a la espera de nuevos avances en la instrucción.