La justicia confirma que el concurso público para una plaza de operario de cementerio en Vic es nulo: la exigencia de saber catalán es “desproporcionada”

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la anulación de las bases del concurso promovido por el Ayuntamiento de Vic para cubrir una plaza de operario de cementerio, tras considerar desproporcionado exigir el nivel B2 de catalán para este puesto, según ha informado este viernes la Agencia EFE.

La organización Convivencia Cívica Catalana celebró la decisión, valorando que la sentencia es “especialmente contundente al señalar que elevar artificialmente el nivel de catalán exigido, sin justificación funcional, constituye una restricción ilegítima del acceso al empleo público”. Añadió que la resolución no responde a una simple irregularidad administrativa, sino a “una vulneración directa de derechos fundamentales”.

El pronunciamiento del TSJC se produce después de rechazar un recurso del Ayuntamiento de Vic contra la resolución emitida en octubre por un juzgado de Barcelona, que ya había estimado que exigir el B2 de catalán para una labor “manual que no requiere interacción lingüística” era “discriminatorio” y carente de proporcionalidad.

En su argumentación, el TSJC respaldó que el juzgado de Barcelona “aborda de forma completa y con rigor sustantivo el debate que enfrenta a las partes”, incidiendo en la ausencia de proporcionalidad en la demanda de conocimiento del catalán para este cargo.

Los chóferes y los cocineros tampoco necesitan ser bilingües

Esta no es la única polémica similar de esta semana. El martes, el Parlament de Cataluña anunció que presentará un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha eliminado la obligación de acreditar el nivel B2 de catalán para los aspirantes a los puestos de chófer de la Cámara. El presidente de la institución, Josep Rull, ha defendido esta posición como un paso en defensa de la normalidad lingüística y ha cuestionado las motivaciones de la resolución judicial.

También ha advertido de que esta sentencia podría tener consecuencias para la Generalitat, ya que “abre una vía que genera una inseguridad extraordinaria”. Por ello, ha anunciado que abordará la cuestión con el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para coordinar acciones en este terreno. “Lo que queremos es un país normal, donde sus trabajadores públicos puedan utilizar las lenguas, la lengua propia del país, con normalidad”, ha enfatizado Rull, quien ha añadido que la resolución no debe pasar desapercibida por su alcance.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha considerado suficiente un conocimiento de catalán de nivel B1 para quienes opten a las plazas de chófer del Parlament. Rull, en cambio, ha subrayado que los procesos selectivos en la Cámara han seguido la normativa vigente, y ha calificado la decisión del TSJC de “sentencia que tiene más elementos políticos que jurídicos”. Además, el mandatario autonómico ha recordado que solo el 6% de las resoluciones judiciales dictadas en Cataluña en 2024 fueron redactadas en catalán, según sus propios datos.

Y estas controversias no son exclusivas del Parlament, pues en los últimos meses han proliferado fallos en la misma dirección. Recientemente, el propio TSJC ha declarado improcedente el despido de un cocinero del Ayuntamiento de Barcelona, al considerar desproporcionado exigir el nivel B2 de catalán para un puesto sin atención al público, argumentando que no superar una prueba lingüística no es un motivo suficiente para perder el empleo.

*Con información de EFE