Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

La inminente regularización de migrantes en España ha suscitado un intenso debate político y social. La medida, prevista para el segundo semestre de 2026, contempla incorporar a la economía formal a más de 500.000 trabajadores que actualmente residen de manera irregular. Desde el punto de vista económico, esta acción puede contribuir al sostenimiento del sistema de pensiones y ayudar a reducir el déficit público, al incrementarse las cotizaciones de los nuevos residentes regularizados, según explica el economista Gonzalo Bernardos para El Español.

El procedimiento de regularización consiste en conceder un permiso de residencia a determinados extranjeros que ya viven en el país sin autorización. Para poder acceder a dicho estatus, es indispensable cumplir condiciones como estar empadronado, disponer de un contrato de trabajo, carecer de antecedentes penales graves y haber residido en España antes de una fecha concreta.

Estas regularizaciones han sido históricamente excepcionales y, desde los años ochenta, se han producido seis ocasiones en las que se ha otorgado la residencia legal a 1.253.179 personas, con una séptima prevista próximamente. Los datos, aportados por el economista, se completan con la explicación sobre lo que comporta la regularización: acceso a servicios públicos, la posibilidad de abandonar la economía sumergida, libertad de movimientos en el espacio Schengen y la opción de reagrupamiento familiar. Del mismo modo, el columnista de El Español explica que dicho proceso no implica la nacionalidad española ni la posibilidad de votar en las elecciones generales o trabajar en países de la Unión Europea fuera de España.

Histórico de regularizaciones en España, tanto con el PSOE como con el PP

Las responsabilidades de las regularizaciones han recaído de forma alterna en PSOE y PP: cuatro han sido impulsadas bajo gobiernos socialistas y dos bajo ejecutivos del Partido Popular. Sin embargo, al pasar a la oposición, ambas formaciones han criticado la medida desde distintos ángulos. Los populares han alertado del posible “efecto llamada” y del incremento de la presión sobre los servicios públicos, mientras que el PSOE ha sostenido en el pasado que este tipo de procesos responden a intereses empresariales, que buscan una mayor oferta de mano de obra legal y a precios más bajos. Pese a las posturas enfrentadas, y tal y como se señala en el suplemento de El Español, ambos partidos han valorado los beneficios de la regularización al encontrarse en el gobierno.

En el ámbito de la migración, existen dos aproximaciones recurrentes: la altruista y la egoísta. La visión primera está fundamentada en el respeto a los derechos humanos y defiende la igualdad de derechos entre inmigrantes y nacionales, así como el acceso rápido al mercado laboral regulado para combatir la explotación. En este contexto, es habitual que trabajadores extranjeros irregulares sean forzados a desempeñar jornadas laborales más largas y perciban salarios por debajo del mínimo legal. No obstante, y según Bernardos, este enfoque puede generar desafíos para el Gobierno, ya que podría dar lugar a un aumento del flujo migratorio y del paro. A ello, cabría añadirle un coste electoral asociado al recelo de sectores de la sociedad que perciben a los migrantes como competidores laborales o agentes de transformación social.

Por el contrario, según relata el economista, la perspectiva egoísta evalúa el impacto en términos de costes y beneficios. Se analiza si los inmigrantes aportan más al erario público de lo que reciben, considerando tanto impuestos como cotizaciones a la Seguridad Social. Los datos del suplemento de El Español destacan que, en España, recién superada la pandemia de covid-19, el dinamismo del PIB respecto al conjunto de la UE ha estado motivado en gran medida por el crecimiento de la migración, que ha permitido ocupar vacantes que los españoles no han querido cubrir.

Un debate marcado por la desinformación: los datos contradicen los bulos

En las dos últimas décadas, la discusión pública sobre inmigración en las sociedades avanzadas ha sufrido una distorsión por la proliferación de bulos promovidos por partidos populistas de extrema derecha en redes sociales y ciertos canales de comunicación. Estos discursos buscan culpabilizar a los extranjeros por los problemas internos y proponen el veto a nuevas entradas, incluso la expulsión de parte de los residentes, como si eso pudiera dar solución a las dificultades existentes. Sin embargo, se advierte que medidas como las impulsadas actualmente desde Estados Unidos han demostrado que estos remedios no dan los resultados prometidos y, en ocasiones, agravan las dificultades originales.

Frente a estas afirmaciones, los datos contradicen los tópicos más extendidos. En 2025, la tasa de actividad de los extranjeros ha alcanzado el 68,7% frente al 56,3% de los españoles. A pesar de la insistencia desde la extrema derecha en que los migrantes son los principales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la realidad, según el suplemento de El Español, es que solo un 17,5% de los perceptores del IMV en septiembre de 2025 eran extranjeros, un porcentaje apenas superior al peso de este colectivo en la población total (14,4%). Si realmente “abusaran” de las ayudas, el porcentaje sería mucho mayor.

Aportación económica y retos pendientes

En relación con la economía nacional, la aportación de los migrantes se refleja de manera significativa en las cuentas públicas. En 2024, las cotizaciones de extranjeros han supuesto cerca del 10% de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que el gasto en prestaciones dirigido a este grupo representó tan solo el 1%. Esto se explica, en parte, por su menor antigüedad en el sistema laboral y por una menor propensión a coger bajas laborales, debido a su juventud y a cierto desconocimiento de sus derechos.

El desajuste del sistema de pensiones, que llegó a casi 70.000 millones de euros en 2023, podría atenuarse con la integración formal de estos nuevos trabajadores, ya que una parte de ellos también empezará a pagar IRPF, lo que generará recursos adicionales que podrán destinarse a reducir el déficit, aumentar prestaciones públicas o financiar inversiones.

Sin embargo, la regularización no implica la concesión de la nacionalidad ni del derecho a voto en elecciones generales, autonómicas o europeas, ni tampoco habilita para trabajar en otros países de la UE. Cuestiones que subraya con ímpetu el economista en el diario mencionado. A nivel administrativo, la regularización depende tanto de cumplimientos legales como del contexto político: en ocasiones se ha recurrido al rango de ley avalado por el Congreso, y otras veces se ha optado por un real decreto aprobado por el Ejecutivo.

Según el suplemento de El Español, pese a los argumentos presentados a favor de la regularización, tanto desde una perspectiva humanitaria como de interés nacional, persisten voces críticas. Por ejemplo, los sindicatos han mostrado históricamente su oposición a la contratación en origen de trabajadores extranjeros elegidos directamente por las empresas, argumentando que podría reducir las opciones laborales de los españoles. Ello contrasta con el dato de que, en el segundo trimestre de 2007, la tasa de paro más baja de la democracia española fue del 7,9%, lo que, según la fuente citada, sugiere que una parte de la población autóctona opta por no cubrir ciertos empleos incluso cuando hay oferta suficiente.