
El Tribunal Militar Central de Madrid ha confirmado la sanción disciplinaria grave contra un subteniente, declarado responsable de informar servicios ficticios y ausentarse de su puesto en el cuartel de la Guardia Civil de Ribadavia (Ourense). La resolución rechaza la apelación del agente y valida la suspensión de funciones con pérdida de 36 días de haberes, es decir, de empleo y sueldo.
El caso tiene su origen en la primavera de 2022, en el cuartel de la Guardia Civil de Ribadavia, donde un subteniente con años de servicio comenzó a levantar sospechas entre sus propios compañeros. Sobre el papel, su actividad parecía rutinaria: jornadas de mando, tareas administrativas y gestiones propias del puesto, pero algo empezó a no cuadrar. Las papeletas de servicio reflejaban una normalidad que, según relatarían después varios agentes, no se correspondía con lo que realmente ocurría en el acuartelamiento.
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El primer indicio relevante se sitúa el 16 de mayo de ese año. Aquel día, el subteniente tenía asignado un servicio en horario de mañana y nada hacía prever irregularidades hasta que varios guardias civiles coincidieron en un pequeño detalle: nadie le vio. Ni en su puesto, ni entrando o saliendo del cuartel, ni siquiera su vehículo apareció en las inmediaciones. Aun así, al día siguiente, el parte de servicio fue cumplimentado como si la jornada se hubiera desarrollado con total normalidad, sin mención alguna a incidencias o ausencias.
Trabajando y en un evento deportivo a la vez
Las dudas dejaron de ser aisladas y comenzaron a tomar forma semanas después. El 5 de junio, un nuevo servicio asignado al subteniente volvió a generar interrogantes. Los registros informáticos solo reflejaron accesos puntuales al sistema desde otro acuartelamiento distinto, y las cámaras de seguridad del puesto donde debía encontrarse no captaron su presencia en ningún momento. Tampoco hubo constancia de actuaciones operativas ni intervenciones propias del servicio que supuestamente estaba desempeñando. Aun así, el parte volvió a cerrarse sin cambios, como si todo hubiera transcurrido según lo previsto.
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La situación se repitió el 19 de junio. Ese día, el subteniente tenía asignados varios servicios en diferentes franjas horarias, pero testigos afirmaron no haberlo visto durante las horas en las que debía estar de servicio, y algunos incluso lo situaron fuera de contexto profesional, en la vía pública y en un evento deportivo local. Pese a ello, los documentos oficiales reflejaron que había realizado gestiones relacionadas con investigaciones y orden público, reforzando la apariencia de cumplimiento.
Con el paso de los días, los indicios se acumularon hasta formar un patrón difícil de ignorar. Según se desprende del expediente disciplinario, no solo se trataba de ausencias, sino también de la elaboración posterior de servicios que no habrían llegado a realizarse, en ocasiones incluso nombrados con carácter retroactivo. Todo ello sin comunicación a la cadena de mando ni justificación operativa, lo que terminó por activar los mecanismos internos de control.
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Una actuación consciente
Ya en manos de la Justicia, el Tribunal Militar Central ha considerado acreditado que el subteniente no había desempeñado en varias ocasiones los servicios que tenía asignados, pese a haberlos reflejado posteriormente como realizados. Esta conducta, lejos de interpretarse como un descuido, fue calificada como una actuación consciente, en la que se consignaron datos inexactos con apariencia de normalidad, alterando la realidad de los hechos y comprometiendo la fiabilidad de los registros oficiales.
El fallo subraya que este tipo de actuaciones resultan especialmente graves en el ámbito de la Guardia Civil, donde la exactitud de los partes de servicio no solo tiene valor administrativo, sino también operativo y judicial. La confianza en la cadena de mando y en la información que circula dentro del cuerpo se considera un pilar esencial, y cualquier alteración deliberada de esa información supone una quiebra de los principios básicos que rigen la institución.
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Por todo ello, la resolución ha acordado la imposición de una sanción disciplinaria acorde a la gravedad de los hechos, entendiendo que la conducta del subteniente encajaba dentro de las infracciones más severas previstas en la normativa. El fallo no solo tuvo en cuenta los episodios concretos analizados, sino también el impacto que estas acciones podían generar en la organización y en la percepción del servicio público.
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