Bruselas lleva a España ante la Justicia por no adoptar dos normativas para eximir del IVA a pymes y autónomos

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitar una sanción económica. El motivo es que España no ha adoptado todavía dos directivas clave relacionadas con el IVA, incluidas aquellas que permitirían a las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas beneficiarse de una exención fiscal al operar en otros Estados miembros. Este paso implica que el Ejecutivo comunitario busca que el tribunal imponga una penalización económica a España por este incumplimiento.

Este procedimiento destaca la gravedad que para la Comisión representa el retraso español en la transposición de directivas comunitarias a la legislación nacional, en temas que afectan tanto a la fiscalidad de las pymes como al funcionamiento armonizado del mercado europeo en materia de IVA.

En enero del año pasado, Bruselas inició un expediente contra España por no haber adoptado dos directivas sobre el IVA. Posteriormente, en julio del mismo año, la Comisión Europea envió ultimátums al país para que cumpliera con la obligación de transponer estas normativas al derecho nacional. A pesar de estas advertencias, España aún no ha notificado la incorporación de ambas directivas a su legislación.

España se encuentra, según la Comisión, en una situación singular: es el único Estado miembro que no ha realizado este trámite. Esta falta de notificación y el incumplimiento reiterado han llevado a la Comisión a elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a pedir la imposición de sanciones financieras contra el país.

IVA franquiciado

España ha manifestado que “no tiene intención” de aplicar la exención del IVA contemplada en la primera directiva, que es “opcional” para los países dentro de su territorio. Esta normativa permite a los Estados miembros decidir si aplican el llamado IVA franquiciado, que exime a las pymes con facturación anual inferior a 85.000 euros de repercutir este impuesto.

A pesar de que la exención es opcional en el ámbito doméstico, Bruselas insiste en que España debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en el país acogerse al régimen de exención cuando operan en otros Estados miembros. La Comisión subraya la necesidad de que, para que una pyme española pueda beneficiarse de esta exención fuera de España, primero debe registrarse ante las autoridades fiscales nacionales. La falta de transposición impide que las pymes españolas accedan a este beneficio en el resto de la Unión Europea, generando una situación de desventaja frente a las pymes de otros países que sí han aplicado la directiva.

La segunda directiva que España no ha transpuesto introduce disposiciones obligatorias sobre la localización de la prestación de determinados servicios, especialmente aquellos que se retransmiten o están disponibles en línea. Esta normativa también regula el régimen especial del IVA para productos de segunda mano, obras artísticas, antigüedades y artículos de coleccionista.

La no adopción de esta directiva implica que España no aplica las mismas reglas que los otros veintiséis países de la Unión Europea, lo que puede afectar tanto a empresas que ofrecen servicios digitales como a aquellas que comercian con bienes sujetos a regímenes especiales de IVA. La ausencia de estas normas crea un marco desigual en el tratamiento fiscal de ciertas transacciones, dificultando la operativa de empresas españolas en el mercado único europeo.