Después de 45 años, el Gobierno ha tomado la decisión de desclasificar los documentos secretos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, lo que va a permitir arrojar nueva luz sobre la operación militar que puso en jaque a la democracia apenas seis años después de la aprobación de la Constitución. Hasta ahora, aparte de las publicaciones periodísticas del momento, la mejor guía que se ha tenido de lo ocurrido ha sido la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el 22 de abril de 1983.
En esta, la intentona golpista, protagonizada por el teniente coronel Antonio Tejero, el capitán general Jaime Milans del Bosch y el general Alfonso Armada, fue calificada por el Tribunal Supremo como un delito consumado de rebelión militar. Los tres fueron condenados a 30 años de reclusión mayor, la pena máxima prevista, al considerar probado que dirigieron, planificaron y ejecutaron una conspiración armada destinada a sustituir al Gobierno constitucional por otro impuesto bajo coacción. Junto a ellos, otros treinta militares y guardias civiles recibieron condenas que oscilaron entre los seis y los doce años de prisión.
El origen del golpe de Estado
Según los hechos probados descritos en el escrito, el origen del plan se sitúa en el verano de 1980, cuando el entonces capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, ordenó al teniente coronel Antonio Tejero que estudiara “la ocupación por fuerza armada del Congreso de los Diputados”. Desde ese momento, ambos mantuvieron contactos continuos para diseñar la operación, mientras Milans asumía la dirección estratégica del golpe y Tejero la ejecución directa.
Durante los meses siguientes, se sumó al plan el general Alfonso Armada, cuya función sería política. En varias reuniones celebradas en Madrid y Valencia, se acordó que la toma del Congreso serviría para crear un “vacío de poder” que justificara la imposición de un nuevo Gobierno. La sentencia recoge que se proyectó “sustituir al Gobierno de la Nación por otro nuevo que encauzara la democracia y terminara con el terrorismo”, y que ese Ejecutivo estaría presidido por el propio Armada.
El plan tardó meses en poder completarse, en los que el propio Tejero realizó gestiones previas, como tomar fotografías del Congreso, adquirir gabardinas para ocultar los uniformes, comprar seis autobuses y organizar el traslado de las fuerzas que debían participar en el asalto.
El 23F
El 23 de febrero de 1981, la operación se puso en marcha de forma sincronizada. Mientras Tejero se dirigía al Congreso con fuerzas armadas, Milans del Bosch activaba en Valencia la denominada “operación Alerta Roja”, sacando tropas y carros de combate a la calle. Según el fallo, Milans ordenó difundir un bando que proclamaba el estado excepcional, en el que se establecía “la sumisión a la Jurisdicción Militar de diversos delitos, la prohibición de los ‘lock-outs’ y huelgas, así como de todas las actividades de los partidos políticos y las reuniones superiores a cuatro personas”, asumiendo de hecho “todos los poderes dentro de la Región”.
A las 18:23 horas, Tejero irrumpió en el Congreso al mando de unos doscientos guardias civiles, penetró armado en el hemiciclo y ordenó a los diputados que se arrojaran al suelo. La sentencia recoge que, ante la negativa del vicepresidente del Gobierno, general Gutiérrez Mellado, a obedecer, Tejero y varios guardias “dispararon sus armas al aire, causando daños en distintas instalaciones del hemiciclo”. Acto seguido, Tejero proclamó que actuaba “a las órdenes de Su Majestad el Rey y del Teniente General Milans del Bosch”, afirmación que la sentencia considera falsa y utilizada para reforzar su autoridad ante los asaltados.
Durante la ocupación, el Congreso quedó completamente controlado. El presidente del Gobierno en funciones fue aislado en una habitación separada, y varios diputados fueron retenidos bajo custodia armada. La sentencia describe cómo, ante el intento del director general de la Guardia Civil de detener la sublevación, Tejero respondió: “Mi General, estoy dispuesto a todo, y antes de entregarme, primero lo mato y después me pego un tiro”. En otro momento, advirtió que, si se producía un apagón eléctrico, “los guardias de servicio en las puertas harían fuego ante cualquier roce que advirtieran”.
Mientras tanto, Alfonso Armada trató de ejecutar la solución política del golpe. Entró en el Congreso con la intención de ofrecer a los diputados un Gobierno presidido por él. Según los hechos probados, comunicó a Tejero “la oferta política de un Gobierno presidido por él mismo”, pero el teniente coronel rechazó el plan al no aceptar un Ejecutivo con presencia de civiles y políticos. Este desacuerdo interno quebró definitivamente la estrategia golpista y dejó la operación sin salida viable.
El papel del Rey Juan Carlos I
La sentencia también describe el papel del en ese momento Rey de España, Juan Carlos I, en la noche del suceso, sin meterse en si realmente tuvo un papel anterior en la toma de decisiones. Desde los primeros momentos, el monarca ordenó a los capitanes generales que se mantuvieran fieles a la Constitución. Durante la noche, telefoneó directamente a Milans del Bosch, ordenándole la retirada inmediata de las tropas y la anulación del bando militar.
El fallo recoge que el Rey le reiteró “su rotunda decisión de mantener el orden constitucional, de cumplir su juramento a la Bandera y de no abdicar ni abandonar España”, responsabilizando personalmente a quien persistiera en la sublevación.
Bajo esta presión, Milans ordenó finalmente la retirada de los carros de combate y la anulación del bando. Aislados, sin apoyos externos y con la negativa real a cualquier solución de fuerza, los ocupantes del Congreso comenzaron a negociar su rendición. Tras largas conversaciones, aceptaron abandonar el edificio a las 12:30 horas del 24 de febrero, poniendo fin al intento de golpe.
La sentencia concluye que existió una conspiración militar organizada, jerarquizada y deliberada para derribar el sistema constitucional, calificando los hechos como “delito consumado de rebelión militar”. Subraya que el golpe fracasó por la firme intervención del Rey, la lealtad mayoritaria de las Fuerzas Armadas al orden constitucional y la falta de cohesión interna entre los propios sublevados.
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