Los fantasmas de la legislatura que Mañueco afronta en las elecciones de Castilla y León: la gestión de los incendios, deudas y casos judiciales

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enfrenta este domingo a unas elecciones autonómicas en las que se juega revalidar el gobierno por segunda vez o perder el control de una comunidad que el Partido Popular ha gobernado de forma ininterrumpida desde 1987.

Desde que asumió la presidencia en 2019 tras relevar a Juan Vicente Herrera y especialmente desde las elecciones adelantadas de 2022, el mandato de Mañueco ha estado condicionado por acontecimientos que han tensionado la agenda política autonómica. Incendios forestales de gran magnitud, la inestabilidad derivada del pacto con Vox, los conflictos en torno a la organización de los servicios sanitarios en el medio rural o la persistente despoblación han marcado una legislatura en la que el Gobierno autonómico ha tenido que gestionar tanto crisis coyunturales como desafíos estructurales.

La gestión de los incendios

El episodio que más desgaste político provocó al Ejecutivo autonómico durante la legislatura se produjo en el verano de 2025, cuando una serie de incendios forestales arrasaron distintos puntos de Castilla y León en plena ola de calor. Los fuegos calcinaron decenas de miles de hectáreas y obligaron a evacuar a vecinos de varios municipios, además de causar la muerte de al menos cinco personas en distintos episodios vinculados a las labores de extinción.

Los sindicatos de bomberos forestales y varios colectivos denunciaron durante aquellos días la falta de medios y criticaron un modelo que, a su juicio, mantiene parte de los dispositivos de extinción con contratos temporales o dependientes de campañas estacionales. A esas críticas se sumó otra polémica que molestó especialmente. Cuando comenzaron algunos de los incendios más graves, Mañueco se encontraba de vacaciones en Cádiz. El presidente interrumpió su estancia y regresó a Castilla y León cuando la situación se agravó, aunque su ausencia durante las primeras horas de la emergencia fue utilizada por la oposición para cuestionar su gestión de la crisis.

El propio Mañueco defendió entonces que había seguido la evolución de los incendios desde el primer momento y subrayó que el operativo de extinción estaba coordinado por los responsables técnicos y por el consejero de Medio Ambiente, que se encontraba sobre el terreno. En su comparecencia posterior ante las Cortes autonómicas, el presidente admitió que algunas actuaciones podían haberse gestionado mejor, aunque defendió el trabajo realizado por los servicios de emergencia.

Dirigentes de la oposición llegaron a acusar al presidente de haber permanecido dentro de su vehículo con el aire acondicionado encendido durante parte de una de esas visitas, una afirmación que Mañueco rechazó y calificó de falsa.

Más allá de las disputas partidistas, los incendios reabrieron un debate recurrente cada verano en Castilla y León. Se trata de la relación entre el abandono del medio rural, la acumulación de combustible forestal y el aumento del riesgo de grandes incendios. Expertos y colectivos ecologistas señalaron entonces que la despoblación y la pérdida de actividad agraria en amplias zonas del territorio han alterado el equilibrio tradicional del paisaje, aumentando la vulnerabilidad de los montes ante episodios extremos.

La experiencia del gobierno con Vox

A las dificultades derivadas de crisis como la de los incendios se sumó la relación entre el Partido Popular y Vox durante la legislatura. Tras las elecciones autonómicas de 2022, ambas formaciones sellaron un acuerdo de coalición que convirtió a Castilla y León en el primer territorio de España en el que estas dos fuerzas compartían responsabilidades de gobierno.

El pacto permitió a Mañueco mantenerse al frente de la Junta, pero también abrió un nuevo foco de tensión en la política autonómica. La presencia de Vox en el Ejecutivo generó controversia en varias ocasiones, especialmente a raíz de algunas propuestas impulsadas por dirigentes de esa formación en ámbitos sensibles como las políticas de igualdad o las medidas relacionadas con el aborto. Uno de los momentos de mayor fricción se produjo cuando Vox planteó medidas vinculadas a la atención a mujeres embarazadas. El Gobierno autonómico trató entonces de matizar el alcance de aquellas iniciativas, que también generaron debate a nivel nacional.

