El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto ley con un amplio paquete de medidas económicas destinado a paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, con especial atención en la contención de los precios de la energía y los carburantes y en la protección de los colectivos más vulnerables.
El núcleo del plan es la rebaja fiscal para los productos energéticos, con la que el Ejecutivo reducirá del 21% al 10% el IVA aplicado a los carburantes, “el mínimo que permite la Unión Europea”, según Sánchez, lo que supondrá un coste de unos 30 céntimos menos por litro. De acuerdo con los cálculos del Gobierno, esta reducción se traducirá en un descuento medio de 20 euros por depósito para el repostaje de un vehículo.
El paquete incluye también la rebaja al 10% del IVA en la electricidad, gas natural y pellets, y acompañará esta medida con un recorte del impuesto especial de hidrocarburos y la congelación del precio máximo del butano y el propano. Además, suprimirá el impuesto del 7% a la generación eléctrica (que recae sobre las empresas) y eliminará el impuesto especial de la electricidad del 5% que actualmente pagan los consumidores. En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha explicado que el Gobierno reducirá “en un 60%” los impuestos sobre la electricidad.
Con este cambio de enfoque, el Gobierno abandona la bonificación universal de 20 céntimos por litro aplicada durante la anterior crisis energética, al considerar que generó distorsiones en el mercado. En su lugar, opta por ayudas focalizadas en los sectores más afectados. Así, los transportistas se beneficiarán de un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el gasóleo profesional, mientras que los sectores agrario, ganadero y pesquero contarán con una ayuda equivalente para su combustible y fertilizante. También se prevén ayudas directas por vehículo para aquellos transportistas que no acceden a devoluciones fiscales.
Además, el Gobierno ha anunciado bonificaciones del 80% en los peajes eléctricos para las industrias electrointensivas, que supondrá un ahorro de unos 200 millones de euros para estos sectores. También se establecerá por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético para favorecer la actividad económicas de pequeñas empresas y autónomos.
Apoyo para las familias más vulnerables
El decreto refuerza asimismo el denominado escudo social, un paquete de medidas de protección para hogares vulnerables cuya convalidación tumbó la oposición en el Congreso recientemente por incluir, entre otros, la prórroga de alquileres que reclama Sumar para el actual paquete. Entre las medidas incluidas esta vez figura la prórroga hasta diciembre de 2026 del bono social eléctrico, con mayores descuentos para consumidores vulnerables, y la garantía de suministro de agua y energía para evitar cortes en los hogares con menos recursos.
El paquete también introduce mecanismos de control y supervisión del mercado energético para evitar subidas especulativas o desorbitadas en los precios de gasolina y gasoil. En este sentido, se refuerzan las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recabar información de los operadores y vigilar la evolución de los precios de los carburantes.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo planea prohibir los despidos por causas objetivas relacionadas con la crisis en las empresas que reciban ayudas públicas, según ElDiario.es. La iniciativa tiene como objetivo blindar el empleo y evitar despidos en masa por el impacto económico de la guerra en las empresas, para las que la cartera recuerda que los ERTE siguen estando disponible como medida de regulación de la plantilla.
Medidas para reforzar la transición energética
Volviendo al ámbito fiscal, el Ejecutivo recupera la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos e incorpora incentivos para la rehabilitación energética de viviendas. A ello se suma la prohibición de despedir en empresas que reciban ayudas públicas en el marco de este plan, enfocado en fortalecer la transición hacía fuentes de energía alternativas en medio de una crisis provocada en gran parte por la escalada de precios del petróleo.
Por último, el decreto incluye medidas estructurales adicionales orientadas a acelerar la transición energética. Se simplifican los procedimientos administrativos para proyectos de energías renovables, se impulsa el desarrollo de sistemas de almacenamiento y se facilita el autoconsumo compartido en ámbitos urbanos e industriales con incentivos fiscales. Asimismo, se pone en marcha un programa de apoyo a cooperativas energéticas y se prevé reservar parte de la capacidad en futuras subastas para iniciativas de carácter local o comunitario.
Las medidas de vivienda queda fuera del plan
Por el contrario, el Gobierno ha confirmado que el decreto económico no incluirá la prohibición de desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente. Tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han explicado que estas medidas no cuentan con suficiente apoyo parlamentario.
La exclusión de estas iniciativas ha amenazado con bloquear la tramitación del decreto según lo esperado, al haberse conocido hoy que los miembros de Sumar se han negado a participar en el Consejo de Ministros extraordinario si no se contempla esta medida o las dirigidas a limitar los márgenes empresariales en momentos de crisis. Finalmente, la reunión se ha celebrado con dos horas de retraso y el Ejecutivo ha logrado un acuerdo separando en dos decretos las medidas anticrisis (que incluyen límites a los márgenes de las empresas) y las iniciativas en materia de vivienda, en las que se suma a la prórroga de contratos un régimen jurídico específico para los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública.
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