Los agricultores se defienden de los fondos buitre: “España tiene dos años para evitar que Wall Street se adueñe del carbono de sus campos”

La agricultura de carbono en España enfrenta nuevas amenazas con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/3012, que introduce por primera vez un marco europeo armonizado de certificación voluntaria para las absorciones de carbono en suelos agrícolas. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG ), el auge del mercado de créditos de carbono, sumado a la ausencia de salvaguardas regulatorias sólidas, pone en riesgo el modelo profesional y social de la agricultura española

“España tiene dos años para evitar que Wall Street se adueñe del carbono de sus campos”, señalan ante el riesgo que supone facilitar la entrada de fondos de inversión y plataformas privadas que buscan transformar la tierra en un activo financiero. Según COAG, que actores externos, especialmente entidades ajenas a la agricultura, adquieran tierras para generar ingresos mediante créditos de carbono y ayudas de la PAC origina una presión creciente sobre el precio de la tierra y los alquileres rurales.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Esta dinámica amenaza la viabilidad de la agricultura familiar, dificulta el relevo generacional y compromete la producción alimentaria, según explica COAG en el informe elaborado para la European Climate Foundation. El texto señala que los créditos agrícolas en el mercado voluntario español se sitúan entre 15 y 35 euros por tonelada de CO₂, muy por debajo de la francesa, que alcanza los 30 y 40 euros por tonelada.

Por qué los fondos de inversión suponen una amenaza para el campo

La entrada de fondos de inversión en el sector agrario, incentivada por el potencial de los créditos de carbono y las ayudas PAC, implicaría que la tierra deje de concebirse como recurso productivo y pase a entenderse como un activo lucrativo para agentes sin vinculación al mundo rural.

Al igual que ha ocurrido con el mercado de la vivienda desde la entrada de fondos y multinacionales, este proceso facilitaría un incremento generalizado en los precios de las fincas agrícolas y de los arrendamientos, agravando la exclusión de la agricultura familiar y favoreciendo la concentración de la propiedad en manos de grandes operadores financieros.

Según ha destacado COAG, hasta el momento el mercado voluntario español es aún incipiente y fragmentado, pero la organización ha detectado “movimientos estratégicos por parte de plataformas privadas”, que han empezado a emitir los primeros créditos agrícolas, orientando su actuación a explotaciones de gran tamaño y modelos extensivos, especialmente cerealistas, con superficies medias superiores a 100 hectáreas.

Ante esta situación, la agricultura familiar, que opera en explotaciones de superficie media de 25 hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU), queda especialmente expuesta como consecuencia de la falta de regulación y el retraso en la elaboración de metodologías específicas de certificación, previstas por la Comisión Europea para completarse entre 2026 y 2028. Por el contrario, los actores más potentes refuerzan su posición, lo que termina marginando a los pequeños y medianos agricultores, que enfrentan mayores obstáculos para acceder a los nuevos mercados.

Además, la organización destaca que la falta de un mecanismo público de certificación -similar al Label Bas-Carbone francés-, y la fragmentación administrativa entre el Estado, comunidades autónomas y entidades privadas, multiplican la exposición de la tierra agrícola española al capital especulativo. Por ello, piden mayor transparencia y trazabilidad en los procesos de compraventa, además de la protección del modelo de agricultura social, para evitar una financiarización nociva del campo.

Cómo evitar la entrada de fondos especulativos

Para frenar la entrada de fondos de inversión y proteger la función social de la agricultura, COAG propone una batería de medidas regulatorias concretas orientadas a blindar el acceso a la tierra y garantizar que el sistema de certificación de carbono beneficie directamente a los agricultores profesionales y familiares.

En primer lugar, plantea que el acceso a la certificación de créditos de carbono se condicione a la figura del agricultor activo o genuino, conforme a la definición regulatoria europea: “Proponemos que el acceso a la certificación de carbono agrícola bajo el Reglamento 2024/3012 esté reservado a agricultores activos o, preferiblemente, genuinos en el sentido regulatorio, y que quienes no cumplan esta condición no tengan acceso a la certificación”.

En la misma línea, recaman que las actividades relacionadas con el carbono deben ir necesariamente ligadas a la producción alimentaria real: “No deben poder certificarse absorciones derivadas del mero abandono productivo o de la conversión de superficies de uso alimentario en monocultivos destinados exclusivamente a la generación de créditos de carbono”.

La tercera propuesta de la organización es impulsar la certificación colectiva para que cooperativas y organizaciones agrarias gestionen certificaciones grupales, lo que facilitaría el acceso a los pequeños propietarios y disminuiría los costes fijos de verificación y auditoría. Además, señala que los costes asociados a la certificación deben ser proporcionales a la superficie o el volumen de absorción que se gestione, evitando tarifas estándar que penalicen a la agricultura familiar.

Respecto a la transparencia, COAG reclama fortalecer los bancos de tierras autonómicos y los registros oficiales con herramientas que permitan rastrear el impacto de la agricultura de carbono sobre el precio de la tierra y los movimientos especulativos. Además, exige que se excluya del diseño y aplicación de las metodologías de certificación a los fondos de inversión y entidades que no estén vinculadas al campo.

Cambios en el reglamento y las políticas públicas

El informe de COAG hace especial referencia al papel de las políticas públicas. En concreto, reclama la articulación efectiva de la certificación de carbono, del sistema de ayudas de la PAC y de los instrumentos nacionales de política climática para beneficiar al agricultor profesional y familiar. Entre sus demandas destacan la creación de una autoridad nacional de coordinación que agrupe competencias hoy dispersas y asegure la transparencia de los procedimientos de certificación.

Otra exigencia clave es la aplicación de pagos por resultados climáticos, complementarios a los eco-esquemas de la PAC, junto con seguros, fondos de garantía colectiva o mecanismos de fuerza mayor para amparar a los agricultores ante eventos extremos como sequía, incendios o inundaciones, que puedan invertir la captura de carbono de manera involuntaria.

La organización también reclama que los contratos entre agricultores y plataformas de certificación estén sujetos a un marco de protección mínimo para prohibir cláusulas abusivas y asegurar transparencia en el reparto de ingresos y en la fijación de precios por crédito de carbono. Además, señalan la urgencia de crear un instrumento público de certificación de carbono agrario, que canalice la oferta y la demanda bajo criterios claros de trazabilidad y evitar así la dependencia de estándares privados o extranjeros.