Las discrepancias entre ambos socios se fueron acumulando a lo largo de la legislatura hasta desembocar en la ruptura del acuerdo de gobierno. La salida de Vox dejó al Ejecutivo de Mañueco en una posición parlamentaria más frágil y obligó a la Junta a buscar apoyos puntuales para sacar adelante determinadas iniciativas. La negociación de los presupuestos autonómicos reflejó esa nueva situación, en unas Cortes en las que el Gobierno ya no contaba con una mayoría estable.

Sanidad rural y servicios públicos

Más allá de las crisis políticas, la legislatura también ha estado marcada por el debate sobre el funcionamiento de los servicios públicos en un territorio caracterizado por su gran extensión y su baja densidad de población. Uno de los asuntos que más movilización social ha generado ha sido la organización de la sanidad en el medio rural.

En distintas provincias se registraron protestas y concentraciones vecinales en defensa de los consultorios locales y de las urgencias rurales. Las críticas se centraron en la falta de profesionales en determinados centros de salud y en los cambios en los horarios o en la cobertura de algunos servicios sanitarios.

Desde la Junta se ha defendido la necesidad de reorganizar determinados recursos para adaptarlos a la realidad demográfica de la comunidad, caracterizada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial. Colectivos profesionales y plataformas ciudadanas, por su parte, han reclamado mantener la presencia de servicios sanitarios en el territorio como una condición imprescindible para frenar la pérdida de población en el medio rural.

Impagos y conflicto institucional en las Cortes

Otro de los episodios que tensó la legislatura fue el enfrentamiento institucional entre la Junta y las Cortes de Castilla y León a raíz del retraso en las transferencias presupuestarias destinadas al funcionamiento del Parlamento autonómico.

A finales de 2025, la Mesa de las Cortes denunció que el Gobierno autonómico había dejado sin transferir varios millones de euros correspondientes a la financiación ordinaria de la Cámara, una situación que, según sus responsables, comprometía el normal desarrollo de la actividad parlamentaria.

Desde la oposición se interpretó el episodio como un intento de presión política en un momento en el que el Ejecutivo y la presidencia de las Cortes mantenían continuos enfrentamientos. La Junta defendió, por su parte, que se trataba de un desacuerdo administrativo vinculado a cuestiones presupuestarias y negó que existiera voluntad de interferir en la autonomía del Parlamento autonómico.

El conflicto se produjo después de la ruptura del gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, formación que presidía la Cámara autonómica. El retraso en los pagos derivó en un intercambio de reproches entre el Ejecutivo y los responsables parlamentarios y acabó trasladándose también al enfrentamiento político en las semanas posteriores.

El eco de antiguos casos judiciales

Durante la campaña electoral también han vuelto a aparecer referencias a algunos de los principales casos judiciales relacionados con etapas anteriores de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, sobre todo porque los juicios o condenas están ocurriendo ahora. Entre ellos destacan la conocida como ‘trama eólica’ y el caso denominado ‘Perla Negra’, dos investigaciones vinculadas a decisiones administrativas adoptadas en la primera década de los años 2000.

La ‘trama eólica’ investiga presuntas irregularidades en la concesión de licencias para parques eólicos en Castilla y León durante aquellos años. Según las investigaciones judiciales, varias empresas interesadas en desarrollar proyectos energéticos habrían tenido que ceder participaciones o realizar pagos a intermediarios para obtener determinadas autorizaciones administrativas. En el procedimiento judicial han sido investigados y procesados antiguos cargos de la Consejería de Economía.

El caso conocido como ‘Perla Negra’, por su parte, se centra en la compra y alquiler de un edificio administrativo en Arroyo de la Encomienda, en la provincia de Valladolid, así como en operaciones relacionadas con la empresa pública Gesturcal. La investigación concluyó con condenas a antiguos responsables de la administración autonómica por delitos como prevaricación y malversación.

Cuando se produjeron los hechos investigados en ambas causas, Mañueco formaba parte del gobierno autonómico como consejero de Presidencia dentro del ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera. El actual presidente de la Junta no ha sido imputado ni acusado en ninguno de esos procedimientos judiciales, aunque la oposición ha recuperado con frecuencia estos casos en el debate político para cuestionar la gestión de los gobiernos del Partido Popular en aquella etapa.

Las elecciones permitirán medir hasta qué punto estos episodios han influido en el clima político de la comunidad. Será entonces cuando se vea si las polémicas de la legislatura pesan en la decisión de los votantes o si Alfonso Fernández Mañueco logra revalidar el Gobierno autonómico.