Juanma Lorente, abogado: “Hay tres formas de vigilarte en tu trabajo y una es ilegal”

En un entorno laboral cada vez más digitalizado, la vigilancia en el trabajo se ha convertido en un tema habitual que genera dudas entre empleados y empresas. El uso de cámaras, dispositivos electrónicos y otras herramientas de control plantea una cuestión clave: hasta qué punto puede una empresa supervisar la actividad de sus trabajadores sin vulnerar sus derechos. En este contexto, el abogado Juanma Lorente ha explicado cuáles son las principales formas de control y cuál de ellas puede ser claramente ilegal.

Una de las fórmulas más extendidas es la videovigilancia mediante cámaras instaladas en el centro de trabajo. Este sistema es completamente legal siempre que se cumplan ciertos requisitos. El más importante es que el trabajador esté informado de su existencia. Las cámaras suelen colocarse por motivos de seguridad, como prevenir robos o controlar accesos, pero también pueden utilizarse para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Eso sí, no pueden instalarse en lugares sensibles como vestuarios o baños, donde se vulneraría directamente la intimidad del empleado.

Otra vía de control habitual tiene que ver con el uso de herramientas digitales proporcionadas por la empresa. Ordenadores, teléfonos móviles o correos corporativos pueden ser supervisados por la compañía, ya que son instrumentos de trabajo. En este sentido, el empresario tiene derecho a revisar la actividad que se realiza con estos dispositivos para asegurarse de que se están utilizando con fines profesionales. Esta práctica entra dentro de lo que se considera un control legítimo, especialmente cuando existe una política interna clara sobre su uso.

Sin embargo, aquí aparece un matiz importante. Si el trabajador utiliza esos dispositivos también para cuestiones personales, la situación puede volverse más compleja. La línea entre lo profesional y lo privado se difumina, y cualquier revisión debe respetar ciertos límites para no vulnerar derechos fundamentales. Por ello, muchas empresas optan por establecer normas internas que prohíben el uso personal o lo limitan, dejando claro hasta dónde puede llegar ese control sobre los dispositivos de trabajo.

El uso de micrófonos en la oficina

La tercera forma de vigilancia es la más polémica y, según explica el abogado, la que en la mayoría de los casos resulta ilegal: el uso de micrófonos para grabar conversaciones. A diferencia de las cámaras, que pueden estar justificadas en determinados contextos, la captación de audio supone una intromisión mucho más intensa en la privacidad del trabajador. Grabar lo que dicen los empleados, ya sea a través de cámaras con sonido o dispositivos ocultos, vulnera derechos fundamentales como la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

Solo en situaciones excepcionales, muy justificadas y con requisitos legales estrictos, podría llegar a plantearse el uso de este tipo de medidas. Pero en la práctica, estos casos son extremadamente raros. Colocar micrófonos en una oficina, debajo de una mesa o en cualquier espacio de trabajo con el objetivo de escuchar conversaciones es una actuación que puede ser denunciada y sancionada. El trabajador, en estos casos, tiene derecho a reclamar y a exigir la retirada de estos dispositivos.

Este tipo de prácticas genera una sensación de desconfianza que puede afectar directamente al clima laboral. Sentirse constantemente vigilado, especialmente a nivel de conversaciones privadas, puede provocar estrés, incomodidad y una pérdida de confianza en la empresa. Por eso, la legislación intenta encontrar un equilibrio entre el derecho del empresario a controlar la actividad laboral y el derecho del trabajador a mantener su intimidad personal.

Además, el avance de la tecnología ha ampliado las posibilidades de control, lo que hace aún más necesario conocer los límites legales. Muchas veces, los trabajadores no son conscientes de hasta dónde puede llegar la empresa ni de cuándo se están sobrepasando esos límites. Esta falta de información puede provocar que se acepten prácticas que no deberían ser toleradas en ningún caso.