Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso la necesidad de reforzar el control público sobre las redes sociales y ha acusado al propietario de la red social X, Elon Musk, de contribuir al deterioro emocional de la ciudadanía, especialmente de los menores. “Hay que tomar el control de las redes sociales porque se está haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas, y particularmente de la gente joven”, ha afirmado desde la tribuna del Congreso.

La sesión plenaria estaba convocada para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que han fallecido 47 personas, así como para dar cuenta de la participación del jefe del Ejecutivo en distintos foros internacionales. Sin embargo, el intercambio político ha girado con rapidez hacia el anuncio realizado por Sánchez en Dubái, donde avanzó un paquete de medidas para reforzar la protección de los menores en el entorno digital, incluida la prohibición de acceso a redes sociales para los menores de 16 años.

El primero en cuestionar esa iniciativa ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien le ha acusado de pretender “prohibir las redes sociales” bajo la apariencia de una política de protección de la infancia. A su juicio, el presidente busca instaurar un modelo de “censura”, pese a que —ha dicho— nunca ha mostrado una preocupación real por los menores.

Sánchez ha respondido elevando el tono y trasladando la discusión a un plano más amplio. Ha reprochado a Abascal su respaldo a Musk, al que ha descrito como “un billonario que infringe constantemente las leyes españolas” y que, en su opinión, está “destruyendo la salud mental” del conjunto de la ciudadanía. El presidente ha rechazado que se trate de un debate ideológico: “No es un debate entre izquierda y derecha, es un debate social”, ha sostenido, apelando a la inquietud compartida por familias de distintas sensibilidades políticas ante los contenidos a los que acceden sus hijos.

Un debate que trasciende el eje partidista

El jefe del Ejecutivo ha empleado una expresión especialmente gráfica al referirse al ecosistema digital: “No hay ley en las redes sociales. Es un Estado fallido”. Desde esa premisa, ha defendido la necesidad de establecer límites y exigir responsabilidades a los propietarios de las plataformas. Se ha preguntado si puede calificarse de censura impedir la generación de desnudos falsos de menores mediante técnicas de manipulación de imágenes o exigir que se retiren contenidos falsos o que incitan al odio.

El cruce ha provocado la réplica del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha reprochado que se preocupe “más por vigilar las redes sociales que las vías férreas”, en referencia a los siniestros que motivaban la comparecencia. La crítica ha servido para subrayar la tensión política en un pleno atravesado por asuntos de naturaleza muy distinta.

Desde Sumar, su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, ha ido un paso más allá y ha defendido que X deje de ser la plataforma de referencia para la información institucional del Gobierno. Ha argumentado que la red social pertenece a un “aliado” del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha cuestionado su papel como espacio público digital. “X no es una plaza pública, ya no es un ágora digital y nunca volverá a serlo. Ahora es una herramienta al servicio del fascismo”, ha afirmado, reclamando la migración de las cuentas oficiales a alternativas que considere más seguras y transparentes.

Protección de menores y responsabilidad de las plataformas

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha acusado a Vox de alinearse con “oligarcas multimillonarios” frente a la defensa de la infancia y ha planteado que la prioridad debería ser perseguir a quienes cometen delitos en internet antes que limitar el acceso de los menores. En términos similares se ha expresado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha denunciado que compañías como Facebook, Instagram, Telegram o WhatsApp permiten la comisión de delitos contra la infancia y otros derechos fundamentales “con total impunidad”, mientras sus algoritmos amplifican el odio y la desinformación.

Más matizada ha sido la posición del PNV. Su portavoz, Maribel Vaquero, ha reconocido la relevancia del problema, pero ha mostrado su sorpresa por el anuncio de nuevas medidas cuando el Congreso ya tramita un proyecto de ley orgánica de protección de menores en el entorno digital que no incorpora las iniciativas adelantadas por el Ejecutivo. A su juicio, la materia exige un debate sosegado y coherente con el trabajo legislativo en curso.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cuestionado la eficacia de la prohibición hasta los 16 años, al recordar que el acceso ya está limitado hasta los 14 y que la exposición a contenidos pornográficos se produce a edades mucho más tempranas. Ha defendido una estrategia basada en la educación y en una mayor presión fiscal sobre las plataformas que difunden odio, con el objetivo de financiar políticas públicas, incluida la educación sexual obligatoria, y ha reiterado la propuesta de crear una red social pública con algoritmo transparente.

En su intervención, Sánchez ha subrayado que la comunidad científica y sanitaria ha reaccionado positivamente a las medidas anunciadas, consciente —según ha señalado— de lo que está en juego. “No es el bolsillo del señor Musk”, ha insistido, sino la salud mental de la población, particularmente de los más jóvenes.

Ante la eventual falta de unanimidad en el Consejo Europeo, el presidente ha abierto la puerta a impulsar una “coalición de voluntarios en el ámbito digital” con países como España o Francia para articular respuestas comunes a escala comunitaria en materia de regulación de plataformas y protección de menores.