El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

La activación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur ha provocado una marcada división de opiniones en el sector agroalimentario español. Mientras que las principales industrias consideran que este pacto genera nuevas posibilidades de exportación, las organizaciones agrarias han expresado un rechazo frontal, respaldado por recientes informes de la propia Comisión Europea en relación con los estándares sanitarios de las importaciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado este viernes la puesta en marcha de la aplicación provisional del acuerdo tras la ratificación por parte de Argentina y Uruguay. Las declaraciones tanto del Ejecutivo comunitario como del Gobierno de España apuntan al potencial de este tratado para abrir la mayor área de libre comercio del mundo, que involucra a más de 700 millones de personas y representa aproximadamente el 25% del PIB global.

Desde el ámbito agrario, las reacciones han sido mayoritariamente negativas. José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas, ha indicado que “hoy se confirma una nueva traición por parte de Europa al sector agroalimentario”, subrayando que el acuerdo es solo una “ratificación temporal” y que el campo sigue siendo “moneda de cambio”. Por su parte, Andoni García, responsable de Organización de COAG, ha acusado a la Comisión Europea de mostrar “un desprecio profundo al Parlamento Europeo y a la posición mayoritaria de los agricultores”, tachando la decisión de “atropello democrático” que perjudica “los intereses” del sector primario.

Aunque desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cristóbal Cano ha reconocido que la aplicación provisional era previsible, ha señalado como positivo la inclusión de cláusulas de salvaguardia recientemente aprobadas, “que no son ni mucho menos papel mojado”. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha lamentado la activación “exprés” del acuerdo y ha anunciado que su organización analizará posibles medidas legales, argumentando que no se ha respetado la legalidad, al no haber ratificación por parte de la Eurocámara y por los perjuicios tanto para agricultores como para consumidores.

A continuación, COAG ha calificado de “grave irresponsabilidad” la decisión de la Comisión, solicitando al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE que rechacen su ratificación definitiva debido a la amenaza que representa para la seguridad alimentaria de la UE. COAG sustenta su posición en los resultados del informe de auditoría DG(SANTE) 2025-0241, el cual concluye que el sistema de control de residuos hormonales en Brasil, incluyendo el estradiol –prohibido en la UE desde 2003–, es deficiente en todas sus fases.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha afirmado que “lo que hace diferente esta denuncia a todas las anteriores es que no la formulamos los representantes de los agricultores y ganaderos, sino que la formula la propia Comisión Europea a través de sus auditores”. Padilla ha remarcado que el mismo organismo que ha negociado y presionado para la aplicación del acuerdo ha reconocido por escrito fallos estructurales graves en el control de la carne brasileña, formando, dice, un hecho sin precedentes.

En la misma línea, la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) ha pedido al Gobierno de España que siga el ejemplo de Hungría y Polonia y presente un recurso en el Tribunal de Justicia de la UE para suspender temporalmente el acuerdo. Asaja se ha referido también al informe de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, cuyo contenido pone en entredicho la capacidad de Brasil para garantizar la ausencia de hormonas prohibidas en la carne exportada a Europa.

Respaldo oficial y visión desde la industria alimentaria

Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han reiterado el apoyo de España al acuerdo, recalcando la dimensión del nuevo espacio comercial y las oportunidades que representa para empresas y trabajadores españoles. El ministro Carlos Cuerpo ha declarado que “en un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás. El acuerdo con Mercosur es un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente”.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha valorado el momento como “oportuno” dada la inestabilidad internacional, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los sectores más sensibles, según ha trasladado la patronal. FIAB ha advertido sobre la importancia de que los productos de Mercosur que lleguen a Europa cumplan los mismos estándares de calidad y seguridad sanitaria y medioambiental. Según los datos presentados por la patronal, en 2024 el valor de las ventas al bloque Mercosur ha alcanzado los 329 millones de euros, frente a unas importaciones de más de 2.200 millones.

Rafael Pico, director de Asoliva, asociación que agrupa a los envasadores de aceite de oliva, ha celebrado la aplicación del tratado, al entender que es “favorable y conveniente” para el sector español. No obstante, Pico ha señalado que el acuerdo, a pesar de liberalizar de inmediato las exportaciones de aceite de oliva desde Mercosur a la UE, estipula que la desescalada arancelaria para el aceite europeo se extenderá a lo largo de 15 años.

La Organización Interprofesional del Vino de España y la Federación Española del Vino (FEV) han mostrado su respaldo, apuntando a las oportunidades que se abren especialmente en mercados como Brasil, cruciales en un contexto de caída de consumo.

Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) se respalda la aplicación provisoria, siempre que se den mecanismos efectivos de seguimiento y salvaguardia para evaluar y corregir el impacto en el mercado. Anice ha destacado las “potenciales oportunidades” que brinda el acuerdo en apertura de mercados y fortalecimiento de relaciones comerciales, siempre bajo el principio de reciprocidad normativa, sanitaria y medioambiental.

En el ámbito hortofrutícola, Ignacio Antequera, director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), ha reconocido también el potencial de crecimiento, remarcando, sin embargo, la necesidad de que se respeten las salvaguardas establecidas.

Desarrollo y futuro del acuerdo

La Comisión Europea ha señalado que la parte comercial del acuerdo puede aplicarse provisionalmente desde que, al menos, un país del bloque Mercosur efectúe su ratificación, como ha sucedido con Argentina y Uruguay. Sin embargo, la aplicación definitiva requiere la aprobación de los Estados miembros y el consentimiento del Parlamento Europeo, condicionado en la actualidad por el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE para clarificar la compatibilidad del acuerdo con el Derecho comunitario, lo que ha congelado su ratificación.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido que la entrada en vigor es por definición una medida temporal y ha explicado que las capitales y los eurodiputados han estado debatiendo intensamente el asunto durante las últimas semanas. Von der Leyen ha indicado que el proceso de tramitación tras la notificación a los socios de Mercosur llevará aproximadamente dos meses, si bien la fecha exacta permanece aún por confirmar.