Cuando nadie evita el desahucio de un fondo buitre a una familia vulnerable con un menor con discapacidad en Barcelona: “Es un abuso”

Wendy Sosa llegó a España a finales de los 90 desde República Dominicana y lleva más de media vida viviendo de alquiler en el mismo piso en Barcelona, ubicado en la calle Concordia, en el barrio de Poble Sec, donde también residen su madre, su hermana y su sobrino, que tiene una discapacidad intelectual del 47%. Sin embargo, el futuro de esta familia podría cambiar radicalmente el próximo 17 de febrero, fecha en la que está previsto su desahucio tras la negativa de Vandor, la sociedad inmobiliaria del fondo británico Patron Capital que compró el edificio en 2022, a renovar el contrato. La empresa, denuncian, ya ha echado a varios vecinos y ha convertido esas casas en apartamentos turísticos, cobrando alquileres que rondan los 1.000 euros por habitación.

Sin una alternativa habitacional y con una situación económica precaria, la historia de esta familia refleja una realidad que se repite con frecuencia en España y que podría empeorar si finalmente no sale adelante el decreto del escudo social, que incluye la moratoria de la paralización de los desahucios a familias vulnerables. De hecho, desde el Sindicato de Inquilinas de Cataluña advierten que Vandor, propietario de 14 bloques en Barcelona y casi 200 pisos de alquiler, está demandando a muchos más vecinos tras la finalización de sus contratos para expulsarlos.

En el caso de Wendy, que tiene 50 años y trabaja como empleada de hogar, a pesar de haber acreditado la situación de vulnerabilidad que atraviesa la familia, el proceso de desahucio no se ha frenado. Cuenta a Infobae que, además, la abogada de oficio, con la que únicamente ha mantenido relación por correo electrónico, “no presentó el recurso a tiempo”, lo que le dejó sin opciones para ejercer su defensa.

“Vivo con mi madre, que tiene 82 años, mi hermana, de 54, y mi sobrino, un niño de 11 años que tiene una discapacidad intelectual del 47%. Mi hermana y yo trabajamos limpiando casas cuando nos llaman y mi madre cobra la pensión contributiva, la mínima. Con esta situación, quién nos va a querer alquilar, no tenemos opción de ir a ningún otro sitio”, cuenta Wendy a Infobae, que lamenta que Vandor ni siquiera ofrezca a los inquilinos la posibilidad de negociar una subida del alquiler, aunque en su caso reconoce que solo podría sumar unos 200 euros más a los 800 que ya paga al mes por su alquiler.

Teniendo en cuenta que Barcelona es la capital con los alquileres más caros del país, con un precio medio de 24 euros por metro cuadrado, la familia de Wendy no puede valorar otras opciones ni en otras zonas de la ciudad ni en los municipios cercanos, pues “los precios también son muy elevados y el mal funcionamiento del servicio ferroviario de Rodalies dificulta la movilidad”.

“No somos okupas ni gente problemática, llevo pagando este piso 26 años, mes a mes, y ahora tengo una orden de desahucio porque se le está dando prioridad a que un fondo buitre se haga rico con viviendas turísticas. Esto es un abuso”, lamenta.

“No existen reglas claras”

Desde el Sindicato de Inquilinas de Cataluña aclaran que lo que realmente hace vulnerable a esta familia “es el hecho de que vivir de alquiler no esté acompañado de medidas de protección para todos los inquilinos” y advierten que esta misma situación se repite en cientos de hogares en Barcelona, sin importar el nivel de precariedad. “Esto ocurre porque no existen reglas claras en el mercado del alquiler y porque las normas actuales favorecen un modelo en el que los fondos de inversión pueden maximizar sus beneficios con la vivienda mediante modalidades como los colivings, sin encontrar ningún tipo de límite", señalan fuentes de la organización.

A pesar de que el Parlamento de Cataluña aprobó en diciembre de 2025 una ley que regula los alquileres de temporada y por habitaciones, obligando a que el total de las rentas por habitaciones no supere el máximo del alquiler de la vivienda completa establecido por el índice de precios, el sindicato denuncia que ya se están detectando casos “en los que no se respeta esa regulación”.

La gentrificación se intensifica en Barcelona

La estrategia de no renovar contratos a inquilinos de larga estancia para sustituirlos por alquileres temporales, habitualmente dirigidos a estudiantes o turistas y con precios mucho más elevados, es habitual entre los fondos buitre que operan en España. Esta dinámica obliga a familias y vecinos a abandonar los barrios que llevan años habitando, por lo que el tejido social se fragmenta y el entorno se transforma en áreas de paso y consumo. De hecho, Poble Sec, cuenta Wendy, que “siempre fue un barrio obrero”, ha cambiado mucho en poco tiempo y “ahora las calles están llenas de turistas y de carteles en inglés”, por lo que ha ido perdiendo su esencia.

Desde que Vandor adquirió el edificio donde vive esta familia, el día a día para los inquilinos que aún residen en el bloque también es especialmente complicado, tanto por las obras de renovación como por “el ruido constante de los estudiantes y turistas” que se alojan en él. “Todos los días hay fiestas, no nos dejan descansar. Se escucha a gente correr todo el día de un lado a otro, en los pisos, en la escalera, y así es imposible dormir”, añade Wendy indignada, que nunca imaginó atravesar una situación así tras 28 años en España.

Escudo social pendiente de aprobación en el Congreso

El real decreto ley de escudo social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero -aunque se puso por primera vez en marcha en 2020 para que las familias vulnerables pudieran afrontar mejor el impacto de la pandemia- se aplicará en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles. Pero este año la norma del Ejecutivo excluye de las medidas antidesahucios a los propietarios que tengan una o dos viviendas y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad, limitaciones que han sido criticadas por las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda.

Estas entidades advierten que el nuevo decreto no resuelve la situación de las 60.000 familias vulnerables amenazadas por el desalojo sin alternativa habitacional y recuerdan que la moratoria vigente desde 2020 logró frenar uno de cada cuatro desalojos.

La aprobación de la prórroga del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2026 permanece en el aire, ya que Junts ha confirmado su rechazo al texto al considerar que perjudica a los pequeños propietarios. El decreto llegará al Congreso en tres semanas y su futuro depende de las negociaciones parlamentarias.