
El 1 de abril hay fecha de mudanza. Una casa nueva, cerca de un polideportivo, con zonas verdes alrededor y llaves entregadas por el ayuntamiento. Nathan y Catherine hacen cajas mientras esperan. No es un comienzo, todavía no. Pero sí una promesa. No obstante, sus hijos no estarán allí.
Tienen 6 y 8 años. Llevan cuatro meses en un hogar de acogida. Desde el 20 de noviembre de 2025, cuando todo cambió tras una intoxicación por setas. Desde entonces, la custodia quedó suspendida. En el expediente no consta ningún episodio de violencia ni maltrato.
Fue en el centro de Italia, en Palmoli, provincia de Chieti. Allí vivía la familia en el bosque hasta que intervinieron los servicios sociales.
El día que todo volvió a romperse
El 6 de marzo debía ser un día clave. Comenzaban las evaluaciones psicológicas ordenadas por el tribunal. La perito, la psiquiatra Simona Ceccoli, iba a realizar las pruebas en el propio centro, con la presencia del psiquiatra Tonino Cantelmi, por parte de la defensa.
Pero ese mismo día llegó otra orden. El Juzgado de Menores de L’Aquila decidió expulsar a la madre del centro y trasladar a los niños a otro distinto, separados de ella. “Hay una orden judicial tan delicada que, justo en medio de la consulta, decidió separar a los niños de su madre”, dijo el abogado Marco Femminella.
“Es una decisión que nos aterra. Esto es una escalada de gravedad enorme y absurda”, añadió la psicóloga Marina Aiello, al periódico italiano Il Messaggero.

Lo que dicen los jueces
El tribunal sostiene otra versión. En la orden recoge testimonios de educadores del centro: Catherine “suele ser hostil y desdeñosa, burlándose de nuestros intentos de llegar a un acuerdo”. Y concluye: “La presencia persistente y constante de la madre obstaculiza seriamente las intervenciones previstas y resulta perjudicial para el equilibrio emocional y la educación de los menores”.
La reacción institucional no se hizo esperar. Marina Terragni, Defensora del Pueblo para la Infancia en Italia, pidió suspender la medida. Recordó que una evaluación sanitaria independiente ya había detectado “angustia y sufrimiento” en los niños y recomendaba “fomentar y restablecer una sensación de rutina, garantizando la continuidad de los lazos familiares”.
La nueva decisión, dijo, va “en la dirección opuesta”, añadiendo “el trauma adicional de ser separados no solo de su padre, sino también de su madre”.
La política entra en escena
El caso saltó también al debate político. La primera ministra, Giorgia Meloni, reaccionó en redes sociales: “Las últimas noticias sobre la familia Trevallion me dejan sin palabras”. Habló de una “absurda cadena” de decisiones con “claro sesgo ideológico” y defendió que “los niños no pertenecen al Estado: pertenecen a sus madres y padres”.
La defensa ha abierto otro frente. Ha solicitado la recusación de una colaboradora de la perito judicial, Valentina Garrapetta, por varios mensajes publicados en redes sociales tras la retirada de los niños. En uno de ellos escribió: “El exótico cuento de hadas de la familia del bosque terminó así: con una casa de campo gratuita”. En otro: “Dejémosnos trabajar en paz. Charlatanes”.
Cantelmi lo resumió así: “Como ciudadano, estoy consternado e indignado; como profesional, estoy incrédulo”. Mientras tanto, la vida de los padres sigue en pausa. El 1 de abril, la pareja dejará el bed and breakfast en el que ha vivido estos meses y se instalará en la vivienda municipal. No hay coste: la cesión es gratuita.
Los abogados insisten en que tener un hogar estable es clave para recuperar la custodia. Los informes, dicen, ya reconocen en el padre “plena capacidad parental”. Sin embargo, el asesoramiento psicológico de los niños está suspendido desde el 6 de marzo.
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