El nombre de Marisa Porcel vuelve a ocupar titulares, pero esta vez lejos de los focos, los aplausos y las risas que durante décadas cosechó sobre los escenarios y en televisión. La inolvidable Pepa de Escenas de matrimonio, fallecida en 2018, dejó tras de sí una sólida carrera artística y también una deuda con la Agencia Tributaria que superaba el millón de euros y que terminó marcando el destino de su patrimonio más preciado: el chalet familiar de Las Rozas.
La propiedad, vinculada a una sociedad relacionada con la actriz y su hija, fue embargada por Hacienda y finalmente subastada para hacer frente al pasivo. El inmueble, una amplia vivienda con jardín, garaje y dependencias anexas en una de las zonas más cotizadas del noroeste madrileño, fue adjudicado en primera instancia por alrededor de 600.000 euros y, tiempo después, vendido a un nuevo propietario en 2024. Sin embargo, la operación dista mucho de haberse cerrado en términos prácticos.
El motivo tiene nombre propio: Paloma Porcel. La también actriz, a la que el gran público ha visto en ficciones como La que se avecina y que ha trabajado como dobladora de estrellas internacionales, continúa residiendo en el interior del chalet junto a su pareja. Según ha denunciado el actual dueño, Manuel J., en declaraciones a El Mundo, no ha abandonado la vivienda, sino que se niega a hacerlo por las buenas.
“Se han realizado todas las acciones legales posibles encaminadas a la desocupación”, sostiene la defensa del propietario, que insiste en que el procedimiento se está dilatando por la presentación de recursos, nulidades e impugnaciones por parte de la ocupante. La vía, además, no es la de un desahucio exprés al uso, ya que se trata de un lanzamiento derivado de una adjudicación en subasta judicial tras una ejecución administrativa por deudas tributarias, lo que complica y alarga los plazos.
Una okupa dispuesta a negociar por dinero
En el centro del conflicto se encuentran varios contratos de arrendamiento cuya validez está siendo cuestionada. En un primer momento, se presentó un documento por el que se alquilaba una parte de la vivienda —una habitación y el garaje— a cambio de labores de mantenimiento. Posteriormente, apareció otro contrato que, según la versión de la defensa de Paloma, abarcaría la totalidad del inmueble. La cronología y las circunstancias en que se aportaron estos documentos han generado sospechas y han elevado la tensión jurídica del caso.
El propietario asegura que compró la casa de buena fe y que, a día de hoy, sigue viviendo de alquiler con su familia sin poder disfrutar de la que legalmente es su vivienda. Incluso, según su versión, llegó a ofrecer una compensación económica de 20.000 euros para facilitar una salida pactada, propuesta que habría sido rechazada. La contraoferta: 300.000 euros. Mientras tanto, el proceso podría prolongarse alrededor de un año más si no surgen nuevos incidentes. La defensa del comprador no descarta reclamar daños y perjuicios, intereses y costas si se acredita mala fe procesal.
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