Ábalos pide al Supremo que aplace un mes el juicio del caso Koldo porque no puede descargarse la causa: “El ordenador se queda pensando en un bucle”

La defensa del exministro José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que aplace un mes el inicio del juicio por el caso de las mascarillas, en este momento previsto para el próximo 7 de abril, alegando dificultades para acceder al programa informático que permite consultar la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el abogado Marino Turiel señala que desde que asumió la defensa de Ábalos el pasado 12 de enero le ha resultado “materialmente imposible” acceder al expediente a través de la plataforma Horus, ya que “el ordenador se queda pensando de forma indefinida en un bucle continuado”. El letrado destaca que esta situación, ya denunciada por otras defensas, ha impedido conocer en profundidad las actuaciones y, en consecuencia, realizar siquiera un estudio preliminar del procedimiento.

Turiel añade que el tiempo disponible para preparar la defensa es insuficiente, debido a otros juicios programados en marzo de los que previamente informó al tribunal, lo que hace “materialmente imposible preparar un juicio oral de la complejidad del presente con el escaso tiempo que media para preparar con solvencia cualquier defensa”. Según su escrito, asumir la carga de trabajo requerida es “literalmente imposible” tanto en términos materiales como mentales.

La causa de las mascarillas

El Supremo ha fijado ya esta semana el comienzo del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el comisionista de la trama Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia para el 7 de abril.

En un auto también de estos días, fijó la lista de testigos que van a participar en el mismo, siendo 75 en total. Entre los comparecientes admitidos figuran el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, mientras que no fueron aceptadas las solicitudes de testificación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del exministro de Sanidad, Salvador Illa, ni del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La lista incluye, además, a altos cargos de la administración, exjefes de gabinete y directivos de empresas estatales, quienes deberán aportar información sobre la tramitación de los contratos de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

El juicio se centra en la presunta adjudicación irregular de contratos para la compra de material sanitario, un proceso que según las acusaciones habría beneficiado a determinados intermediarios en perjuicio del erario público. La Fiscalía sostiene que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García habrían participado en esta trama, mientras que el empresario Víctor de Aldama actuó como comisionista, colaborando posteriormente con la investigación tras confesar los hechos.

Por su parte, las acusaciones particulares elevan la gravedad de las imputaciones y solicitan penas de hasta 30 años de prisión para Ábalos, mientras que para De Aldama la petición se reduce a siete años debido a su colaboración con el Ministerio Público. En el caso de Koldo son 19,5 años.

La complejidad del caso y el volumen de documentación han sido argumentos centrales de la defensa para solicitar el aplazamiento del juicio. Además, la prisión provisional de Ábalos y Koldo García desde el 27 de noviembre, motivada por un supuesto riesgo “extremo” de fuga, añade presión a la preparación de la estrategia legal.