El Parlament quiere que sus chóferes tengan un B2 de catalán y recurre la sentencia que lo había rechazado: “Queremos un país normal”

El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ha comunicado que la institución recurrirá en casación la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dejó sin efecto la obligatoriedad de acreditar un nivel B2 de catalán para optar a puestos de chófer en la Cámara.

En declaraciones realizadas este martes y recogidas por Europa Press, Rull ha sostenido que el Parlament ha actuado conforme a la normativa vigente en sus procesos selectivos, y ha censurado que se trata de una “sentencia que tiene más elementos políticos que jurídicos”.

El tribunal entiende que, dadas las funciones del puesto, es suficiente con un nivel más básico de catalán, concretamente el B1. Sin embargo, Rull ha defendido que existe una categoría concreta de chóferes de representación a quienes “se les debe exigir este nivel un poco más avanzado de catalán”.

“Queremos un país normal”

Asimismo, ha avanzado que la Mesa del Parlament impulsará cambios en los Estatutos de régimen y gobierno interior (Ergi) con el objetivo de reforzar la posición de la Cámara, recordando que estos estatutos tienen rango de ley.

Rull ha admitido que no es optimista respecto al resultado del recurso de casación, y ha reiterado que “en este ámbito de la lengua, la justicia se está moviendo en criterios políticos y no jurídicos”, lo que, a su juicio, supone una mala noticia para Cataluña.

También ha advertido de que esta sentencia podría tener consecuencias para la Generalitat, ya que “abre una vía que genera una inseguridad extraordinaria”. Por ello, ha anunciado que abordará la cuestión con el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para coordinar acciones en este terreno. “Lo que queremos es un país normal, donde sus trabajadores públicos puedan utilizar las lenguas, la lengua propia del país, con normalidad”, ha enfatizado Rull, quien ha añadido que la resolución no debe pasar desapercibida por su alcance.

Por último, ha señalado que “tiene un punto de sarcasmo que aquel ámbito donde hay una vulneración más clara y evidente de los derechos lingüísticos, que es la justicia, señale justamente al Parlament por una supuesta vulneración de derechos lingüísticos”. En este sentido, ha recordado que en 2024 únicamente el 6% de las resoluciones judiciales en Cataluña se dictaron en catalán, según sus datos.

El conflicto lingüístico del Parlament

La controversia sobre el requisito del catalán en las plazas de chófer del Parlament tiene su origen en una impugnación de las bases del concurso público, promovida por la entidad Convivencia Cívica Catalana y respaldada por la Fiscalía Superior de Cataluña, que ya consideró “desproporcionado” exigir un nivel B2 para este tipo de funciones.

El debate jurídico gira en torno a si el nivel intermedio de catalán es adecuado para puestos que no implican necesariamente una atención lingüística compleja. En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha venido sosteniendo en otros casos similares que imponer un B2 puede resultar excesivo cuando las tareas no requieren un uso intensivo del idioma.

De hecho, en los últimos meses se han producido varias resoluciones en la misma dirección. Por ejemplo, el TSJC declaró improcedente el despido de un cocinero del Ayuntamiento de Barcelona al considerar que exigir ese nivel de catalán era desproporcionado para un puesto sin atención al público, subrayando que no superar una prueba lingüística no puede justificar por sí sola la pérdida del empleo.