Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca

Una decena de vecinos de la calle Cervantes de Móstoles (municipio de 214.000 habitantes) estuvieron durante muchos años denunciando ante el Ayuntamiento de esta localidad que una discoteca ubicada en los bajos de sus casas les hacía la vida “insoportable”. El ruido (el local estaba abierto toda la madrugada de jueves a sábado) no permitía que pudieran descansar. Presentaron multitud de quejas, llamaron a la Policía Local para que hiciera mediciones y tramitaron denuncias ante la Gerencia Municipal de Urbanismo. La disco tuvo varios nombres, primero ‘Rosé’ y luego ‘Belair’. Tan desesperados estaban que empezaron a elevar su malestar en la redes sociales y a llamar a los medios de comunicación (salieron, por ejemplo, en Telemadrid) para que se hicieran eco de su situación.

Una de las vecinas, la presidenta de la comunidad del bloque que estaba justo encima de la discoteca, lideró las protestas y reprodujo en sus redes sociales un reportaje publicado en junio de 2023 en el diario ‘ElPlural.com’ en el que varios residentes de la calle Cervantes aseguraban que uno de los propietarios de esa discoteca era Raúl Gallego Parrondo, concejal del PP, al que los testimonios de los afectados definían como un “torturador y maltratador de niños y ancianos”, porque en el edificio vivían menores y gente mayor que no podían conciliar el sueño. Gallego Parrondo es un conocido empresario del sector de la noche. Entre 2016 y 2019 fue CEO de la empresa que gestionaba el ‘Rosé’. Antes había dirigido el ‘Seventy Café’ y durante muchos años fue también CEO de la sociedad que dirige otra conocida discoteca de Móstoles, el ‘Bonamara’. Ha tenido, además, una clínica dental y ha sido director de Soluciones Milú (una mercantil dedicada a las reformas inmobiliarias).

Raúl Gallego lleva tiempo compaginando el mundo de la empresa con la política. Fuentes de Vox Madrid señalan que estuvo afiliado a su partido. Fuentes de Ciudadanos Madrid también afirman que formó parte de su proyecto en Móstoles. En 2023, el actual alcalde de esta localidad, Manuel Bautista (en el foco mediático tras ser acusado de acoso laboral y sexual por una compañera de partido), fichó a Gallego Parrondo en la lista electoral del PP. Tras las elecciones de mayo de ese año, fue elegido y hoy es concejal de Gobierno y lleva el área de Participación Ciudadana. “Es todo un buscavidas de la política. Quería tocar poder porque le venía bien para sus negocios y ha estado yendo de partido en partido hasta que ha conseguido algo”, explica una fuente autorizada que estuvo años con distintas responsabilidades en el PP de Móstoles.

Parece un poco irónico que dirigiendo la Concejalía de Participación Ciudadana, Raúl Gallego decidiera, el 31 de julio de 2023, denunciar a esta vecina. El edil, que defiende en la página web del Consistorio que su trayectoria profesional siempre se ha centrado “en la planificación estratégica, la gestión de equipos y la excelencia en el servicio de atención al cliente”, entendió que se había vulnerado su honor y pidió que tanto el digital que publicó los comentarios de “torturador” como esta mujer en concreto le abonaran 20.000 euros. La causa recayó en el juzgado de primera instancia número 9 de Móstoles. En la demanda, el edil aseguraba que lo publicado por ‘ElPlural.com’ y lo tuiteado en su red social por esa vecina era “falso, puesto que la sociedad en la que participa resolvió el contrato de arrendamiento del local comercial donde se encuentra la discoteca el 30 de junio de 2019, siendo explotado desde entonces por otra sociedad, con la que el demandante no tiene ninguna relación”.

Para Gallego, lo publicado “desborda la libertad de expresión, dado su carácter abiertamente insultante, lo que supone que los demandados han transmitido al público, a través de un medio digital, así como de las redes sociales, una información absolutamente mendaz, además de gravemente deshonrosa para el demandante (…), ya que la citada discoteca siempre contó con todos los permisos legales y medidas de seguridad y de insonorización necesarias, habiendo arrojado en las reglamentarias visitas de inspección valores de sonido dentro de la ordenanza local para este tipo de establecimientos”.

Expediente al local en 2019

Para ser rigurosos, los tuits publicados por esta vecina que tanto ofendieron al concejal decían “maltratador acústico de niños y ancianos” y que el local “torturó a niños y ancianos con una industrial emisión de sonido (90 dBs) hasta las 6 AM”. La documentación que obra en poder de Infobae revela que las primeras quejas vecinales llegaron en 2017 y que varias actas de medición acústica realizadas por la Policía Local de Móstoles en 2019 dejan claro que el local infringía la ordenanza de ruido al sobrepasar los límites permitidos. Los agentes midieron el ruido en la habitación donde dormía otra vecina y fijaron 92 decibelios a las 2 de la madrugada. De hecho, la Gerencia Municipal de Urbanismo abrió un expediente contra la discoteca a principios de 2019 (el PSOE gobernaba entonces en Móstoles). Es en ese año 2019, tras la apertura del expediente municipal, cuando la discoteca ‘Rosé’ decide cambiar de nombre a ‘Belair’. También cambian las denominaciones de las empresas que gestionan el local. Ya no es Trece Global SL, sino Belair Events.

