
La madrugada de este sábado 7 de febrero saltaba la noticia de tres agentes de la Policía Nacional que fueron agredidos en una intervención en un bar de Avilés, Asturias, y que se detuvieron a los cuatro presuntos autores del ataque. La polémica no se quedó ahí y desde el sindicato JUPOL denunciaron que los detenidos fueron puestos en libertad tan solo 24 horas después por decisión judicial, por lo que mostraron su más “profunda indignación”. Sin embargo, ahora han respondido desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, rebatiendo esta versión.
Fuentes judiciales han indicado que el juzgado de instrucción de Avilés no tuvo nada que ver en su puesta en libertad, ya que no les llegaron los atestados, solo los partes de lesiones de los afectados, por lo que no se pasó “a nadie a disposición judicial”. Esto significa que “los dejaron en libertad en comisaría”.
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Todavía no se conocen todos los datos de lo ocurrido este fin de semana, pero al parecer la intervención tuvo lugar en un local del barrio de Sabugo, en Avilés, cuando varias patrullas de la Policía Nacional acudieron a un aviso relacionado con una pelea nocturna. Durante esa actuación varios de los implicados en el altercado agredieron a los agentes que se encontraban intentando restablecer el orden, provocando lesiones que han obligado a tres de los policías a estar de baja laboral tras el suceso.
Desde el sindicato informaron de que los agentes resultaron heridos al mediar en una disputa que, según su relato, implicó “ataques directos” contra los policías mientras estos ejercían sus funciones. La gravedad de las lesiones no ha sido detallada de forma oficial, aunque el propio sindicato ha subrayado el impacto físico y emocional entre los agentes afectados.
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Una “grave erosión del principio de autoridad”
Tras el conocimiento de los hechos, desde JUPOL consideraron “absolutamente inaceptable que quienes atacan de forma directa a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones no afronten consecuencias inmediatas acordes con la gravedad de los hechos”. Por esta razón, pidieron un “endurecimiento legislativo inmediato que refuerce de manera efectiva la protección penal de los agentes de la autoridad y garantice penas proporcionales a la gravedad de estos delitos”.
En su comunicado, recogido por Europa Press, la organización advirtió de que estos hechos evidencian una “grave erosión del principio de autoridad” y que la rápida excarcelación de los detenidos “envía un mensaje de impunidad a la sociedad”, lo que, a juicio de JUPOL, “pone en riesgo tanto a los agentes como a la seguridad ciudadana en su conjunto”.
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El sindicato también insistió en que este tipo de incidentes no son aislados y atribuyó parte del problema a lo que considera insuficiencias en el marco legal vigente. En sus palabras, la normativa actual “no ofrece una respuesta firme, clara y disuasoria frente a las agresiones” sufridas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
JUPOL fue más allá de criticar el caso concreto de Avilés y lanzó un mensaje más general al Gobierno, reclamando que reconozca de forma efectiva la labor de la Policía Nacional con un “reconocimiento real y efectivo” que, según la organización, debe traducirse en “protección legal, respaldo político, medios adecuados y garantía de la dignidad profesional de los funcionarios”.
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