El Gobierno ha logrado el apoyo de UGT, CCOO y CSIF para aplicar el recorte de la jornada hasta las 35 horas semanales en la Administración central, según ha adelantado El País. Se prevé que el texto, que ya cuenta con el respaldo de los tres principales sindicatos, se firme durante la mesa de negociación de la Administración General del estado (AGE) convocada para este viernes. El acuerdo, que beneficiará a unos 250.000 funcionarios españoles, entrará en vigor en la primera mitad del mes de abril, según ha concretado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
La medida, que sigue el ejemplo de varias comunidades autónomas donde ya está vigente para los empleados públicos, requerirá la colaboración de todos los ministerios y se hará en acuerdo con las organizaciones sindicales. La iniciativa pretende igualar las condiciones laborales de los empleados públicos a nivel estatal y responde a una demanda histórica de los sindicatos. El Gobierno, por su parte, confía en que la medida mejore el bienestar laboral en la función pública y garantice una aplicación ordenada gracias al consenso alcanzado con los representantes sindicales.
Durante la última reunión para negociar la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), UGT fue el primero en dar su visto bueno al acuerdo. CCOO, por su parte, optó por estudiar en detalle la propuesta antes de pronunciarse, y finalmente comunicó su apoyo en una reunión interna celebrada al día siguiente.
El respaldo de CSIF estaba supeditado a que la medida incluyera a trabajadores con jornadas especiales y a colectivos concretos, como el personal de instituciones penitenciarias y los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. El sindicato, que decidió su veredicto sobre la propuesta en una reunión interna celebrada ayer, reclamaba al Gobierno que la reducción horaria se aplique sin excepciones en todos los sectores afectados dentro de la AGE.
Una demanda sindical histórica
Actualmente, la jornada laboral del personal de la Administración General del Estado permanece en 37,5 horas semanales, una cifra que contrasta con la realidad de muchas administraciones autonómicas y locales que, desde los años noventa, han avanzado hacia la jornada de 35 horas. En el ámbito estatal, la reducción nunca se aplicó de manera plena, y la crisis financiera de 2012 agravó la situación, ya que los recortes impidieron tanto el mantenimiento como la implantación de la jornada reducida en todas las administraciones públicas.
La prohibición de establecer jornadas inferiores a las 37,5 horas continuó vigente hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en 2018. Desde entonces, diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos comenzaron a recuperar progresivamente la jornada de 35 horas. Sin embargo, la Administración General del Estado había quedado excluida de esta recuperación hasta la actualidad.
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