Cambios de nombre, pero no de actitud. En octubre de 2021, siete vecinos de la calle Cervantes vuelven a denunciar ante el Ayuntamiento “la atroz situación de ruido” que están soportando sus familias. En marzo de 2022, el expediente municipal contra el local seguía abierto. En julio de 2022, un equipo jurídico contratado por los afectados pide formalmente al Ayuntamiento que tome medidas. “La cuestión es que la situación se ha enquistado y causa graves inconvenientes para el descanso, la tranquilidad y seguridad de los vecinos, y debe ser el Ayuntamiento, como administración más cercana, la que tiene el deber jurídico de solucionar de una vez por todas estos problemas. Sin embargo, sin que sepamos las razones de ello, el Ayuntamiento no da una solución eficaz a este grave problema y no es que no disponga de herramientas jurídicas para ello”, rezaba el escrito. Los vecinos incluso recurrieron al Defensor del Pueblo.

El local deja de funcionar en enero de 2023

Un informe fechado en agosto de 2022 por la Policía Local de Móstoles resume todo lo que han tenido que sufrir estos vecinos durante años: actas por incumplimiento de horario, por incumplimiento en materia sanitaria por el coronavirus, pelas entre los responsables de seguridad del local y clientes, lesiones con arma blanca (navaja automática y machete, peleas, detección de cogollos de marihuana tirados en un sofá del reservado del local, seis actas de medición acústicas, cuatro denuncias vecinales por molestias en la vía pública… Este diario ha preguntado al Ayuntamiento de Móstoles (que en mayo de 2023 pasó de estar gobernado por el PP) qué ha pasado con el expediente abierto al local en 2019. No ha obtenido respuesta. La discoteca dejó de funcionar en enero de 2023. Ahora hay un banco.

Lo que sí se encontró esta vecina, la presidenta de la comunidad, fue la demanda del concejal en julio de 2023. En septiembre de 2025, el juzgado condenó a esta mujer, que según ha podido saber este diario es profesora, a una multa de 7.000 euros por vulnerar el honor del político y empresario. Una cantidad que el tribunal estimó “razonable”, porque no se puede acreditar el daño causado al prestigio profesional y público del demandante. El juzgado estimó que lo que publicó esta vecina en su red social estaba “descontextualizado” en el ámbito temporal, “lo que determina claramente la improcedencia de su difusión pública”, puesto que los mensajes se habían publicado “muy posteriormente” a que Raúl Gallego dejara de regentar el local de ocio, “así como con lejanía temporal al cese de la actividad de discoteca en dicho local”. Es decir, que esta vecina ha sido condenada por el momento en el que hizo sus críticas.

“En cuanto a la calificación del demandante como maltratador acústico y torturador acústico de niños y ancianos en unos mensajes difundidos públicamente a través de una conocida red social (Twitter) se ha de considerar, a la vista de su descontextualización anteriormente expuesta, como vejatoria y difamatoria hacia el demandante”, señala también la sentencia, que en cambio absolvió al medio de comunicación. Este diario se ha puesto en contacto con el abogado de la vecina, que no ha querido hacer declaraciones. También con el concejal, Raúl Gallego, que nos ha remitido a sus letrados, que tampoco han querido atender a Infobae. Fuentes jurídicas señalan que el concejal ha recurrido la sentencia, ya que sí fue condenado en costas.

Primitiva acaba de cumplir 80 años, es vecina del edificio y fue una de las testigos del juicio contra su vecina. “Aguantamos el ruido muchos años. Yo me he pasado noches y noches sin dormir. La Policía vino muchas veces, pero pasaron de nosotros. Nadie nos ayudó. Y ahora encima me dices que han condenado a la que fue nuestra presidenta, que se tuvo que ir del edificio. Es increíble”, se lamenta. Beatriz también era otra de las vecinas afectadas. “Los del local se mofaban de nosotros, nos llegaron incluso a amenazar. Cuando llegaba el fin de semana, mis hijos se iban a dormir en casa de mis padres para poder descansar. Fue horroroso. Otra vecina enferma tuvo que malvender el piso e irse. Nadie nos ayudó. Tanta culpa tenían los dueños de la discoteca como el Ayuntamiento, que no hizo nada. La vecina que fue denunciada tenía toda la razón. Fue muy injusto que el concejal la denunciara. Yo fui testigo en el juicio. Es irónico que encima tenga que pagar ahora”, se lamenta.